La censura en México ya no es solo un asunto de periodistas. En los últimos meses, una serie de reformas legales y decisiones judiciales han encendido las alertas entre organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes. Esta situación, no se limita a la prensa, afecta cada vez más a quienes se atreven a opinar o criticar en redes sociales, lo que vuelve la libertad de expresión un terreno minado para todos.
Un clima de sanciones y denuncias
El caso de Karla Estrella, una ciudadana de Hermosillo, Sonora, es emblemático. Por un tuit donde criticó la influencia de un diputado en la candidatura de su esposa, Estrella fue sancionada con multa en efectivo, disculpas públicas durante 30 días, un curso de género y la inscripción en el Registro de Personas Sancionadas del INE por 18 meses. Todo esto bajo la acusación de “violencia política de género”, aunque su comentario no contenía insultos ni expresiones sexistas, sino una crítica común sobre el nepotismo.
No se debe olvidar el caso del abogado Carlos Velázquez de León tuvo que ofrecer una disculpa pública a Gerardo Fernandez Noroña luego que denunciara agresiones verbales por cuestionar su actuación como presidente de la Cámara.
También esta el caso de Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C quien enfrenta una denuncia de Luis Castañeda (candidato a juez laboral en CdMx) ante el INE por “violencia política”. La denuncia fue hecha tras la publicación de una investigación de Meza sobre al menos 36 denuncias de mujeres acosadas y amenazadas por Castañeda y el fallecimiento de un motociclista al que atropelló.
Este no es un hecho aislado. Hay una lista creciente de periodistas y usuarios de redes sociales sancionados o demandados desde el 2018, la mayoría por figuras vinculadas al partido oficialista. El periodista Jorge González fue inhabilitado y vinculado a proceso en Campeche por supuesta “incitación al odio” tras exigir rendición de cuentas. Otros, como Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo, han enfrentado denuncias por violencia política de género y calumnias, muchas veces por investigaciones o columnas sobre corrupción y nepotismo.
Hay que recordar que la censura no es solo la política, sino también la delincuencial, muchos han sido asesinados sin esclarecer ni el motivo ni encontrar a los culpables como en el caso de los periodistas en Tijuana Lourdes Maldonado y Margarito Martínez o han sido violentados de forma verbal o física.
Entre otros periodistas que han sido obligados a dejar sus espacios son Ricardo Alemán, Carlos Marín, Javier Solorzano, Sergio Sarmiento, Pablo Hiriart, Azucena Uresti.
Nuevas leyes, viejos riesgos
El Congreso de Puebla aprobó en junio una reforma a la Ley de Ciberseguridad, conocida como “Ley Mordaza” o “Ley Censura”. Esta norma castiga el “ciberasedio” —definido de manera ambigua como insultar, injuriar u ofender en redes sociales— con hasta tres años de cárcel. Aunque se argumenta que la ley busca combatir el acoso y los fraudes digitales, organizaciones como Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistas advierten que su redacción abre la puerta al abuso: cualquier funcionario que se sienta “vejado” por una crítica, meme o comentario podría iniciar acciones penales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha advertido que la ley contiene ambigüedades que pueden derivar en restricciones indebidas a la libertad de expresión, y ha pedido una revisión urgente para evitar el uso del derecho penal como herramienta de censura.
La nueva Ley de Telecomunicaciones también ha causado manifestaciones de diversas organizaciones y se le ha llamado Ley Censura, ya que se busca silenciar tanto a reporteros como a activistas o ciudadanos que critiquen al regimen.
La instrumentalización de la violencia política de género
Un dato preocupante: en 2024, el 28.5% de los procesos abiertos contra periodistas han utilizado como pretexto la violencia política de género. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, señala que figuras legítimas como la de violencia por razón de género, ganadas por la lucha de las mujeres, están siendo usadas para censurar a la prensa y a la ciudadanía. El riesgo es que se desvirtúe una causa justa y se convierta en un arma para silenciar la crítica incómoda.
Todos estamos en riesgo
El patrón es claro: la censura ya no distingue entre periodistas y ciudadanos. Cualquier persona que cuestione a una figura pública, comparta una opinión polémica o incluso haga un comentario irónico en redes puede ser sancionada. El caso de la actriz Laisha Wilkins, demandada por responder con humor a una noticia sobre una candidata judicial, lo ilustra con claridad.
La tendencia no se limita a Puebla o Campeche. En estados como Aguascalientes y Michoacán, reformas recientes también han criminalizado expresiones artísticas o críticas bajo argumentos como la “apología del delito”, afectando incluso a músicos y creadores de contenido.
Un panorama preocupante
El avance de estas leyes y sanciones revela una estrategia sistemática para criminalizar la crítica pública y convertir las normas penales y electorales en barreras contra la opinión ciudadana. El Poder Judicial, lejos de ser un contrapeso, ha avalado muchas de estas medidas. Las comisiones de derechos humanos, incluida la CNDH, han sido señaladas por su falta de firmeza ante estos embate.
En palabras de defensores y periodistas, México vive una deriva autoritaria bajo el disfraz de la legalidad. La censura ya no necesita dictaduras: basta con leyes ambiguas, jueces complacientes y un aparato judicial dispuesto a castigar la disidencia. El resultado es un ambiente donde el debate democrático se inhibe y la libertad de expresión se vuelve un riesgo cotidiano para todos.
Fuentes consultadas:
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Artículo 19, Red Puebla de Periodistas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, reportes sobre casos recientes y reformas legislativas.
