Un auténtico “boom” causó el anuncio de veinte “reformas constitucionales” que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero desde Palacio Nacional, coincidente con un aniversario más de nuestra Constitución Política.
Sin duda que el “paquete legislativo” contiene “grandes dosis de jiribilla política”, fiel a su estilo de “armar un escándalo” en torno a un tema, para distraer la atención de una ciudadanía que cada vez reflexiona sobre la importancia de su voto en un marco de libertad, y no de sujeción a un subsidio que conduce a la dependencia social y económica.
En plena campaña electoral de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, por el voto que lleve a una o uno de tres a la Presidencia de la República, y en el contexto de una elección que comprende a todos los diputados y senadores, Congresos de los Estados, 9 gobernadores y más de mil presidentes municipales y alcaldes, López Obrador se atreve a retar al Congreso y a los votantes, para que se incluyan veinte reformas a la Constitución “porque se le olvidó incluirlas” en cinco años y medio de gobierno.
Son varios elementos que sería necesario analizar en las “20 reformas constitucionales de tipo legal, de contenido social y emocionales”. En principio, son “una mezcolanza” de ideas que propone, muchas sin justificar. Para nada reflejan el valor económico que la candidata Sheinbaum está pagando al “ministro renunciante”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para “salir con un panfleto”, que no tiene pies ni cabeza… ni sentido común, porque varios planteamientos ya son constitucionales y otros sólo requieren un ‘decretazo’, como es consuetudinario en el mandatario.
Desde una perspectiva macro, las reformas propuestas tienen toda la intención de López Obrador de someter a su control al Poder Judicial de la Federación y que, ministros, jueces, magistrados, tengan que ser votados sus puestos en las urnas. En esta propuesta, se nota la malicia del “señor de palacio”.
En automático, pretende eliminar los contrapesos que son los organismos autónomos, dejando, por ejemplo, al INAI y al INE (cinco en total) “maniatados”, por ser instituciones de equilibrio entre las acciones de gobierno y la aplicación de la justicia, sobre todo en la toma de decisiones que, en su absoluta mayoría, estarían en manos del propio gobierno. De ser así, los mexicanos estaríamos “a un paso de la dictadura”, no se sabe si “porfiriana”, “hitleriana” o “callejera”.
Sobre el uso del agua para todos los usos, el futuro quedaría en manos de una racionalización del vital líquido entre los diferentes usuarios, mientras se avanza en ciencia y tecnología para aprovechamiento potable del agua de mares y océanos. Es un problema de muy altas inversiones de todos los sectores involucrados: Gobierno, Industria Nacional y población en general.
Sobre pensión a adultos mayores, becas a estudiantes de familias pobres, atención médica gratuita, etc., hay un gran avance por experiencia de gobiernos anteriores y leyes que protegen estas iniciativas. ¿Por qué se eliminó el Seguro Popular, que ofrecía servicios médicos gratuitos para 50 millones de mexicanos?
Ofrecer vivienda digna para los trabajadores mexicanos, sólo requeriría fortalecer presupuestos de Infonavit y Fovissste, o dar un ligero aumento a las pensiones ya establecidas del IMSS, ISSSTE y otros organismos que no requieren ser constitucionales.
La prohibición de maltrato a los animales –como serían corridas de toros, peleas de gallos y nada más—en un país como México, donde padece desnutrición del 50 por ciento de la población nacional, sería “pecado mortal” no consumir carnes de res, cerdo, pollo y guajolote. Sería asunto de buscar nuevas formas de sacrificio “sin maltrato de los animales”.
Tendríamos que adoptar nuevos métodos alimenticios, aparte de recorrer hacia el centro-norte de nuestra República el consumo del ahora famoso “chipilín”, casi exclusivo de los comensales e invitados de Palacio Nacional.
En el planteamiento de proscribir –se supone que el consumo—al maíz transgénico, y extracción de hidrocarburos vía “fracking”, no encontramos congruencia para su inclusión en nuestra Constitución. Pero podemos señalar que México importa de Estados Unidos millones de toneladas de maíz amarillo para alimentación animal, que es transgénico o también llamado “Organismo Genéticamente Modificado. Es decir, este alimento se utiliza para producir carne de res, cerdo y pollo en grandes cantidades, así como huevo de gallina y leche de vaca.
(De esto sabe mucho el actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula; es doctor en Biotecnología). Sería conveniente que los funcionarios de alto nivel, sobre todo especialistas reconocidos como el doctor Villalobos, explicaran ampliamente al Presidente de la República, previamente, para evitar barbaridades y aclarar todo lo que requiera una explicación.
Sobre aumento de salarios por arriba de la inflación, no amerita su inclusión en nuestra Carta Magna. Simplemente diálogo y concertación. Lo mismo podrá interpretarse con pensiones al 100 por ciento del último salario que perciba el trabajador a su jubilación. Lo importante de esto, está en la identificación de los recursos para el efecto y el compromiso de aportarlos. No caigamos en el recurso de que los principios constitucionales se conviertan en letra muerta.
La propuesta de pagos a jornaleros, precios de garantía a granos y distribución gratuita de fertilizantes, después de tantos años de estar vigentes algunas de estas medidas, deberían ser indiscutibles… Sólo se requiere estricta vigilancia de las autoridades federales, estatales y municipales.
Bueno, hay que ver que las mismas autoridades, incluido el presidente de la República, cuando las cosechas son abundantes, él mismo defiende a los compradores, y acusa que los productores son abusivos, que son grandes terratenientes, cuando debería hacerlo a favor de los productores. Hechos evidentes han ocurrido en Sinaloa y Sur de Sonora con la comercialización del maíz, nada menos que en la cosecha recién pasada.
La producción de alimentos deberá ser prioritaria en el próximo gobierno. Si la presidenta que siga hace caso de los malos consejos de López Obrador en sentido contrario, lo único que se espera es una hambruna de pronóstico. Por primera vez en cerca de 100 años,
Con relación a las concesiones de trenes de carga para uso de pasajeros, también, es de risa. De acuerdo con opiniones de expertos, los trenes de carga tardan, en viaje sencillo, en zonas del sureste, entre cinco y seis horas, por virtud de que corren a velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, mientras que, en transportes carreteros, el recorrido es de la mitad en horas.
La desaparición de legisladores plurinominales, 200 en total, “es lo mismo que escupir para arriba”. Si hubo un factor decisivo en la elección presidencial pasada, para que obtuviera control del Congreso, fue el motivo del triunfo de su partido, con mayoría relativa a la hora de la aprobación de leyes, reglamentos y otras decisiones legislativas.
Si hubiera posibilidad de calificar el contenido de esas supuestas 20 reformas a la Constitución Política de México, sin duda que sería para designarlas como “corazonadas” de un presidente angustiado por no haber cumplido las expectativas de gobernante con equilibrio de fuerzas políticas; que no supo conducir la política, la economía, el desarrollo nacional, por el sendero del progreso y, al final de su sexenio, optar por un “esquema de dictadura temprana”.
