El «Plan C», impulsado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha encendido alarmas sobre un posible retroceso democrático en México. De acuerdo con un análisis del Latin American Post, este plan, que busca desmantelar organismos autónomos y centralizar sus funciones bajo control federal, podría erosionar los mecanismos de control y equilibrio fundamentales para proteger los derechos de los ciudadanos, allanando el camino hacia un régimen autoritario.
El «Plan C», que ya ha sido aprobado en términos generales por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, propone la eliminación de instituciones clave como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre otros organismos reguladores de sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones.
Aunque el gobierno de López Obrador y su partido Morena sostienen que la centralización de funciones mejorará la eficiencia, los críticos señalan que esta medida es un intento calculado para concentrar poder y debilitar la independencia de instituciones vitales para la democracia mexicana.
Uno de los aspectos más preocupantes del plan es la reforma judicial propuesta, que pretende someter a votación popular a jueces, magistrados y ministros. Si bien esto podría parecer un paso democrático, en realidad podría llevar a la politización del poder judicial, comprometiendo su independencia y su capacidad de impartir justicia de manera imparcial.
Además, el plan propone la centralización de funciones de otros organismos autónomos, lo que, según el Latin American Post, podría abrir la puerta a una mayor influencia política en procesos regulatorios y evaluaciones de políticas públicas, comprometiendo la transparencia y la objetividad necesarias para un gobierno responsable.
El Latin American Post advierte que el «Plan C» es mucho más que una simple reestructuración burocrática: es un cambio fundamental en el equilibrio de poder en México, con posibles consecuencias devastadoras para su democracia. La concentración de poder en el ejecutivo, una característica clásica de los regímenes autoritarios, podría debilitar significativamente las normas democráticas y la capacidad del gobierno de rendir cuentas a sus ciudadanos.
En un momento crítico para la democracia mexicana, el artículo subraya la importancia de reconocer los peligros del «Plan C» y actuar para defender las instituciones independientes que han sido fundamentales para el progreso democrático en el país.
