Tal y como los vaticinamos aquí desde diciembre, anteayer el juez federal de la Región Norte de California declaró ilegal el programa llamado “Remain in Mexico” (Permanecer en México) y lo suspendió hasta nuevo aviso.
Algunos lectores recordarán que se trata del esquema acordado entre el entonces equipo entrante de la Cancillería y el gobierno de Trump para establecer un programa de Tercer País Seguro disimulado. Los solicitantes centroamericanos (y de otros países) que entraran de una manera u otra a Estados Unidos serían devueltos a México, donde esperarían su cita y audiencia en las que las autoridades norteamericanas resolverían sobre su solicitud. Desde el primer día de la entrada en vigor del mecanismo, e incluso desde que su existencia fue más o menos filtrada por el gobierno estadounidense –en México se dijo que, sin aprobarlo, nosotros lo aceptábamos por “razones humanitarias”– muchas voces en Estados Unidos lo denunciaron.
Las razones, compartidas por unos cuantos mexicanos, eran obvias. Se violaba el principio central del derecho internacional de asilo –el non-refoulement. Se violaban las leyes norteamericanas de acceso constante, expedito y sencillo a un abogado. Se exponía a los solicitantes a la enorme inseguridad que impera, según el propio gobierno de México, en las ciudades fronterizas del norte del país. Esas voces críticas se acercaron a los primeros solicitantes hondureños devueltos a México, y a través de la American Civil Liberties Union (ACLU) interpusieron una demanda exigiendo la prohibición del programa.
Fue una pésima idea que México aceptara este mecanismo, o “protocolo” como lo llaman los norteamericanos, por varias razones. En primer lugar, debido a que es inmoral ser cómplices de un esquema inhumano, ilegal e ineficaz. Los centroamericanos se aglomeran en localidades fronterizas inhabilitadas para recibirlos, atenderlos y protegerlos. En segundo término, porque avalamos, o nos prestamos, a un acto ilegal del gobierno de Estados Unidos, cuya ilegalidad hubiéramos podido detectar con toda facilidad. El equipo saliente de la Cancillería forjó una buena y franca relación con ACLU y su presidente, Anthony Romero. Resultaba muy sencillo para los nuevos utilizar ese vínculo para saber si habría demanda, y qué sucedería.
En último lugar, fue una decisión completamente ineficaz. Al suspenderse el programa ayer, Homeland Security de Estados Unidos anunció que, en total, únicamente 250 hondureños habían sido devueltos a México, en tres puntos fronterizos: Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.
Al mismo tiempo se divulgaron las cifras de detenciones de personas no autorizadas al ingresar a Estados Unidos durante el mes de marzo: 103 mil, un poco más de lo esperado, y casi 35% que el número de febrero. En otras palabras, entre febrero y marzo, las autoridades norteamericanas detuvieron a 180 mil personas, probablemente la mayoría centroamericanos, y le entregaron 250 a México. Un esquema inútil.
Antes de ser despedida, la secretaria Kirstjen Nielsen de Homeland Security parece haberle prometido a su jefe que el esquema Remain in Mexico se profundizaría rápidamente. Por ahora, no será el caso. Sin duda la administración Trump apelará el fallo de anteayer, y probablemente lo vuelva a perder. Si lo lleva a la Suprema Corte lo puede ganar. Tal vez un representante del gobierno de López Obrador presentará un recurso de amicus curia ante la Suprema Corte a favor de Trump, explicando porqué violar las leyes y la moral nacionales e internacionales es necesario y deseable en condiciones extremas, como las que se viven en la frontera entre los dos países. Pero eso sí: con mucho respeto y mucha dignidad.
Peña Nieto se equivocó a apostarle a Trump en 2016. López Obrador se equivoca al apostar contra los demócratas en 2020. No sólo es estar del mal lado de la historia, al igual que en la complicidad con la dictadura de Maduro. Implica irritar o agraviar a los aliados que se necesitan para aprobar el T-MEC. Todo por calientes.
