Ya sabemos que la denominación “gobierno de izquierda” no le queda demasiado bien al de la 4T. Desde la campaña nos enteramos que no aumentaría impuestos para financiar sus programas sociales o de infraestructura, a diferencia de todos los gobiernos progresistas y democráticos de la historia reciente en el mundo. También comprendimos, con la Guardia Nacional, que no sólo decidió perseverar en la guerra de Calderón y Peña Nieto contra el narco y el crimen organizado, sino que pretende hacerlo militarizando aún más el aparato de seguridad del país. Optó por entregarle enormes cantidades de dinero y poder a unas Fuerzas Armadas poco aptas para recibir ambos.
Ahora, en Matamoros, veremos si el gobierno de López Obrador es capaz de cumplir con una de las misiones fundamentales de cualquier “gobierno de izquierda”: colocarse del lado de los trabajadores en un conflicto laboral casi procedente de “central casting”. Se trata del paro o huelga de labores de miles de obreros de la industria maquiladora de esa ciudad fronteriza. Unos treinta mil empleados de 42 o 45 plantas de ensamble en Matamoros exigen un aumento de 20% al salario, así como un bono de compensación en su nuevo contrato colectivo.
Respaldan sus demandas en una medida aplaudible del gobierno de López Obrador: duplicar el salario mínimo en la frontera, o en la mal llamada “zona libre” del norte. Aunque el salario mínimo no se fija por negociaciones entre obreros y empleadores sino a través de la Comisión Nacional, y además se eliminó cualquier elemento jurídico de indexación desde hace un par de años, los trabajadores afirman algo muy sensato. Si las condiciones de vida en la esa región ameritan un incremento de 100% del mínimo, un aumento de 20% para quienes no suelen ganar mucho más que 2.5 o 3 mínimos no parece exagerada.
La patronal obviamente no acepta, por lo menos en primera instancia. Es posible que el conflicto se resuelva para el 19 de enero, sin que la huelga haya durado más que unos días. Es factible también que las amenazas de despidos y represión no se cumplan. Pero preocupa que “[el diario] Reforma pidió a la STPS su postura sobre el conflicto y no hubo respuesta”. ¿Cuál es su posición?
Los salarios de miseria –mínimos o no– que imperan en México tienen muchos orígenes. Parte ha sido la política económica desde mediados de los años 80. Otra parte proviene de la decisión de competir en el mundo a través de bajos salarios. Pero sin duda la debilidad del movimiento obrero mexicano constituye uno de los elementos explicativos. El debilitamiento de los sindicatos independientes, la perenne corrupción de los sindicatos charros y el andamiaje jurídico y burocrático de la administración de las relaciones laborales en el país han contribuido en alguna medida.
Si se busca elevar los salarios en general en el país, y no sólo los mínimos, no hay manera de hacerlo sin sindicatos fuertes, combativos, honestos y que recurran cuando es necesario a su arma de combate por excelencia: la huelga. A lo largo de los últimos diez o quince años, se han producido cada vez menos huelgas en el país, y las pocas que ha habido parecían tener una motivación más bien política que de otro tipo. No hay elevación de salarios posibles sin un movimiento obrero combativo, y no hay combate obrero sin huelgas.
La gran pregunta entonces es si el gobierno se va a colocar del lado de los trabajadores de Matamoros, de sus sindicatos que acaban de derrocar a un líder, según ellos, corrupto y vendido, o si va a hacerse tonto poniendo en práctica su política de no intervención, o la abstención, que parece que está muy de moda hoy en la 4T.
