De nuevo enviamos a más de una veintena de presuntos delincuentes y narcotraficantes a Estados Unidos. Y otra vez lo hacemos sin pasar por el trámite legal, ortodoxo, tradicional y en apariencia necesario de la extradición. Huelga decir que ni yo ni nadie en sus cinco sentidos quisiera defender a las personas que fueron “trasladadas” a Estados Unidos. Tampoco le tengo tirria al proceso de extradición: durante mi gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores firmé casi doscientas solicitudes. Pero, justamente, las firmé.
Lo normal desde hace un buen número de años en México, y en muchos otros países, es que cuando un gobierno decide que por una u otra razón es incapaz, o es excesivamente costoso o demasiado comprometedor, juzgar a sus propios nacionales por cierto tipo de delitos, se acepta la solicitud de extradición de otro país. Un buen número de naciones rechazan por motivos constitucionales la extradición de sus ciudadanos. Es el caso de varios países de Europa y América Latina. En el caso mexicano, al igual que el colombiano desde los años 90, se decidió, y creo que con razón, que cuando se presentaba una solicitud de extradición de un narco por parte de Estados Unidos debíamos atenderla, a condición de que se cumplieran ciertas condiciones.
Hay, en el caso de México, varias condiciones. La primera es de índole jurídica. El delito por el cual se solicita la extradición en Estados Unidos debe estar configurado en México como tal. Es el caso de la mayoría de las violaciones a la ley, pero no de todas. Quien determina si la solicitud de extradición se ciñe al tratado de extradición entre México y Estados Unidos es un juez. No es el gobierno, ni los medios, ni el secretario de seguridad o el fiscal. Es el Poder Judicial. Debe existir en México el delito por el cual se le persigue en Estados Unidos. Una vez que dicho procedimiento se cumple, desde hace un cuarto de siglo, se exige que no se aplique la pena de muerte. Estados Unidos ha cumplido con este requisito desde hace tiempo. El juez determina que entonces la solicitud de extradición es conforme a derecho, y pasa la decisión a Relaciones Exteriores. El titular de la misma firma o no la extradición de la persona según sus propios criterios, pero desde luego tomando en cuenta el punto de vista del Poder Judicial.
Con los 29 presuntos delincuentes trasladados a Estados Unidos en febrero, incluidos Caro Quintero y los Treviño, no se siguió el proceso de extradición. Por engorroso, lento, susceptible de ser impugnado por los interesados, por quedar bien con Estados Unidos, por muchos otros motivos, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió invocar una serie de disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, obviamente espurios, para enviar a Estados Unidos a mexicanos sin pasar por el juicio de extradición ni la firma del titular de la Cancillería.
Desde ese momento, aunque se tratara de gente como Caro Quintero y los Treviño, muchos objetamos el procedimiento. Para eso hay un Estado de derecho, un tratado de extradición, y un proceso con centenares de antecedentes. Dijimos en ese momento que violar el debido proceso no iba a complicar la condena de los presuntos delincuentes en Estados Unidos –desde Álvarez Machaín y René Verduzco the long arm of the law acepta la presencia de los delincuentes con independencia de cómo llegaron a un tribunal en Estados Unidos- pero debilitaba el proceso de construcción de un Estado de derecho en México.
Ahora volvemos a lo mismo. Primero el gobierno dice que fue a petición de Estados Unidos. Después la presidenta dice que no lo fue. Para variar, los medios nacionales e internacionales –vergüenza para The New York Times– confunden expulsión con extradición o traslado, pero de nuevo se trata de un procedimiento extrajudicial, basado en una interpretación de las leyes que son muy confusas. Al grado que primero el gobierno dice que fue a solicitud de Estados Unidos y después dice que no es tan así.
En el corto plazo quizá da lo mismo si los presuntos narcos son enviados a Estados Unidos por un procedimiento legal o extrajudicial. A la larga, no es así. Si ya en dos ocasiones México envió personas al norte sin pasar por el proceso de extradición, llegará el día en que Washington nos pedirá lo mismo con una persona que, por una razón u otra, no queramos despachar hacia allá. Reivindicaremos la necesidad de cumplir con el tratado de extradición y el proceso que implica. Nos dirán: ya lo han violado varias veces ustedes; no se hagan pendejos. A ver qué contestamos.
