En México, la conversación sobre la disminución de la jornada laboral ha ganado terreno en los últimos años, reflejando una creciente conciencia sobre el bienestar de los trabajadores y la urgencia de modernizar las leyes laborales del país.
La Constitución mexicana actualmente establece un límite de 48 horas semanales de trabajo. Sin embargo, una propuesta legislativa que ha enfrentado múltiples aplazamientos busca modificar este esquema, proponiendo una reducción a 40 horas sin que esto implique una disminución salarial. Esta iniciativa, impulsada principalmente por legisladores de la Cámara de Diputados y que resonó en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, ha generado un intenso debate entre empresarios, sindicatos y expertos laborales, quienes sopesan sus implicaciones, ventajas y desafíos. La reforma no solo plantea un ajuste legal, sino un cambio de mentalidad hacia una mejor armonía entre la vida personal y profesional, en sintonía con estándares internacionales y experiencias exitosas en otras naciones.
Es crucial analizar esta propuesta desde todas las perspectivas involucradas. Mientras que sindicatos, organizaciones laborales y especialistas en derechos humanos la consideran un paso fundamental para dignificar el trabajo en México, el sector empresarial ha expresado inquietudes sobre sus posibles efectos económicos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Además, esta propuesta surge en un momento trascendental para el país, marcado por transformaciones en el mundo laboral, la irrupción tecnológica, la automatización de procesos y una creciente valoración del bienestar integral del capital humano.
Pero, ¿cuál es el estado actual de esta iniciativa? ¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo en el Congreso? ¿En qué punto preciso se encuentra todo este asunto? Revisemos los acontecimientos más recientes.
Jornada laboral de 40 horas en México
Es importante señalar que este debate no es reciente en absoluto. En México, el proceso legislativo para reducir la jornada laboral ha estado sobre la mesa desde 2022. De hecho, en abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que, sin embargo, se vio frenado y tuvo que retroceder ante la preocupación de ciertos sectores empresariales. En este punto ha permanecido en una especie de limbo desde entonces.
Con el inicio del nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, se presentó una nueva propuesta de reforma constitucional, sumando un total de cinco proyectos con el mismo objetivo, impulsados por legisladores de diversas bancadas.
Si bien todos los proyectos comparten la meta de reducir la jornada laboral, sus enfoques varían en aspectos clave como la fecha de entrada en vigor, el plazo para que el Congreso ajuste las leyes secundarias, la implementación diferenciada según el tamaño de las empresas, la posibilidad de un programa piloto y la creación de mesas de trabajo.
Es fundamental considerar el cómo y cuándo se implementaría esta reforma constitucional, pero, en términos generales, el objetivo principal es el mismo: modificar el artículo 123 de la Constitución mexicana (y las leyes secundarias correspondientes) para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Antes de que concluyera 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó la realización de mesas de trabajo con representantes empresariales, trabajadores y especialistas para alcanzar acuerdos y definir las condiciones necesarias para lograr este objetivo. Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) también confirmaron estos foros. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado fechas concretas para su realización.
La única información disponible proviene de declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien afirmó al inicio del actual periodo de sesiones (febrero de 2025) que la iniciativa podría discutirse a lo largo de 2025, pero que su aplicación deberá ser gradual.
Las recomendaciones internacionales para la reducción de la jornada laboral
Desde hace más de 60 años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha promovido recomendaciones para que los países modifiquen sus políticas públicas y avancen gradualmente hacia la disminución del límite legal de horas de trabajo.
La Recomendación 116, por ejemplo, señala las consideraciones esenciales para alcanzar este objetivo:
- Implementación progresiva y sin reducción salarial.
- Consideración de las particularidades de cada país y sector.
- Aplicación gradual según el sector de actividad.
- Prioridad a las industrias o actividades con un esfuerzo físico o mental significativo.
- Definición por la autoridad de cada país de las circunstancias y límites para autorizar excepciones.
- Posibilidad de implementar los cambios a través del Congreso, reglamentos o contratos.
Tanto esta recomendación como el Convenio 47 de la OIT establecen las 40 horas laborales semanales como la meta ideal.
Un ejemplo reciente de reducción de la jornada laboral semanal es Colombia. El 15 de julio de 2025, el país sudamericano iniciará el proceso de reducción de la jornada, en cumplimiento de la Ley 2101 de 2021. Esta ley establece un proceso que comenzó en 2023 y culminará en 2026, cuando la jornada pasará de 48 a 42 horas. Para este 2025, la reducción será a 44 horas semanales, sin afectar el salario ni los beneficios de los empleados, siguiendo este esquema progresivo:
2023: Reducción de 48 a 47 horas.
2024: Reducción de 47 a 46 horas.
15 de julio de 2025: Reducción de 46 a 44 horas.
2026: Jornada final de 42 horas semanales.
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¿Qué factores deben considerarse para implementar esta reforma?
La propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México representa una transformación profunda en la estructura del empleo formal. Sin embargo, para que esta reforma no solo se apruebe, sino que también se implemente con éxito, los legisladores deben considerar una serie de factores técnicos, sociales y económicos que garanticen su viabilidad en todos los niveles del tejido productivo del país.
Uno de los aspectos más cruciales es el periodo de implementación. Una transición gradual permitiría a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), adaptarse de manera progresiva a la nueva dinámica laboral. Un esquema escalonado, por ejemplo, reduciendo una hora laboral cada cierto tiempo hasta alcanzar las 40 horas, podría ofrecer un margen de ajuste razonable, sin alterar drásticamente la operación ni la productividad de las organizaciones.
Además, sería valioso establecer un programa piloto o fase de prueba en sectores estratégicos o regiones representativas. Esto facilitaría la identificación de los principales desafíos, el ajuste de políticas internas, el monitoreo del impacto real en la productividad y la evaluación de los beneficios en términos de bienestar y rendimiento de los trabajadores. Este enfoque basado en evidencia fortalecería los argumentos a favor de la reforma y proporcionaría mejores herramientas para su generalización.
También se deben considerar medidas diferenciadas para las MiPyMEs, que constituyen una parte importante del total de empresas en México y generan una proporción significativa del empleo formal. Estas organizaciones, que a menudo operan con recursos limitados, podrían necesitar apoyos fiscales, capacitación, incentivos o asesoría técnica para reorganizar turnos, contratar personal adicional si fuera necesario y mantener su competitividad. La flexibilidad normativa, combinada con una política pública de acompañamiento, sería esencial para evitar impactos negativos en este sector clave.
Otra dimensión importante es el impacto en sectores con horarios atípicos o alta carga operativa, como la manufactura, el transporte, el comercio y los servicios de atención continua. En estos casos, será necesario revisar convenios colectivos, analizar esquemas de rotación, redistribuir tareas y fomentar la productividad a través de la tecnología y la innovación organizacional.
Asimismo, se requiere una actualización de los marcos regulatorios complementarios, como la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, así como la creación de lineamientos claros para la inspección y vigilancia de las nuevas condiciones laborales. Esto incluye el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los mecanismos de resolución de conflictos laborales.
Finalmente, es fundamental fomentar una cultura empresarial centrada en el bienestar del trabajador, que comprenda la reducción de la jornada laboral no como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar el clima organizacional, disminuir el ausentismo, aumentar la retención del talento y elevar el compromiso de los colaboradores.
Países con jornadas laborales más cortas y más largas en el mundo: ¿Dónde se ubica México?
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México, Costa Rica y Corea del Sur lideran la lista de los países con más horas trabajadas. En contraste, Alemania, Dinamarca y Noruega registran la menor cantidad de horas.
Hasta 2017, por ejemplo, los empleados en Alemania trabajaron un promedio de 1356 horas al año, aproximadamente 900 horas menos que sus contrapartes en México. Esto se compara con el promedio de la OCDE de 1744 horas, el de Estados Unidos con 1780 y el de Japón con 1710.
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Este gráfico se obtiene del total de horas trabajadas al año dividido entre el promedio de personas empleadas. También incluye las horas de trabajo regulares de los trabajadores a tiempo completo, parcial y de medio tiempo, las horas extras remuneradas y no remuneradas, y las horas trabajadas en empleos adicionales.
