Más de las lamentables imágenes procedentes de la frontera sur, en las cuales la Guardia Nacional reprime, detiene y deporta a centroamericanos indefensos, y de las absurdas declaraciones de los altos funcionarios gubernamentales repitiendo como pericos que solo buscan una migración “segura, ordenada y regular, con estricto apego a los derechos humanos”, la actuación del gobierno mexicano, en coordinación con el de Estados Unidos, confirma lo que comentamos hace más de un año.
Por un lado, Estados Unidos, como me le contó un alto funcionario en Washington hace unas semanas, para todos fines prácticos ha suprimido el derecho de asilo en su frontera sur. Ni centroamericanos, ni brasileños, ni cubanos (con algunas excepciones) ni africanos pueden recibir asilo ya. Según Eunice Rendón y su Agenda Migrante, de más de 66 000 personas devueltas a México bajo el programa MPP o Permanecer en México, y en espera de una respuesta, solo 11 han recibido asilo en Estados Unidos. Once entre 66 000.
Los solicitantes mexicanos serán enviados a Guatemala. Los guatemaltecos, a México. Los hondureños deberán pedir asilo primero en Guatemala o El Salvador; los salvadoreños en Honduras o Guatemala, junto con todos los demás: cubanos, africanos, brasileños, etc. En otras palabras, los cuatro países se han convertido en tercer países seguros, de facto o de jure. Nadie, ni siquiera los mexicanos, pueden solicitar asilo en Estados Unidos; deben hacerlo en otro país, que no sea el suyo, desde luego.
Sin la presencia y la acción represiva y disuasiva de todo el aparato de seguridad mexicano, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, el esquema de Washington no funcionaría. La estrategia de Estados Unidos es muy obvia, para los hondureños, los polleros y López Obrador. Se trata de crear condiciones tan adversas para los centroamericanos, tanto en Guatemala como en México como en la frontera norte del país, que los propios migrantes/refugiados en potencia entiendan que no tiene sentido para ellos seguir intentando llegar a Estados Unidos. Para eso, México cumple un papel clave. Tiene la obligación de sellar hasta donde pueda la frontera sur; interceptar hasta donde pueda a quienes logran pasar por el primer cerrojo y se encuentran en las distintas rutas hacia el norte ya fuera de Chiapas o de Tabasco. Luego, en los caminos al norte, seguir capturando y deportando a centroamericanos. Finalmente, con los que llegan al norte, apostarse en distintos puntos para que nadie salga de territorio mexicano hacia Estados Unidos.
Al igual que en 2014, pero con una dimensión muy superior, este diseño ha funcionado. El número de personas que entran a Estados Unidos y solicitan asilo ha disminuido radicalmente: de 130 000 en mayo a 40 000 apenas en diciembre. Al mismo tiempo se ha disparado el número de personas que permanecen en México, ya sea en el sur, ya sea en las ciudades narcoinvadidas del norte. Los que no entran a Estados Unidos, entran a México; los que entran a México y son perseguidos, permanecen en México y algunos son deportados a sus países de origen. Sin la colaboración mexicana, esta estrategia fracasaría.
Hace un par de semanas en una nota un poco escondida en la prensa norteamericana y hasta donde tengo recuerdo no apareció en los medios nacionales, el presidente del Comité Jurídico de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, anunció que iniciaría audiencias y una investigación sobre los efectos del programa MPP o Permanecer en México, y en particular las consecuencias para los centroamericanos devueltos a México y su estancia en nuestro país. Debido a que Nadler también es uno de los dos principales acusadores de Trump en el proceso de destitución hoy en el senado, estas investigaciones aún no comienzan, pero arrancarán muy pronto. A ver si el carácter decisivo del papel de López Obrador en toda esta tragedia es aplaudido por los congresistas norteamericanos o es lamentado y denunciado por ellos al igual que por muchos mexicanos.
