Efectivamente, como ayer le anticipamos en este espacio, la fracción de Morena en el Congreso de Baja California impulsa una iniciativa de reforma a la Constitución local para que el gobernador que sea electo en el 2021 solo pueda gobernar tres años, hasta el 2024, y no hasta el 2027 como le corresponde.
La explicación de la diputada Monserrat Caballero, quien presentó la iniciativa, es que se debe “empatar» la elección estatal con la presidencial del 2024 para evitar gastos al estado.
La diputada, sin embargo, olvida el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el fallo que tiró la Ley Bonilla (el regalo del Congreso anterior para que Jaime Bonilla gobernara cinco años en lugar de los dos para los que fue electo), definió claramente el periodo del siguiente gobernador:
Será electo en el 2021, tomará posesión el primer día de noviembre de ese año y concluirá su mandato el 31 de agosto del 2027.
Si la iniciativa para reducir el mandato del próximo gobernador de Baja California es desacato o no al fallo de la Corte, ya lo dirán los propios magistrados.
Lo que más parece es una revancha del gobernador Bonilla; la oposición en la entidad asegura que se trata de una maniobra del actual mandatario para poder competir en el 2024, pero la reelección de gobernadores no está permitida.
Esta alcanza solo a diputados federales y locales, senadores, presidentes municipales y sus cabildos, pero nada más.
Para que Bonilla se pudiera reelegir tendría que haber una modificación de la Constitución Federal lo cual se ve imposible en estos momentos.
Puede ser que el gobernador le esté apostando a esa incierta modificación a la Constitución, pero más parece que es el hígado el que le ganó a la hora de decidir apoyar esa iniciativa a todas luces revanchista.
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Comenzó la etapa de la “nueva normalidad» cuyos resultados no conoceremos hasta dentro de dos semanas.
Ese es periodo de incubación del Covid-19 y, como ocurrió con la movilidad social del 10 de mayo, se sabrá si la decisión fue o no la correcta a partir del número de contagios y fallecimientos.
Ayer se registró una baja en el número de contagios pero se registró un número de muertos mayor al del día anterior.
En la CDMX, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum reconoció un leve incremento en el número de hospitalizados.
Será en los próximos días cuando veamos si el fin de la cuarentena fue precipitado o no.
Por lo pronto, la UNAM hizo un llamado para permanecer dos semanas más en casa.
Por algo será.
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Llamó la atención, por cierto, que ayer el Presidente durante su gira por Quintana Roo fue el único que no portaba cubrebocas en los eventos públicos.
Será que tiene mucha fe en su sistema inmunológico, en sus “detentes» o en la información del subsecretario Hugo López-Gatell, pero, en esta época de incertidumbre, bien haría en predicar con el ejemplo…además de no retar al neoliberal virus.
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Mientras las autoridades españolas y mexicanas resuelven los procedimientos para la extradición de Alonso Ancira Elizondo a nuestro país, el empresario podría enfrentar delitos de fraude y ocultamiento de información financiera, que se castigan con penas de entre 6 y 11 años de prisión.
Según una denuncia interpuesta el pasado mes de febrero por la empresa POP Research por el incumplimiento de pago de AHMSA por un monto de 167 millones de pesos, Ancira es acusado por fraude y ocultamiento de información, al omitir información a la Bolsa Mexicana de Valores sobre los pasivos de la empresa.
Veremos.
