Dicho y hecho: la reforma judicial se ha convertido en una distracción para la Presidenta en su primer año de gobierno.
Todavía ni siquiera estamos de lleno en el proceso electoral de la mitad de los juzgadores federales, con las enormes complicaciones que implica, cuando la mandataria está dedicando gran parte de su energía a defenderse.
Sí, defenderse de un Poder Judicial de la Federación agraviado y condenado a la decapitación. Un Poder Judicial de la Federación que ya no tiene nada que perder. La mitad de los juzgadores se irá el año que entra. La otra mitad en 2027. Y, además, este gobierno y el pasado se han dedicado a manchar su imagen, pintándolos como una bola de corruptos.
Los jueces saben que ya perdieron. Su muerte profesional es inminente. No les queda de otra más que molestar. Patalear rumbo al cadalso. Ensuciar la reforma judicial. Hacerle la vida de cuadritos a la nueva Presidenta que apoyó su defenestración.
Jueces federales emiten amparos en contra de la implementación de la reforma judicial. No importa si tienen o no facultades para hacerlo. En un sistema judicial funcional, le correspondería a la autoridad máxima jurisdiccional, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidir si proceden o no dichos amparos.
Pero el sistema judicial mexicano está herido de muerte. Al igual que los jueces y magistrados, los ministros de la Suprema Corte también están condenados al despido. Ni se diga lo ofendidos que se encuentran después de los insultos que les endilgó López Obrador con el apoyo tácito de Sheinbaum. Varios ministros tienen incentivos para sumarse a la estrategia de ensuciar la reforma judicial y distraer la atención de la nueva Presidenta.
Al Ejecutivo quizá le asiste la razón jurídica: no hay control judicial cuando se trata de reformas constitucionales. No procede el amparo. Pero esto no es un tema jurídico, sino político. Los juzgadores ya perdieron, pero, de aquí a que termine el partido, meterán duro la pierna para desesperar y distraer al ganador.
Y lo están logrando. Enojada, Claudia les responde. No con la gracia y contundencia de su predecesor porque así no es ella.
Es claro: la Presidenta no piensa acatar las resoluciones judiciales que considera improcedentes. Perfecto. El Ejecutivo desacatará al Judicial. Pésima imagen. Un ala del gobierno que no le hace caso a otra.
¿Con qué argumentos se les pedirá a los ciudadanos que acaten la resolución de un juez cuando la mismísima Presidenta no lo hizo?
Esto está causando una crisis constitucional. Tenemos a un Poder enfrentando contra otro Poder. Una autoridad que pide que se retire del Diario Oficial la reforma constitucional y otra autoridad negándose a hacerlo.
Se trata de un choque de Poderes sin que haya una instancia última que resuelva las diferencias porque la actual Suprema Corte es un zombi sin poder ni legitimidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede comenzar a organizar las elecciones de juzgadores para el año que entra porque ha recibido 140 notificaciones de amparos para suspender dichos comicios. El INE, como cualquier persona física o moral, está obligado a acatar las resoluciones judiciales. Ante la duda, esta institución le está solicitando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resuelva si puede o no comenzar con la organización de las elecciones.
Por su composición actual, las ventajas que le dejaron los legisladores a los magistrados del TEPJF con cláusulas de sobrevivencia y promesas de convertirlos en ministros de la Suprema Corte, este tribunal seguramente ordenará que continúen los trabajos del INE para organizar la elección. Y ahí vendrá un nuevo cúmulo de presiones para la nueva Presidenta.
¿Elecciones de juzgadores en siete meses en una Chiapas que está a punto de una guerra civil, según dicen los conocedores de ese estado?
¿Comicios de jueces, magistrados y ministros en una Sinaloa donde la gente no sale a las calles por el miedo que ha causado el enfrentamiento de las dos facciones del cártel de ese estado?
¿Qué decir de Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas o Colima?
¿No debería la Presidenta estar ocupada en resolver el gran pendiente de la inseguridad en lugar de dedicarle tiempo y esfuerzo a responderle a unos jueces que se rehúsan a ser despedidos sin dar algún tipo de lucha?
¿O a pulir el paquete económico del gobierno para 2025, que será fundamental para determinar la confianza de los mercados en nuestro país?
Dicho y hecho: la reforma judicial está succionando parte de la energía del gobierno en su primer año. Se equivocó el que pensó que no tendría costos el apoderarse a la mala del Poder Judicial.
X: @leozuckermann
