En lo que va de 2025, el desempeño del mercado laboral en México ha estado emitiendo señales preocupantes. Aun cuando según ha reportado el INEGI, la tasa de desocupación nacional se ha mantenido sorprendentemente baja —2.7 por ciento en mayo— el empleo formal, particularmente el registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), da visos de estar entrando a una situación de severo estancamiento particularmente en el segundo trimestre.
De enero a junio de este año, se crearon 97,420 nuevos puestos de trabajo formales cuando en el mismo período de 2024, se habían registrado 402,703 empleos la generación más débil en varios años (exceptuando el 2020 año de la pandemia). Cabe señalar que los últimos tres meses los registros han sido negativos acumulando una pérdida de 135,537 puestos.
Este fenómeno es especialmente preocupante porque ocurre en combinación con un débil crecimiento del PIB de 0.8 por ciento en el 1T de 2025 (con expectativas al cierre del año que no superan este resultado), y de un reavivamiento de la inflación general que no ha alcanzado a ser controlada de manera suficiente. La realidad es compleja: el empleo formal no se está expandiendo y la informalidad se consolida como la alternativa dominante para millones de trabajadores.
La informalidad laboral alcanzó en mayo de 2025 el 54.9 por ciento de la población ocupada, lo que representa más de 32.9 millones de personas. Este fenómeno no sólo implica precariedad salarial y ausencia de prestaciones, sino que también debilita las finanzas públicas al reducir la base de cotización al IMSS y mermar la recaudación fiscal y las contribuciones para la seguridad social y la vivienda. Cabe señalar que el número de registros patronales ante el Seguro Social ha disminuido en 2.5 por ciento en el último año, otro síntoma del deterioro estructural del empleo formal.
Las causas del estancamiento en la creación de empleo formal son múltiples y de naturaleza tanto interna como externa. En el plano doméstico, destaca la baja inversión privada, provocada en parte por la incertidumbre regulatoria, los costos crecientes de cumplimiento normativo y un entorno político que genera dudas sobre la permanencia de reglas claras, lo que ha impedido que la relocalización se materialice de manera clara a la vez que complica a las MIPyMEs formalizar nuevas contrataciones. A ello se suma la limitada capacidad del gasto público para impulsar sectores intensivos en mano de obra, debido a restricciones que la consolidación fiscal impone y las prioridades políticas enfocadas en programas sociales clientelares.
Los riesgos que acentúa esta tendencia son profundos. Por un lado, el debilitamiento del empleo formal compromete la sostenibilidad del sistema de seguridad social, en un país donde el bono demográfico está cerca de agotarse, el sistema de pensiones está comprometido y no se cuenta con recursos suficientes para dar le viabilidad. Por otro lado, alimenta la desigualdad regional: mientras entidades del centro-norte logran sostener niveles moderados de formalidad, estados como Oaxaca y Guerrero enfrentan tasas de informalidad superiores al 75 por ciento, perpetuando condiciones de pobreza estructural especialmente la que no depende de subsidios.
Se genera un círculo perverso ya que la baja creación de empleo formal limita el crecimiento del mercado interno. Con menor ingreso disponible y menor poder adquisitivo, el consumo privado se debilita, arrastrando consigo al producto interno.
Revertir esta situación requiere una estrategia nacional de recuperación del empleo formal. En primer lugar, es urgente fomentar la inversión privada mediante certeza jurídica, mejora del entorno regulatorio y apoyo directo a las MIPyMEs. Políticas fiscales que reduzcan el costo de la formalización también podrían incentivar nuevas contrataciones.
En el mismo contexto, es fundamental reactivar los sectores económicos especialmente los que generan más empleo. Hacer realidad las oportunidades del nearshoring, fortaleciendo cadenas de valor locales y desarrollo de proveedores. Hemos apuntado que el Plan México tiene buenos propósitos, pero debe ponerse en práctica a cabalidad, lo más pronto posible.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
