Vaya caos se armó ayer en la Ciudad de México por los bloqueos de los taxis para protestar en contra de las plataformas de transporte como Uber, Cabify y DiDi. No es la primera vez que sucede. Tampoco será la última. He aquí dos grupos enfrentados que no quieren perder su negocio. Y he aquí diferentes autoridades (locales y federal) que no saben qué hacer.
Veamos los dos lados de la moneda.
Ayer, en El Universal, Ricardo Raphael mencionó algunos de los argumentos que les dan la razón a los taxistas. Primero, “que el piso no es parejo cuando se trata de los requisitos para obtener una concesión, el pago de la revista, los impuestos, las condiciones para cambiar la unidad y un largo etcétera”. Segundo, que, mientras las plataformas “operan sin límite geográfico de por medio”, los taxis “están acotados por las fronteras políticas […] si un taxista con placas de la CDMX deja a una persona en el municipio de Naucalpan, está hoy impedido para recoger pasaje hasta que vuelva a rodar dentro de los linderos de la ciudad capital; pero esta regla no aplica para un vehículo afiliado a una plataforma digital”.
Veamos, ahora, el otro lado de la moneda. Ayer, en El Financiero, Eduardo Guerrero mencionaba los argumentos a favor de las plataformas. “Los taxistas —o más bien, los dueños de las concesiones de taxi— exigen piso parejo. Sin embargo, lo que nunca hubo antes de que llegaran las apps fue precisamente eso, piso parejo. Invito a los lectores a que se acerquen a las secretarías y direcciones de movilidad en su estado o su municipio y a que indaguen por los requisitos para sacar una concesión de taxi. Me temo que para la gran mayoría, si no es que para todos, el esfuerzo será en vano. El trámite no existe y cuando llega a existir contiene algún candado que garantiza que los hijos de vecino, esos ciudadanos callados que no tienen conectes ni forman parte de las huestes de un ‘sindicato’ u organización de taxis piratas, jamás podrán tramitar legalmente una concesión”. Las plataformas rompieron “esta estructura de privilegios. Lo que sí puede hacer hoy en día cualquier lector, como cualquier particular con ganas de trabajar, mientras cumpla con requisitos para prestar adecuadamente el servicio, es darse de alta en una plataforma y generar ingresos manejando. Ésa es la disrupción que los dueños de las concesiones no están dispuestos a aceptar”.
¿Qué deben hacer, entonces, los gobiernos frente a estos intereses enfrentados?
En algunas ciudades se ha regulado el número de taxis y coches de plataformas con permisos para circular. El argumento es que, si dejamos este negocio a las fuerzas del libre mercado, se corre el riesgo de que la vía pública se sature de automóviles tratando de levantar pasajeros. La teoría económica dice que una sobreoferta, eventualmente, llevará a una caída de precios, lo cual hará que muchos se salgan del mercado para llegar a un equilibrio entre oferta y demanda. Pero, en la práctica, este proceso es tardado y, por tanto, genera un mercado desordenado que afecta las vías públicas. De ahí que los gobiernos deban regular la oferta expidiendo cierto número de placas para taxis y plataformas.
Es lo que hace la ciudad de Nueva York, donde los Uber están obligados a circular con una placa TLC igual a la de los taxis. Con una diferencia: es muy sencillo y expedito conseguir esta placa a comparación con México.
Eduardo Guerrero, con razón, menciona que las concesiones de taxis en nuestro país están controladas por mafias que se benefician de las rentas extraordinarias de una actividad económica controlada por el Estado. El asunto es, entonces, cómo romper el poder de estas mafias para que no se expanda a los coches de plataformas si el gobierno les impone los mismos requisitos.
Escuchaba ayer al secretario de Movilidad de la capital, Andrés Lajous, decir que han modificado el mecanismo para otorgar concesiones y permisos de los taxistas, de tal suerte que no tengan que recurrir a intermediarios y coyotes. Muy bien. El problema es que, como en varias partes del país, los partidos gobernantes suelen utilizar a los taxistas como clientelas electorales. La capital no es excepción. Así era con el PRD y supongo que así es hoy con Morena. No va a ser fácil que los partidos acepten la independencia de los taxistas. Y si el gobierno les exige los mismos requisitos a los coches de las apps, en una de ésas las mafias asociadas a los partidos acaban apropiándose de ellos, lo cual sería el peor resultado para los consumidores. Por eso, lo más conveniente es dejar en paz a las apps que, gracias a la tecnología, ofrecen un buen servicio a precios competitivos. Los taxistas, sin embargo, van a seguir movilizándose para defender sus intereses y presionar al gobierno a fin de que los protejan. Menudo problema.
Twitter: @leozuckermann
