En Los Ángeles, una ciudad construida con los sueños de los inmigrantes, la nueva ofensiva de la Administración Trump se perfila como un sombrío anticipo de lo que podría suceder pronto en todo el país.
La imagen inquietante de agentes enmascarados, en vehículos sin identificación, deteniendo a hombres y mujeres en sus hogares, escuelas, lugares de trabajo y en cualquier calle de la ciudad, se ha vuelto demasiado común.
Sus tácticas, sin mostrar placas, sin dar advertencias, sin hacer preguntas, nos obligan a preguntarnos: ¿Sigue siendo esto una democracia?
Tres casos: Cynthia, Donna y Kilmar
Cynthia Olivera, una canadiense de 45 años que vive en EE.UU. desde los 10, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su entrevista para la residencia permanente en Chatsworth, California, el pasado 13 de junio. A pesar de no tener antecedentes penales, de tener un permiso de trabajo vigente y de ser madre de tres hijos nacidos en este país, fue trasladada a un centro de detención en El Paso y hoy enfrenta la deportación simplemente por haber reingresado al país hace décadas.
Un caso similar es el de Mandonna “Donna” Kashanian, que vivió 47 años en EE.UU. tras llegar con una visa de estudiante en 1978. Fue arrestada por ICE el 22 de junio, en el jardín de su casa en Nueva Orleans. A sus 64 años, sin antecedentes penales y con una vida dedicada a la comunidad y la familia, fue enviada a Basile, Luisiana. Su familia enfrenta ahora la falta de asistencia legal y la pérdida de documentos esenciales.
También está el caso de Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland deportado a El Salvador, donde denunció que fue sometido a tortura en la prisión de máxima seguridad CECOT. Luego fue devuelto a EE.UU. y acusado de “contrabando de personas” en un proceso legal dudoso, sin garantías ni evidencia clara que aún está en las cortes.
Violación de derechos constitucionales
Estas tragedias personales reflejan un abuso sistémico en Los Ángeles: agentes enmascarados han allanado mercados, lavaderos de autos, paradas de buses e incluso iglesias, llevando por la fuerza a residentes en camionetas sin identificación, muchas veces sin órdenes judiciales ni explicaciones.
Una demanda colectiva denuncia que estas redadas violan abiertamente la Constitución: operaciones de estilo militar que no respetan los derechos establecidos en la Cuarta y la Quinta Enmienda.
Ya no son solo los inmigrantes indocumentados quienes temen. Ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos en Los Ángeles: víctimas del perfil racial, fueron arrestados, golpeados, interrogados sobre sus lugares de nacimiento y liberados solo cuando lograron demostrar su ciudadanía,
Y siempre están presentes los agentes enmascarados percibidos como una amenaza incluso por exfuncionarios de seguridad. Hasta un exagente del FBI, Mike German, advirtió que las máscaras nos alejan de los controles que toda democracia requiere.
Los Ángeles se ha convertido en un laboratorio de lo que vendrá. Lo que ocurre en las calles angelinas no se queda allí. Probablemente se expandirá. Por eso la pregunta es urgente: ¿Tienen derecho agentes armados, sin identificación y en autos sin placas, a actuar sin brindar información ni justificar sus actos? ¿Es esto compatible con el debido proceso garantizado por la Constitución Nacional?
La democracia se basa en la rendición de cuentas. La Constitución garantiza identidad, derechos y justicia, incluso para los no ciudadanos. Pero la realidad diaria en Los Ángeles es una de miedo, confusión y familias desgarradas.
Ante tanta incertidumbre, muchas familias inmigrantes están actualizando documentos que les garantice mantener control de sus propiedades, otros están firmando papeles de tutela para sus hijos. Todos preparándose para lo peor, para el caso de desaparecer repentinamente.
¿Criminales u honestos trabajadores?
Esto no se trata de criminales escapando de la justicia. Es la historia de hombres y mujeres, que hace décadas que viven en EE.UU., que trabajan en los campos recogiendo fresas, lavan nuestros autos, limpian nuestras casas, cortan nuestra grama, establecen pequeños negocios de alimentos, de servicios, y que ahora son perseguidos por una política antiinmigrante hambrienta de números. Más específicamente, una política que requiere una cuota de 3,000 arrestos diarios. Una meta que los hombres enmascarados deben cumplir, sin importar el contexto humano.
Esto ya no es una cuestión de seguridad fronteriza. Nada que ver con la seguridad nacional. Es la transformación de un Estados Unidos de los ideales democráticos de la Revolución Americana y de la flamante llama de la Estatua de Libertad, en un país guiado por la fuerza y el miedo.
Y vuelvo a preguntar: ¿Sigue siendo esto una democracia cuando arrestan a madres en sus entrevistas de residencia? ¿Cuando líderes comunitarios son detenidos en sus propios hogares? ¿Cuando el Estado decide que el debido proceso es opcional, dependiendo del color de piel o del país de origen?
Los Ángeles parece ser el primer capítulo de una historia de opresión. La ciudad está bajo el control de fuerzas de seguridad impuestas por la Administración Trump, a pesar de la oposición de la alcaldesa y el gobernador que las caracterizan como innecesarias y provocativas. ¿Habrá una respuesta masiva, pacífica, al mejor estilo del Movimiento de Derechos Civiles de los sesenta, antes de que las fuerzas de la intolerancia destruyan las instituciones democráticas y la nación se transforme en una geografía orwelliana de represión y miedo?
