El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, anunció que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) reconoció haber emitido 17.000 licencias de conducir comerciales (vehículos de carga y camiones) de manera indebida a conductores extranjeros que no residían en el estado.
Según el Departamento, estas licencias están siendo revocadas tras una auditoría en curso de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).
Tras varias semanas de negación por parte de las autoridades californianas, Duffy afirmó que el hallazgo apunta a graves fallas en el sistema estatal.
“Gavin Newsom y California han sido pillados con las manos en la masa. Ahora que hemos desenmascarado sus mentiras, se están revocando 17.000 licencias de camionero expedidas ilegalmente”, declaró el secretario. Añadió, además, que este caso sería “solo la punta del iceberg” y que su equipo continuará presionando al estado para demostrar que ha retirado a todos los inmigrantes indocumentados de la operación de camiones y autobuses escolares.
Fallas sistémicas en el programa californiano de CDL
De acuerdo con los resultados preliminares de la auditoría nacional, la FMCSA identificó irregularidades sistémicas en las políticas y procedimientos del programa de licencias para no residentes en California.
Entre las fallas señaladas destacan:
- La emisión de miles de CDL a conductores extranjeros que no cumplían con los requisitos federales.
- Irregularidades en más del 25 % de los expedientes analizados.
- Licencias cuya vigencia superaba la duración de los permisos de trabajo de los titulares.
Como resultado de estas conclusiones, los 17.000 conductores afectados ya fueron notificados de que sus licencias caducarán en 60 días.
La FMCSA exigió además a California entregar una auditoría completa de todas las CDL emitidas a no residentes para verificar que todas las licencias “ilegales” hayan sido revocadas y que las fallas administrativas hayan sido corregidas.
Tensiones previas entre el Departamento y California
La controversia se suma a una serie de disputas entre el Departamento de Transporte federal y el gobierno californiano.
En octubre, la agencia anunció la retención de más de 40 millones de dólares al estado, tras detectar incumplimientos en los estándares federales de dominio del idioma inglés (ELP, por sus siglas en inglés).
Meses antes, en agosto, el Departamento había advertido que podría retirar financiamiento si California no adoptaba y aplicaba los requisitos del Programa de Licencias de Conducir Laborales.
La Patrulla de Caminos de California, por su parte, manifestó en julio que no tenía intención de acatar la normativa federal vinculada al idioma inglés para conductores comerciales. En respuesta, el secretario Duffy firmó en mayo una orden que reforzaba la obligatoriedad del cumplimiento de estos estándares y establecía que los conductores que no los cumplieran serían inhabilitados para operar vehículos comerciales.
Próximos pasos
El gobierno federal espera ahora que California entregue los resultados detallados de su auditoría interna. La FMCSA continuará supervisando el proceso con el objetivo de garantizar que todos los requisitos federales sean aplicados y que la gestión de las licencias comerciales en el estado se ajuste a las normas nacionales.
¿De qué manera le afecta a las personas migrantes?
- La pérdida inmediata de la licencia CDL, puede dejar a muchos sin la posibilidad de seguir trabajando como conductores comerciales.
- Corren el riesgo de perder ingresos o empleo, especialmente si dependían de esa licencia para trabajos de transporte, reparto o logística.
- Incertidumbre legal, ya que aunque ellos no hayan cometido fraude —si obtuvieron la licencia siguiendo el proceso que el DMV les ofreció—, podrían verse atrapados en una situación donde deben demostrar su residencia, identidad o estatus.
