Todo parece indicar que las comisiones pertinentes del Senado comenzarán la discusión sobre los cambios constitucionales que requiere la Guardia Nacional de López Obrador, hasta la sesión ordinaria de la Cámara alta. Por un lado revisarán la minuta que les envió la Cámara de Diputados; asimismo, los senadores agregarán o suprimirán partes del proyecto inicial enviado por el Ejecutivo. Y aunque será en un ordinario, no hay duda de que Morena tiene prisa.
Se entiende. El numerito de la militarización se le puede caer por varias razones. Insistiré en dos. En primer lugar, la expansión de las funciones del Ejército, y su singular incapacidad de asumirlas todas, comienza a volverse evidente. Podemos enumerarlas: construir el aeropuerto de Santa Lucía; crear un fraccionamiento de lujo en Santa Fe; resguardar las instalaciones petroleras y en particular las refinerías y revisar la entrada y salida de combustibles o de las mismas; contratar a dos mil conductores de las nuevas pipas que se van a comprar en Nueva York para sustituir por un tiempo la distribución de combustibles por ductos; seguir adelante con el combate al narcotráfico; y por último, crear y crecer la Guardia Nacional bajo mando militar (lo de mixto es una payasada), incluyendo el entrenamiento, el reclutamiento y las compras de material para la misma.
Este cúmulo de responsabilidades se produce en el contexto del desempeño del ejército en la tragedia de Tlahuelilpan. Como ya lo reconoció el gobierno, transcurrieron casi cinco horas entre el momento que una patrulla militar detectó la fuga y la llegada de los primeros pobladores y el aviso de ambos hechos a Pemex, y cuando tuvo lugar la explosión. Durante esas cinco horas, el Ejército no fue capaz de enviar un número suficiente de refuerzos, o de controlar a la multitud con menos efectivos, ni de echar a andar un protocolo no dentro de Pemex sino en la Sedena. Seguramente el gobierno y sus aliados en el Congreso comprenden que el caso político –no de popularidad– de seguir entregando poder y responsabilidad a unas Fuerzas Armadas que cada día se enfrentan a una nueva crisis, se puede ir debilitando.
En segundo término, la ecuación política en el Senado se puede complicar. Los lectores recordarán cómo el PRI salvó a la Guardia Nacional militarizada en la Cámara de Diputados; sin sus votos, no pasaba. La situación en la otra Cámara es más complicada. Se rumora que los doce senadores priistas –igual de cruciales que sus colegas diputados– no aceptan la simulación del mando mixto: o es únicamente civil, sin ningún vínculo con Sedena, en cuyo caso votarían a favor, o de lo contrario lo harían en contra. Por diversas razones, los senadores priistas parecen tener más espina dorsal que sus correligionarios. Además, para quienes deseen cabildearlos, resulta más fácil hacerlo con una bancada más pequeña y probablemente más unida. De tal suerte que el tiempo también puede operar en contra de las prisas de Morena en este caso.
Durante muchas décadas, la clase política mexicana, incluyendo a muchos de los integrantes de primer nivel de la 4T, le dio dinero y prebendas al Ejército para no darle poder. López Obrador está actualmente violando este precepto consustancial de la política mexicana desde los años treinta. Su instinto para la opinión pública ha sido infalible hasta ahora, pero es difícil saber si resultará igual de fino en asuntos más sustantivos. Antes, AMLO le reclamaba a Calderón de haber pateado el avispero del narco. Hoy lo hace él mismo con las Fuerzas Armadas. Puede ser un peligro para México, este sí.
