Ayer, en este espacio, argumentaba que López Obrador heredó una crisis del Estado de derecho que explica, en buena medida, la corrupción, inseguridad y crecimiento económico mediocre. En este país, la triste realidad es que la ley es indicativa, no obligatoria. Los que deciden violarla, que son muchos y de todas las clases sociales, tienen una bajísima probabilidad de que los castiguen. En el desenlace final de la tragedia de Tlahuelilpan, el Presidente tiene la gran oportunidad de demostrar que va en serio con su promesa de cambiar este país para bien.
90 muertos y decenas de heridos y desaparecidos no pueden quedar impunes. Tlahuelilpan 2019 no puede acabar como la Guardería ABC de Hermosillo en 2009. Después de aquel funesto incendio, en una manifestación en la capital sonorense, una manta decía: “Marcador Niños: 46, Culpables Detenidos: 0, Total Impunidad”. Conforme pasaron los días, el marcador creció a 49 niños fallecidos, entre once meses y cinco años de edad. Súmese 76 heridos. Lo que nunca cambió fue la total impunidad. De los 19 funcionarios que en algún momento fueron mencionados como posibles responsables de los hechos, ni uno solo fue procesado judicialmente. Nadie pisó la cárcel. Todos exonerados. Una vergüenza nacional.
Hace una década: niños quemados y asfixiados por culpa de la corrupción, negligencia gubernamental y avaricia económica. Diez años después, exactamente lo mismo. ¿Quiénes fueron los responsables de semejante tragedia?
En el caso de la Guardería ABC, el ministro Arturo Zaldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, investigó las posibles violaciones graves a los derechos humanos por el incendio. En su proyecto de sentencia, responsabilizó a Daniel Karam, entonces director del IMSS; a su antecesor y entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar; al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours; al expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara; al exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar; a la excoordinadora de Guarderías, Carla Rochín; y a otros funcionarios federales, estatales y municipales de menor jerarquía.
Por primera vez en la historia, un ministro del máximo tribunal del país propuso responsabilizar de violaciones graves a los derechos humanos a funcionarios de primer nivel. A Juan Molinar, por ejemplo, le atribuyó “el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación”. No obstante, el proyecto de Zaldívar fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte. Una lamentable votación, producto de la presión política del entonces presidente Calderón, de la comunidad médica del sector público, de abogados conservadores, acostumbrados a una Corte más legalista que interpretativa, y del propio Poder Judicial, al que le disgustaba la idea de abrir la puerta a una interpretación amplia de la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Con su decisión, la Suprema Corte envió el ominoso mensaje de que en México no había consecuencias frente a la muerte de 49 niños. No puede ocurrir lo mismo diez años después.
Para empezar, el nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz, debe investigar, procesar y encarcelar a todos los responsables directos de la muerte de 90 personas. Si es cierto, como afirman algunos lopezobradoristas, que detrás de esto hay un intento de sabotear y desestabilizar al gobierno de AMLO, pues que las autoridades judiciales encuentren y presenten las pruebas y a los presuntos responsables.
Luego está la responsabilidad política. Ahí entra el presidente López Obrador,quien debería evaluar seriamente la actuación de los funcionarios de Pemex, del Ejército y la Policía Federal. Por definición, cuando hay tantos muertos, alguien hizo mal su chamba, ya sea por comisión u omisión. El gobernador de Hidalgo tendría que hacer lo mismo con la (no) actuación de las fuerzas policiacas estatales. Y la Suprema Corte debería investigar de nuevo, tal y como hizo con la Guardería ABC, si se violaron los derechos humanos de las víctimas en Tlahuelilpan y quiénes son los responsables directos.
Ni jurídica ni políticamente, Tlahuelilpan puede quedar impune. Si de verdad queremos un Estado de derecho, debe haber consecuencias por la muerte de 90 personas en un extraño y delirante carnaval de huachicoleo. De lo contrario, si no pasa nada, tal y como sucedió hace una década, se demostrará el gatopardismo del gobierno de AMLO: cambiar todo para que todo siga igual.
Twitter: @leozuckermann
