Hemos señalado que la nueva administración federal, que es heredera y continuadora, entre otros, de la política social implementada por el pasado gobierno, tendrá el reto de mantener y acrecentar el legado que los mantuvo en la presidencia y a la vez equilibrar las deterioradas finanzas públicas que les dejaron. De entrada, reducir el déficit y la deuda, pero más importante: no dejar a las futuras administraciones a su suerte, sin recursos suficientes para seguir operando. El financiamiento de políticas de desarrollo social a través de deuda y déficit públicos es una sentencia de debilitamiento económico y de pauperización de la economía al futuro; es entrar en un círculo perverso. Mirar sólo el corto plazo o con la simpleza de fines electorales y políticos como se hizo el 2024, sólo llevó al incremento del gasto en 8.2 por ciento en términos reales, el mayor aumento anual en todo el sexenio.
Entre 2018 y 2024 el gasto público pasó de 5.6 a 9.1 billones de pesos, un incremento del 22.3 por ciento en términos reales. El resultado de ello no podía ser otro que un aumento del déficit público, el cual pasó de 474 mil millones de pesos a 1.66 billones, un aumento de 162 por ciento en términos reales, duplicando su proporción del PIB de 2.1 a 4.9 por ciento.
Ciertamente no es nada extraño que los gobiernos de países de ingresos bajos a medios recurren al financiamiento mediante deuda para implementar políticas de desarrollo social, máxime en regímenes populistas como el que tenemos. Entre 2018 y 2024, el Saldo Histórico de los Requerimientos
Financieros del Sector Público (concepto más amplio de deuda) pasó de 10.5 a 17.4 billones de pesos. Esto significa, en términos del PIB, pasar del 43.6 por ciento al 51.4 por ciento.
Cabe resaltar que para 2025 el gobierno autorizó elevar este monto a 18.6 billones, aduciendo que con el crecimiento esperado de 2.5 por ciento real en el PIB, el mayor endeudamiento permanecerá estable en relación con el producto; sin duda se tendrá que reconsiderar este argumento. Resalta de igual forma que el incremento en la deuda sea equivalente al costo financiero de la misma, estimado en 1.4 billones, lo que implica pagar deuda con deuda.
El mayor endeudamiento del 2025 es equi valente al incremento en el gasto en programas sociales que será de 1.1 billones; es decir, el país contrata deuda para un uso no productivo, que no generará recaudación, recursos adicionales ni proyectos productivos. Ello no es más que una inadecuada práctica que conlleva un debilitamiento sistemático de la economía.
Es necesario que el endeudamiento se gestione adecuadamente y se utilice dentro de un marco estratégico que le dé sostenibilidad en el tiempo. Abusar de este recurso puede llevarlo a niveles insostenibles, porque afectará el ya de por sí deteriorado crecimiento económico y en última instancia termina perjudicando a quien se ha querido beneficiar, especialmente a los grupos de población vulnerables y de menores recursos.
Se requiere un manejo responsable y serio de la problemática que presentan las finanzas públicas. Si bien se tiene como objetivo reducir el déficit con ahorros y mayores ingresos tributarios, habrá que valorar los criterios y supuestos bajos los cuales se hicieron estos planteamientos, especialmente la ausencia de una reforma fiscal integral. Patear el balón tampoco debe ser un recurso válido.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
