«No hay una estrategia. Esa palabra ha sido mal utilizada. El Consejo de Salubridad General (CSG), debió haber tomado el mando de esto y debió haber tenido a un grupo de especialistas de varios sectores, del privado, de ONG, de varias universidades», afirma el médico y analista mexicano en políticas de salud Xavier Tello.
En conversación con DW, el experto destaca que desde un inicio se subestimó la dimensión del problema y por ello no fue convocado el CSG, un organismo del Estado mexicano responsable ante situaciones de emergencia sanitaria. «El Consejo de Salubridad General es el que tiene el mandato constitucional para hacerse cargo de una emergencia como esta. Es presidido –en este caso lamentablemente- por el presidente de la República, que decidió que se hiciera cargo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell».
Para Xavier Tello, el primer error fue subestimar la pandemia, y el querer compararla con una influenza. «Seguramente porque era la única experiencia que tenía Hugo López Gatell». A eso le siguió el no realizar pruebas de detección. Varias veces, según el experto, repitieron que las pruebas no salvan vidas. Otro error fue decir que los pacientes asintomáticos no contagiaban. «Hugo López Gatell se apoyaba en el supuesto de que si la persona era asintomática era porque tenía una baja carga viral, y por tanto tenía poco riesgo de contagiar a otros».
El 27 febrero de 2020 México confirmó el primer caso de infección de coronavirus. El 18 de marzo se registró la primera muerte. Hasta el 3 de mayo, el país siguió el modelo de vigilancia centinela, utilizado en varios países para monitorear la influenza estacional. López Gatell aclaró a principios de mayo que al ingresar a la Fase 3 el 21 de abril, el país dejaba de usar el modelo centinela y cambiaba a un método basado en la ocupación de hospitales y camas disponibles, un modelo que sigue vigente a la hora de decidir la apertura económica.
Errores graves
El médico internista e infectólogo, y profesor de Posgrado de Medicina Interna del Centro Médico ABC, Francisco Moreno, coincide con Xavier Tello. Para Moreno hay tres errores muy claros: «El primero es no haber hecho las pruebas que se necesitan para detectar pacientes asintomáticos que dispersan la enfermedad. No hicieron pruebas para ahorrar el costo que suponía hacerlas. El número de pruebas en México es de 158 por millón de habitantes, solamente dos países tienen menos pruebas realizadas que México por millón de habitantes: Haití y Nicaragua».
El segundo error fue el uso politizado del cubrebocas (o mascarilla), según el facultativo. «La medida más eficaz para evitar contagios se politizó. El mismo presidente ha dicho que no va a usar cubrebocas porque él ya tuvo la enfermedad. Debería ser el primero en usar un cubrebocas. Hemos visto al Subsecretario de Salud, que lleva la gestión de la pandemia, subiéndose a un avión sin cubrebocas, estando en una playa sin cubrebocas, y ahora que estaba contagiado, en un parque sin cubrebocas. No hay un mensaje a la población sobre la necesidad de llevar un cubrebocas», insiste.
Para Xavier Tello, la duda sobre la efectividad del cubrebocas no se desprende de ningún análisis científico. «Fue simple y llanamente, darle la razón al presidente. López Obrador no quiere usar el cubrebocas por una cuestión político-ideológica y Hugo López Gatell no iba a contradecir al presidente».
Mortalidad en hospitales públicos superior al 30%
El tercer error grave, según Francisco Moreno, es pensar que teniendo camas disponibles en hospitales se tiene controlada la pandemia. «En México se dice que las actividades económicas se pueden abrir dependiendo del número de camas disponibles. El problema es que la mortalidad en los hospitales públicos es superior al 30%. Uno de cada tres pacientes que llega al hospital fallece, debido a que los hospitales que destinaron a pacientes con COVID no fueron equipados con el material que se debe tener para que el paciente pueda salir adelante. La realidad es que tenemos una mortalidad espantosa, una situación crítica que ya se prolongó más de un año».
El médico que se encuentra al frente de la pandemia en el Centro Médico ABC, afirma que se puede hablar también de un cuarto error: «A pesar de todo lo que ha sucedido no ha habido una corrección».
Más de un año después de que llegara la pandemia, México, después de Estados Unidos y Brasil, es de los países más golpeados a nivel mundial, con una cifra oficial de fallecimientos que se acerca a la marca de los 200.000 y más de 2 millones de casos detectados de infección.
A eso se suma el problema de los medicamentos. El antiviral Remdesivir, un fármaco que ha sido considerado como un remedio efectivo en pacientes graves con COVID, fue aprobado para su uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el 12 de marzo pasado, después de una larga polémica sobre su efectividad y alto precio.
«No es la panacea, pero nada lo es ante el COVID. Como es un medicamento caro, al aprobarlo tendrían que suministrarlo los hospitales públicos, y si no lo pueden usar ellos, que no lo use nadie. El anuncio se produjo el viernes y hasta el momento no tenemos el medicamento», afirma Francisco Moreno, médico internista del Centro Médico ABC. «Han sido muchos los obstáculos que ha puesto Cofepris al trabajo médico al atender a los pacientes. Nos quitaron las pruebas serológicas un tiempo, no nos han dejado utilizar medicamentos, nos obligan hacer una cantidad tremenda de recetas. Cada medicamento que yo mando a un paciente que está internado tiene que llevar una receta. Tenemos internados a unos 50 pacientes, cada paciente recibe ocho medicamentos, hay que hacer 400 recetas diarias para enviar a Cofepris», advierte el facultativo.
El desafío de las vacunas
Ahora México enfrenta el desafío de las vacunas. El pasado 23 de diciembre, México fue el primer país latinoamericano que recibió la vacuna contra COVID-19. El gobierno acordó la compra de más de 234 millones de dosis de cinco vacunas diferentes, pero hasta la primera semana de marzo solo había recibido el 1,7%. El factor determinante en las negociaciones con las farmacéuticas es la financiación para el desarrollo de sus vacunas.
«Hay un discurso muy triste en México, que acusa a otras naciones de acaparadoras de vacunas y eso no funciona así. Todos los países quieren proteger a sus ciudadanos», dice el experto Xavier Tello. «Si se pagaba por anticipado el costo total de la vacuna se estaría patrocinando la investigación, como lo hizo Chile. Ahora tendríamos las vacunas aseguradas, estaríamos reclamando un incumplimiento de contrato si no nos hubieran enviado las vacunas. Pfizer, Moderna y otros laboratorios, hasta AstraZeneca, funcionan así». Tello lamenta que no hay una estrategia de vacunación, como tampoco hay un responsable de las vacunas.
En el Centro Médico ABC no se ha vacunado a todo el personal sanitario. «En el hospital no hemos recibido más que el 30% de las vacunas que necesitábamos. Un 70% de los médicos y enfermeras que trabajan aquí no han recibido la vacuna. El argumento es que no estamos en primera línea, pero vemos pacientes y tenemos riesgo. Hay mucho más rezago en los hospitales privados que en los hospitales públicos». ¿Por qué? «Porque este gobierno no quiere lo privado», señala Francisco Moreno.
Ambos expertos exhortan a corregir el rumbo. «Aumentar el número de pruebas para detectar a los contagiados asintomáticos e impedir que continúen los contagios. Si hay menos enfermos habrá menos ocupación de camas de hospital, que no sirven para nada», destaca Moreno. Lo segundo es dejar la politización en el uso del cubrebocas y empezar a usarlo todos. No debe ser una elección, sino una obligación, una medida de solidaridad. Abrir la vacunación como Estados Unidos, facilitando que (la hagan) las empresas, los hospitales privados y el mismo Seguro Social, que tiene una infraestructura de vacunación enorme, y no tenerlo que hacer a través de militares, de personas asignadas por el gobierno de una manera totalmente centralista, que no alcanza para vacunar a toda la población».
Crisis sanitaria en varios frentes
El gobierno federal decidió en 2019 desaparecer el Seguro Popular, y sustituirlo por el Insabi(Instituto de Salud para el Bienestar). Adicionalmente, con la convicción de que había un mercado plagado de corrupción, en el que las empresas distribuidoras eran acaparadoras que encarecían el producto final, se desarticuló la cadena de suministro de medicamentos, lo que ha provocado un desabasto y demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El desabasto de medicamentos ha afectado a los pacientes de numerosas enfermedades, particularmente a niños y adolescentes con cáncer.
