Cuando tuve la responsabilidad de tomar decisiones, en mi carácter de presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante la crisis bancaria y económica que enfrentó el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, experimenté en carne propia las múltiples presiones que en esas circunstancias sufren quienes tienen la responsabilidad de resolver y la “apremiante necesidad de decidir y actuar”.
La urgencia y complejidad de los problemas confunden los pensamientos a niveles insospechados. Por descabellado que hoy parezca, hacia marzo de 1995 estuvimos a nada de pretender avanzar en la “solución” de la crisis que enfrentaba México, decretando nuevamente el control de cambios y declarando la moratoria de la deuda.
Afortunadamente no fue así, reinó la sensatez y el buen juicio, y se optó por seguir, no libres de riesgo, caminos alineados con una economía de mercado, que pretendía globalizarse en todos los sentidos y aprovechar al máximo la vecindad con Estados Unidos.
Hoy veo con extrema preocupación que el Gobierno federal y demás órdenes de Gobierno, abrumados por los problemas y las presiones, están partiendo de premisas notoriamente falsas en la toma de sus decisiones. Me explico: la pandemia del Covid-19 que hoy azota al mundo, solo puede afrontarse con aislamiento de ciudades y/o familias, sano distanciamiento de las personas e higiene personal.
¿Cierto? Sin embargo, ese dogma sanitario, para ser eficaz, tiene que partir de una realidad compatible con su aplicación. En el caso de México, las condiciones en que vive la gran mayoría de la población, hacen inviables esas medidas sanitarias.
Empecemos con la vivienda. Los “privilegiados” de esa gran mayoría pobre de mexicanos, por ser propietarios de un inmueble, habitan casas o departamentos que fluctúan entre 28 metros cuadrados (vivienda de interés social tipo 1) y los 75 metros cuadrados (máximo financiado por Infonavit). Los no privilegiados, rentan minúsculos techos o viven “arrimados” o poseen pequeños asentamientos irregulares, donde la falta total o parcial de servicios y la auto construcción, son la regla.
En ese tipo de viviendas o equivalentes, en zonas urbanas o rurales, viven aproximadamente 90 millones de mexicanos, de 6 a 8 personas por techo o vivienda, y conviven frecuentemente en el mismo lugar las tres generaciones (abuelos, hijos y nietos). ¿El patio de recreo de los niños? La calle o en el mejor de los casos una reducida área común de varias viviendas.
Para redondear el panorama, 70 millones de mexicanos dependen de la economía informal, y ahí todos viven prácticamente al día, no tienen cuentas bancarias ni patrón que les pague cuando no laboran. Solo pueden comprar víveres, medicinas, jabón y otros satisfactores, si han generado durante el día el ingreso correspondiente. Hoy vemos a nuestro pueblo aglomerándose en los centros de abastecimiento que siguen operando; la pobreza, aunada a una necesidad angustiante de lograr la compra de lo indispensable y una limitada oferta de bienes a precios accesibles, tampoco son aliados de una sana distancia, ¿verdad? En esas condiciones, ¿es siquiera pensable el uso de la fuerza pública o el cierre de los centros de acopio, ante un pueblo desesperado que únicamente busca en la calle su sustento y comida?
A todo ello sumemos que es imposible e inconveniente pretender cerrar la frontera con EU, el mayor foco de infección en la actualidad.
En los países desarrollados, el dogma sanitario funciona y cada día que transcurre es un día ganado en su objetivo de aplanar la curva de contagios. Tienen cuantiosísimos recursos que pueden canalizar directamente a sus gobernados a través del sistema bancario, no pinta la economía informal, existe seguro de desempleo, hay ahorro personal, fácil acceso a crédito, y baja mezcla generacional en el mismo techo. Asimismo, pueden cerrar sus fronteras.
En México, como vemos, la realidad es muy diferente y al ser inviable el dogma sanitario; aquí cada día que pasa sin que nuestro pueblo pueda salir libremente a la calle a generar su ingreso, no es un día ganado, sino lamentablemente un día perdido, en términos de bienestar y salud.
Entonces, ¿a cambio de qué toda esta parálisis económica, si es imposible aplanar en México la curva de contagios de Covid 19 en las zonas populares? Ahí se está dando irremediablemente la llamada inmunización colectiva, con cientos de miles o millones ya contagiados, como veremos en la Parte II de estas reflexiones. Así, debe sustituirse la actual estrategia, por una que parta de la realidad en que vive la inmensa mayoría de nuestra población y en donde el virus sigue propagándose a gran velocidad.
Paradójicamente y en sentido contrario a su intención e instinto inicial, el presidente López Obrador, por seguir a pie de juntillas recomendaciones de los “expertos en salud”, cuyo incentivo se reduce a minimizar los daños que causa el Covid-19, está protegiendo a las clases menos necesitadas, en perjuicio de las más necesitadas.
En otras palabras, el alto costo de la parálisis económica del país, ha servido para proteger por ahora a las clases media y alta de México de su exposición al virus, pero al pueblo tal parálisis solo le ha perjudicado, pues de todas maneras ha estado contagiándose con el virus todos los días, en la calle y en sus minúsculas viviendas multigeneracionales, sin más protección que el sistema inmunológico de cada persona, y que esta siendo atacado por el hambre, la insana cercanía, la falta de higiene y la angustia. Urge que el presidente López Obrador sea quien decida, no “los expertos” y corrija el rumbo.
