Analistas advierten que esta medida podría desestabilizar sectores económicos clave y generar un impacto económico significativo.
De acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), la fuerza laboral de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos está concentrada en 12 estados norteamericanos.
Estos estados, en 2024, dieron empleo a un promedio de 6,018,838 trabajadores mexicanos inmigrantes, equivalentes al 80 por ciento.
California se posiciona como el principal destino, albergando a dos millones 347 mil 698 trabajadores inmigrantes mexicanos, lo que representa 31.1% del total nacional. Le sigue Texas con un millón 489 mil 526 trabajadores, equivalente a 19.7 por ciento.
En conjunto, estos dos estados concentran uno de cada dos trabajadores mexicanos inmigrantes en EU.
Sectores clave
El más reciente análisis de Cemla sobre remesas indica que en California, por ejemplo, la agricultura y la construcción muestran una alta dependencia de esta mano de obra dado que uno de cada 1.8 trabajadores agrícolas masculinos y uno de cada 3.2 en la industria de la construcción son inmigrantes mexicanos.
Además, una de cada 2.7 mujeres ocupadas en los servicios en hogares es mexicana inmigrante.
Situación similar se vive en Texas, donde uno de cada 3.3 trabajadores masculinos de la construcción es inmigrante mexicano, y una de cada 3.6 mujeres en servicios en hogares también lo es.
Otros estados como Illinois, Arizona, Washington, Georgia, Florida y Colorado también muestran una alta dependencia en sectores como la agricultura, la construcción, la manufactura, y los servicios de alimentación y hospedaje.
De tal manera que una reducción abrupta de esta fuerza laboral podría provocar escasez de mano de obra, incrementos en los costos de producción y, en consecuencia, un aumento en los precios al consumidor.
Sectores como el agrícola, que ya enfrentan desafíos climáticos y laborales, serían particularmente vulnerables a interrupciones en su cadena de suministro y operación.
Expertos económicos advierten que la implementación de políticas de deportación masiva no sólo tendría un costo humanitario y social, sino que también desataría una recesión en las economías estatales más dependientes de esta mano de obra, afectando la producción, el consumo y la inversión en la región.
La incertidumbre política en torno a estas medidas ya genera preocupación entre los empresarios y los mismos trabajadores, quienes son un pilar fundamental en la prosperidad de estas entidades.
