Estamos viviendo una situación crítica excepcional: 3.000 millones de personas en cientos de países hemos estado confinadas y los sistemas asistenciales se han visto desbordados por la magnitud e intensidad de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la COVID-19. Más de 3 millones de personas se han contagiado y decenas de miles de personas han fallecido por esta enfermedad. Por otra parte, el impacto económico provocado por el freno de las economías se está midiendo en millones de puestos de trabajo perdidos, empresas llevadas a la bancarrota, caídas de los valores en bolsa y previsiones muy negativas para los próximos meses.
La gravedad de la situación ha empujado a cientos de investigadores en todo el mundo a multiplicar sus esfuerzos para desarrollar tratamientos eficaces y seguros y alcanzar la ansiada vacuna, mientras que gobiernos de todo el mundo incrementan y reestructuran sus presupuestos en investigación. Pero al desafío científico hay que sumarle otro casi tan importante: conseguir que estos productos sean lo suficientemente asequibles para que todas las personas que los precisen, en España y en el mundo, puedan acceder a ellos.
El modelo actual de fijación de precios establece que cuando se desarrolla un nuevo fármaco clínicamente efectivo, una vez autorizados por las agencias de medicamentos americana y europea y validados por la OMS, este pasará a estar protegido por alguna patente y serán las empresas propietarias de la misma quienes fijen el precio que les convenga, amparadas en su monopolio. Entonces, puede darse el caso de que muchas personas y sistemas de salud no puedan pagar los precios fijados. Así sucedió en 1996, cuando se descubrió un tratamiento eficaz para el VIH/sida. Y así ocurrió también en 2014, cuando se descubrió un tratamiento efectivo para la hepatitis C.
Los precios fijados en los dos casos expuestos siguen sin ser asequibles aún para miles de personas. Además, los países que los pueden pagar, con enorme esfuerzo, detraen grandes cantidades de recursos muy necesarios para contratar personal sanitario o financiar servicios sociales adecuados. Así lo advertíamos en el informe Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública, publicado hace algo menos de un año por la Fundación Alternativas.
El sistema de patentes de medicamentos fue diseñado inicialmente con la justificación de financiar la investigación realizada por las empresas farmacéuticas. Pero como mostrábamos en el mencionado documento, tras décadas en funcionamiento, se ha demostrado que no solo no ha sido efectivo para aumentar la innovación, sino que además “han producido importantes efectos negativos, como marcados sesgos en la agenda de investigación (intereses comerciales y no necesidades de salud), sesgos de diseño, sesgos de interpretación y sesgos de publicación”. En la Unión Europea, tan solo se dedica a la investigación el 16% del total de lo ingresado por la venta de medicamentos, un porcentaje inferior al que se destina al marketing (23%) o a la distribución de beneficios (20%). Además, no hay que olvidar que gran parte de la investigación en biomedicina proviene de la financiación pública directa, canalizada a través de institutos de investigación, centros sanitarios, universidades, becas, proyectos, etc.
No obstante, hay otras alternativas para financiar esa investigación. Una de ellas es pagar a la empresa propietaria de la patente lo que le ha costado esa investigación, añadiendo incluso una cantidad como premio, como sugiere Stiglitz. Los costes de pagar de esta manera la investigación serían mucho menores que los costes que deberemos pagar por el sobreprecio de las patentes. A ello habría que descontar la ya mencionada financiación pública directa destinada al desarrollo de nuevos tratamientos.
¿Pero cómo podemos estimar cuál es el precio justo de un medicamento? Para ello, es bueno conocer sus costes de producción, algo que ya se está haciendo con algunos de los medicamentos que se están ensayando para el tratamiento del COVID-19 (antivirales, antibióticos, etc.). Andrew Hill et al., en un estudio publicado en el Journal of Virus Erradication el pasado 9 de abril, estiman que la media del coste de producción de un tratamiento total (entre 10 y 28 días) con alguno de los diferentes medicamentos testados no sobrepasaría los 30 dólares. En el caso del remdesivir, uno de los más prometedores hasta ahora (en los últimos días se han filtrado datos que ponen en duda su efectividad), el coste es de 0,93 dólares por día.
