En esta era espacial que México vive con renovado impulso, los satélites no solo representan un salto tecnológico hacia el futuro, sino también un dilema ético que no podemos pasar por alto. Estas herramientas orbitales están transformando nuestra conectividad, el monitoreo ambiental y la respuesta ante desastres. Pero cuando esa misma capacidad se dirige hacia la observación constante de la población, surge la pregunta inevitable: ¿es la vigilancia espacial una aliada para nuestra protección o una amenaza silenciosa a la privacidad?
México ya opera satélites como el Morelos III y el Bicentenario, pensados originalmente para telecomunicaciones y seguridad nacional. Hoy, con alianzas internacionales y el creciente uso de constelaciones de satélites de observación de la tierra que cubren nuestro territorio, es posible vigilar fronteras, rastrear incendios forestales, detectar deforestación ilegal o coordinar rescates tras un sismo. En 2025 vemos satélites de observación de la tierra, drones equipados con inteligencia artificial que monitorean nuestras costas y zonas de riesgo, y sensores remotos que entregan imágenes de resolución nunca antes vista.
Sin embargo, el reverso es inquietante. La observación desde el espacio, por su alcance y permanencia, puede convertirse en vigilancia masiva sin que el ciudadano lo note. Satélites de alta resolución, combinados con algoritmos de reconocimiento de patrones, son capaces de seguir vehículos, identificar concentraciones humanas o mapear rutas de migración. En el pasado hemos vivido escándalos como el del software Pegasus; imaginen ahora esa capacidad multiplicada por cien, desde órbita baja y con cobertura total del territorio nacional. Un satélite que registra patrones de movilidad en la frontera norte puede, sin controles claros, alimentar bases de datos que terminen en manos equivocadas.
Por eso necesitamos reglas del juego distintas, antes de que el avance tecnológico nos rebase. Así, México puede liderar la creación de un marco de “espacio soberano con rostro humano”. Aquí propongo tres líneas concretas:
- Obligar a todo operador de satélites que cubra territorio nacional –sea mexicano o extranjero– a implementar anonimización automática de datos personales en tiempo real.
- Crear un organismo técnico independiente, con participación de universidades y sociedad civil, que audite los flujos de información espacial de interés público.
- Desarrollar y certificar un estándar nacional de “imagen ética” que limite la resolución y el almacenamiento de datos cuando no exista una orden judicial o emergencia declarada, permitiendo que los satélites mantengan alta precisión solo en casos específicos y justificados.
Lejos de frenar el avance, estas medidas generarían confianza, atraerían inversión extranjera responsable y abrirían mercados de exportación para nuestras empresas. Comunidades en Chiapas podrían usar imágenes satelitales para defender sus tierras sin miedo a ser espiadas. Jóvenes emprendedores tendrían datos abiertos para crear aplicaciones de alerta temprana ante desastres. La transparencia no es enemiga del progreso; es su mejor combustible.
La tecnología espacial es una espada de doble filo, pero México cuenta con el talento para manejarla con integridad. Tenemos la oportunidad de convertir al espacio en un aliado que proteja sin oprimir, que observe sin invadir. Depende de nosotros elegir el camino: un espacio que ilumine o uno que vigile.
