Tiene razón el Presidente electo cuando dice que “la política es optar entre inconvenientes”. En esta ocasión, López Obrador tuvo que decidir qué hacer para resolver la terrible crisis de seguridad que vive el país. Peña le está entregando una bomba que tiene que desactivar a la brevedad. Pues bien, el gobierno entrante ha optado por entregarle el control de la seguridad pública a los militares. Lo que desde hace mucho tiempo se vio como un asunto temporal, que tuvo un fuerte impulso a partir del sexenio de Calderón —es decir, la intervención de soldados y marinos para combatir a la criminalidad—, hoy se convertirá en “solución” permanente que estará nada menos que en la Constitución. Se trata del doloroso reconocimiento del fracaso de las autoridades civiles en esta materia. De la claudicación de uno de los elementos civilizadores más importantes de toda democracia-liberal moderna: la prevalencia del poder civil sobre el militar.
Frente a una realidad tremenda, con una presión enorme por revertir la violencia rampante, AMLO claudicó. Le entregó la seguridad pública a los militares. Éstos la aceptaron pero, a diferencia del pasado, pusieron sus condiciones. Uno: el mando lo tendrá la Secretaría de la Defensa Nacional a la que estará adscrita la nueva Guardia Nacional. Dos: se acabó el vacío legal de la intervención militar en labores de seguridad pública que, según la Constitución, tiene que ser provista por autoridades civiles; ahora se reformará la Carta Magna y, para que no haya dudas, los militares se quedarán con todo el poder en esta materia; ya nadie podrá declarar inconstitucional las leyes y reglamentos que regulen la participación de los militares en labores de seguridad pública. Se trata de una apuesta arriesgada de AMLO y, como todas las de este tipo, pueden acabar generando grandes ganancias o grandes pérdidas.
Negativo sería que esto no funcionara. Que la violencia siguiera en los mismos niveles actuales o incluso empeorara. Muchos expertos piensan, y así lo han demostrado empíricamente, que la presencia de soldados y marinos en las calles (por más que sean de cuerpos policiacos del Ejército y la Marina) genera más violencia. Y es que las Fuerzas Armadas están entrenadas para matar a los enemigos. No entienden de labores policiacas para prevenir y procesar a los delincuentes. Imaginemos que, efectivamente, fracasa la Guardia Nacional como fracasó la idea de Peña de reintegrar a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación. La consecuencia sería terrible: perderíamos años valiosos en la formación de cuerpos policiacos civiles teniendo que comenzar desde cero, pero ahora con más violencia.
Positivo sería que funcionara este nuevo sistema de militarización de la seguridad pública. Que, tan pronto como el año que entra, bajaran considerablemente los índices de asesinatos, secuestros, extorsiones y robos. La ciudadanía estaría muy contenta. Los altos índices de popularidad de AMLO se mantendrían. Pero con un costo altísimo: el retroceso del proyecto civilizatorio de México. Ya ningún político se atrevería a regresar el control de la seguridad pública a los civiles. La militarización habría llegado para quedarse definitivamente.
¿Es el país que queremos?
Los gobernantes, efectivamente, tienen que tomar decisiones difíciles entre alternativas inconvenientes. Entiendo la racionalidad de la decisión de AMLO con respecto a la Guardia Nacional. Estamos a punto de ver a la izquierda, la opción que siempre se enfrentó con mayor valentía a los abusos militares, reformar la Constitución para entregarle un gran poder a los militares. Frente a la crisis, capitularon. Se fueron por la opción más pragmática. No quisieron pelear por la prevalencia de lo civil frente a lo militar.
Pienso, en este momento, en Churchill durante aquellas horas oscuras. Los nazis habían derrotado a los franceses y amenazaban con invadir la Gran Bretaña en una franca posición ventajosa. Muchos políticos británicos presionaban para negociar con Hitler, aunque esto significara el fin de la democracia-liberal. Sin embargo, el primer ministro no se rindió porque sabía que no se puede ceder cuando valores fundamentales están en juego. En este sentido, como creyente de la democracia-liberal y de la prevalencia del poder civil sobre el militar, no me gustó la capitulación de AMLO. Entiendo la necesidad que tiene de solucionar un problema muy complejo. Pero no a costa de disminuir el poder civil sobre el militar porque eso, en este país, siempre termina mal.
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