La política exterior de la 4T enfrentará sus primeros retos en los próximos días. El 4 de enero se reúne en la capital peruana, a nivel de cancilleres, el llamado Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 para atender la multifacética crisis venezolana. El 10 de enero se celebrará la toma de Nicolás Maduro en Caracas, siete meses después de una elección desconocida por el propio Grupo de Lima y por la Unión Europea. Y alrededor del 20 de enero, Luis Almagro, el secretario General de la OEA, ha convocado una reunión del Consejo Permanente para avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al caso de Nicaragua.
En cuanto a la reunión en Lima, la intención seguramente reside en acordar un documento que vuelva a desconocer los resultados de la elección de Maduro, tal vez de exhortar a los miembros del grupo y a otros a no asistir a la ceremonia en Caracas, y hacer un nuevo llamado al diálogo al mismo tiempo que se condenan nuevamente las violaciones a los derechos humanos, la crisis humanitaria y sus pavorosas consecuencias migratorias. La lógica de no asistir a la toma de posesión de Maduro es evidente: si se sostiene que no hubo verdaderas elecciones, tampoco puede haber una nueva presidencia legítima. En torno a Nicaragua, el propósito parece ser invocar la Carta, suspender la membresía del régimen de Daniel Ortega en la OEA y el BID, y denunciar la expulsión de la CIDH y del GIEI de Managua hace unos días.
En México, después de los primeros tres años de Peña Nieto y una patética cantaleta recurrente de la no intervención y loas a las reformas estructurales, Claudia Ruiz Massieu y Luis Videgaray recuperaron algo de las posturas más modernas y progresistas de finales de los años setenta, principios de los ochenta y comienzos de este siglo. Volvieron a colocar el respeto a los derechos humanos, la denuncia del fraude electoral y de la represión al centro de la postura internacional de México. El gobierno mexicano dialogaba con la oposición venezolana, se manifestaba en la OEA y otros foros de manera crítica y explícita sobre estos temas, en general en compañía de “like-minded countries”, no de los países del ALBA. Al mismo tiempo, participaba activa, aunque inútilmente, en los esfuerzos de mediación tanto en Venezuela como en Nicaragua.
A reserva de que la 4T nos sorprenda, todo sugiere que este breve paréntesis se volvió a cerrar. Aunque faltan algunas horas o días para que se conozcan los detalles definitivos del nuevo retroceso mexicano, y deseando equivocarme, tengo la impresión que recorreremos el camino siguiente. Primero, nos opondremos a cualquier declaración del Grupo de Lima que critique al gobierno de Maduro, y si los demás países no ceden al chantaje mexicano, nos retiraremos del grupo o emitiremos algún tipo de reserva frente al documento del 4 de enero.
Segundo, el secretario de Relaciones asistirá a la toma de protesta de Maduro, o en su lugar, lo hará un funcionario de mayor jerarquía al que acudió a la de Jair Bolsonaro en Brasilia. De alguna manera habrá que pagarle a Maduro el favor que le hizo a la 4T de esperar dos horas en su avión para que no estuviera presente en la toma de posesión de AMLO en el Congreso, ni se topara con el vicepresidente de Donald Trump.
Tercero, nos opondremos al esfuerzo por aplicar la Carta Democrática al caso de Nicaragua, tanto en la votación para convocar a una asamblea extraordinaria, como en la de sustancia que seguirá en caso de que se consigan los votos para dicha asamblea. Lo haremos a sabiendas que se tratará de una votación cerrada, donde cada voto cuenta, y donde el de México cuenta más que otros.
Todo esto se hará bajo la bandera de la no intervención, del lugar común infantil de la “solución pacífica de las controversias”, y de la soberanía mexicana. Extrañamente, sin embargo, confieso que si la postura moderna y progresista ya señalada era cada vez más indispensable al esquema económico y político del país de la alternancia, el arcaísmo de los famosos y folclóricos principios del artículo 89 de la Constitución embonan mejor con el anacronismo de la 4T en materia interna. La mejor política exterior del echeverrismo internacional de AMLO, es la que corresponde al echeverrismo interno de AMLO. Tiene razón. Y si no me equivoco en mis vaticinios, es una lástima.
