La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), publicada recientemente por el INEGI en su edición 2024, ofrece una imagen preliminar del panorama socioeconómico de los hogares mexicanos. Sus resultados son comparables con ejercicios anteriores y permiten trazar tendencias significativas.
A primera vista, los datos parecen alentadores: el ingreso promedio de los hogares ha aumentado y los deciles más bajos muestran avances importantes. Sin embargo, un análisis más detallado de la composición del ingreso revela una tendencia preocupante: el creciente peso de las transferencias —tanto públicas (programas sociales) como privadas (remesas)— como fuente de ingreso, lo que podría reflejar una mayor dependencia respecto de recursos no laborales, si bien estos aún se mantienen detrás del ingreso por trabajo, toman mayor relevancia.
Plantea pues un círculo perverso, las transferencias y remesas son poco productivas ya que no generan crecimiento ni empleos de manera expansiva, lo que solo empobrece a las familias y, por tanto, genera la necesidad de mayor monto de apoyos sociales.
Este fenómeno se da en un contexto institucional profundamente transformado. La desaparición del CONEVAL —organismo autónomo encargado de evaluar la política social— deja al gobierno federal en la inédita posición de ser, en cierta forma, juez y parte en la medición de la pobreza y de los resultados de sus propios programas. Si bien el INEGI conserva autonomía técnica y de gestión, no goza de independencia presupuestaria, lo que subraya la fragilidad del entorno.
De acuerdo con los resultados preliminares de la ENIGH 2024, el ingreso corriente total promedio por hogar creció 10.62 por ciento en términos reales respecto de 2022. Este aumento se observa en todos los deciles, pero destaca en los primeros tres, con incrementos reales de 13.33 por ciento, 14.20 por ciento y 14.18 por ciento, respectivamente.
No obstante, al comparar con el período previo, el contraste es notable. Entre 2020 y 2022, y considerando la actualización metodológica aplicada, el ingreso promedio por hogar aumentó 11.03 por ciento real (a precios de 2024), mientras que los tres primeros deciles crecieron 18.34 por ciento, 16.60 por ciento y 14.96 por ciento, respectivamente. Lo relevante es que en 2024 la mejora del ingreso está más asociada al crecimiento de las transferencias que a una recuperación del ingreso laboral.
En efecto, en 2024 las transferencias corrientes representan una proporción creciente del ingreso total, especialmente entre los hogares de menores ingresos. En el decil I, hasta el 47.5 por ciento del ingreso proviene de programas sociales y remesas; a nivel nacional, este porcentaje alcanza el 26.2 por ciento. Los programas de transferencias del gobierno federal muestran una expansión notable. En términos reales, estos beneficios aumentaron 27.3 por ciento en 2024, alcanzando una participación de hasta 37.7 por ciento del ingreso promedio del primer decil. A esto se suma el flujo de remesas, que, aunque registra una contracción real de 18.1 por ciento, sigue reforzando el ingreso de millones de hogares en zonas rurales y marginadas, representando más del 33 por ciento del ingreso total en los tres primeros deciles.
Esta configuración plantea interrogantes de fondo: ¿es sostenible una mejora del ingreso basada en fuentes no laborales? ¿Qué ocurrirá si, como se anticipa, el bajo crecimiento económico de los próximos años no logra generar suficientes empleos para sustituir el ingreso asistido?
Si bien el INEGI mantiene su independencia estadística, la ausencia del CONEVAL se hace patente, especialmente al abordar la evolución de los niveles de pobreza. Sin una entidad con capacidad técnica crítica y metodologías propias para evaluar el impacto de la política social sobre la pobreza multidimensional, la medición queda expuesta a sesgos y presiones políticas.
Hoy, los mismos actores que diseñan e implementan los programas sociales concentran también la facultad de reportar sus resultados. Esta situación debilita la rendición de cuentas y dificulta distinguir entre efectividad real y éxito político. El riesgo es significativo: una política social menos técnica, más clientelar y sin contrapesos institucionales. Y el problema no es solo la posible distorsión en las cifras, sino la inca pacidad de corregir el rumbo cuando los indicadores dejen de ser alentadores.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
