El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador planea aprobar una ley que cierre las oficinas de la Secretaría de Economía de México en ciudades de Washington a Ginebra, argumentando que ayudaría a liberar miles de millones de dólares para gastar en las comunidades más desfavorecidas del país.
El proyecto de ley prohibiría el trabajo en el extranjero por parte de cualquier entidad pública que no esté dedicada a la seguridad y la justicia, a excepción de la Secretaría Relaciones Exteriores. Mientras que los seguidores del partido Morena del presidente dicen que los cambios ahorrarán 50,000 millones de pesos (2,620 millones de dólares de dólares) que se pueden gastar en los pobres, los opositores argumentan que dejarían a México sin la representación adecuada para defenderse en controversias económicas, incluidas las disputas comerciales con Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio.
«Definitivamente me preocupa que las personas que trabajan en lugares como la oficina del TLCAN en Washington o ante la OMC puedan ser reemplazadas por personas del servicio exterior que carecen de experiencia en asuntos comerciales», asegura Carlos Vejar, abogado de Holland & Knight en Ciudad de México que anteriormente se desempeñó como asesor general de comercio en la Secretaría de Economía. «Se pierde la capacidad de reaccionar adecuadamente ante medidas futuras. Muchos problemas comerciales se han resuelto con la presencia de expertos mexicanos en Estados Unidos».
AMLO, como se conoce al presidente izquierdista, llegó al poder el año pasado con compromisos de eliminar los problemas sociales y cuidar a los pobres y los olvidados». Su tono antiestablecimiento ha resonado en un electorado que ha visto cómo se estanca su nivel de vida en los últimos años. Las últimas medidas son parte de una iniciativa respaldada por AMLO llamada «Ley de Austeridad Republicana», la cual eliminaría las pensiones de los expresidentes y limitaría los gastos de seguridad de los funcionarios públicos.
El mismo proyecto de ley también prohibiría a los empleados públicos trabajar para las empresas privadas que regulaban durante al menos 10 años después de dejar el gobierno a fin de evitar conflictos de intereses, una idea defendida por AMLO.
Esa propuesta, aprobada el martes por la mañana en el Senado después de una sesión de toda la noche, y que ahora se dirige a la cámara baja, es una violación de los derechos de los empleados públicos, según los senadores de la oposición que votaron en contra. Los legisladores de la oposición han prometido presentar un desafío constitucional a la iniciativa ante la Corte Suprema de México.
