Un poder judicial con integridad y profesionalismo es un requisito indispensable para el funcionamiento de un Estado de Derecho. Este principio sólo se alcanza si quienes integran el poder judicial demuestran, a su vez, ser íntegros y profesionales, algo que lamentablemente no garantiza el tipo de elección que se llevará a cabo este 1° de junio.
Las discusiones sobre la elección de jueces y el mecanismo implementado, si bien han sido relevantes, no han arrojado luz sobre las posibles ventajas de recurrir al voto popular. Tampoco han sido esclarecedoras desde una perspectiva económica y funcional, especialmente considerando que, como se prevé, la participación ciudadana será escasa. Aún aplicando diversos mecanismos para incentivar la asistencia a las urnas, la estimación más optimista apunta a una participación del 20 por ciento del padrón.
En este contexto, ofrecer una evaluación de los costos y beneficios de un proceso que sin duda es histórico, permite correlacionar su viabilidad con la intención de que continúe de manera regular, como sucede con las elecciones de cargos legislativos y ejecutivos, tanto a nivel nacional como local.
A nivel federal, se elegirán un total de 881 cargos judiciales, cantidad que representa aproximadamente la mitad de los puestos del Poder Judicial de la Federación (PJF). La otra mitad se someterá a votación en 2027, según lo establecido en las reformas legales, lo que implicará organizar nuevamente el proceso y destinar recursos presupuestales ese año. Adicionalmente, en 19 entidades federativas habrá elecciones estatales, en las que estarán en disputa casi dos mil cargos judiciales.
Cabe señalar que el presupuesto final del INE para 2025, aprobado en el PEF, es de 19,103 millones de pesos, monto que significó una reducción de 8,855 millones respecto a lo originalmente solicitado, que incluía el proceso electoral del Poder Judicial. Esto obligó al organismo a ajustarse materialmente a lo disponible, lo que condujo a medidas drásticas, como la reducción de casillas. Los recursos destinados por el INE para la elección ascienden a 6,219 millones de pesos; aunque se solicitaron ampliaciones, el gobierno federal alegó no contar con más recursos. Ciertamente, lo limitado de los fondos no contribuye a una organización eficiente, transparente e incuestionable, como se requiere.
Es relevante mencionar que al no destinarse presupuesto para las campañas ni permitirse el acceso a financiamiento proceso, al vincular a jueces con partidos o intereses económicos, lo que pone en duda su imparcialidad. La popularidad no es garantía de competencia técnica, profesionalismo e integridad en la impartición de justicia, lo que puede debilitar al sistema en su conjunto.
Más allá de los costos financieros que implica la organización del proceso — campañas, recursos humanos y tecnológicos, fiscalización y solución de controversias—, los costos económicos de la reestructuración de un nuevo poder judicial cobran mayor relevancia.
El primer costo es la desaparición del sistema de carrera judicial, que, si bien enfrenta críticas por falta de transparencia y privado, estas han tenido que ser financiadas por los propios candidatos, lo que ha generado desigualdades. Por ejemplo, cada candidato a juez o magistrado federal tuvo un tope de gastos personales de aproximadamente 220 mil pesos, pagados de su propio bolsillo, situación que generó barreras de entrada para aspirantes con recursos limitados.
El hecho de que los candidatos a juzgadores deban hacer campaña, como lo hacen los aspirantes a cargos de elección popular, conlleva el riesgo de politizar el por prácticas como el nepotismo y el conflicto de intereses, es sin duda uno de los mecanismos que mejor puede garantizar el profesionalismo de los juzgadores, particular mente en juzgados especializados, como los de competencia económica, que requieren conocimientos amplios y profundos sobre el tema.
Un Estado de Derecho sólido descansa en un sistema de justicia eficiente y confiable. La seguridad jurídica fomenta el desarrollo económico al atraer inversiones productivas.
Lamentablemente, el proceso electoral implementado no garantiza la confiabilidad requerida. En este contexto es previsible que se incrementen significativamente los costos de transacción, como las primas de los seguros legales.
Alegar que la elección directa de jueces amplía la democracia es un buen discurso político, pero al dimensionar los elevados costos económicos y financieros que implica, y especialmente los riesgos de una sustancial pérdida de independencia y profesionalismo judicial, se ponen en entredicho los posibles beneficios de este modelo.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
