Ayer en la noche, un amigo me escribió para decirme que él no entendía nada con respecto al caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, detenido y acusado de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero en Estados Unidos. Se refería a la moción del Departamento de Justicia de ese país para desistirse del caso y liberar al militar mexicano.
Entiendo y comparto la confusión de mi amigo con respecto a este caso. Para comenzar a comprender lo sucedido, vale la pena leer el documento del fiscal federal Seth D. DuCharme que le envió al juez Carol B. Amon para notificarle el desistimiento.
Afirma el fiscal que un gran jurado del Distrito Este de Nueva York encontró que había elementos para acusar a Salvador Cienfuegos Zepeda de los delitos de conspiración para traficar heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana y lavar las ganancias de los narcóticos.
Tras la detención del inculpado, continúa el documento, funcionarios del gobierno de México, que no tenían conocimiento de la acusación, participaron en discusiones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos sobre los cargos del general. “Durante el curso de esas discusiones, se informó a Estados Unidos que la Fiscalía General de la República de México había iniciado su propia investigación sobre la supuesta conducta del acusado. Como resultado de estas discusiones, el gobierno de Estados Unidos concluyó, con la concurrencia del gobierno de México, que Estados Unidos retiraría los cargos sin prejuicio, de modo que México podría proceder primero a investigar y potencialmente enjuiciar al imputado bajo la ley mexicana por la presunta conducta en cuestión, ocurrida en México”.
A continuación, en el documento, se citan una serie de precedentes judiciales que corroboran la decisión del fiscal de desistirse.
La moción no deja dudas. Aunque la evidencia de la fiscalía en contra de Cienfuegos es sólida, Estados Unidos se desiste de acusarlo porque es lo que le conviene a ese país en sus relaciones exteriores con México.
Después de discusiones entre funcionarios de ambos gobiernos, el Departamento de Justicia de nuestro vecino de norte consideró que esto es lo mejor para el interés público de su país dada la estrecha cooperación que existe entre las dos naciones para combatir al narcotráfico y procurar la seguridad de los ciudadanos en ambas naciones.
Luego entonces, de aceptar el juez la moción del fiscal, el general Cienfuegos podrá regresar a México para ser juzgado por la Fiscalía General de la República.
Se trata, sin duda, de un giro inesperado en este caso.
Cuando detuvieron al general Cienfuegos, se dijo, con toda razón, que se trataba del arresto, en territorio estadunidense, del más alto funcionario mexicano del Ejército en la historia del país. Un duro golpe, sin duda, a las Fuerzas Armadas. Nada menos que se estaba inculpando al exsecretario de la Defensa Nacional durante todo el sexenio del presidente Peña Nieto. Y el gobierno de López Obrador no sabía nada al respecto. Como todos los mexicanos, se enteraron por la prensa de la detención de Cienfuegos.
Ahora, el fiscal estadunidense se desistió. ¿Qué pasó?
Supongo que el gobierno mexicano movilizó todos sus recursos para que los fiscales federales estadunidenses se echaran para atrás. Vale la pena decir que no es nada común y corriente que el Departamento de Justicia se desista. Por el contrario, es muy difícil que lo haga, a menos que existan presiones políticas muy fuertes.
Al final del día, el Departamento de Justicia depende del Presidente. No dudo que el Departamento de Estado y la Casa Blanca hayan intervenido para liberar al general Cienfuegos en el entendido, como dice el documento de la fiscalía, que esto es lo que más le convenía a los intereses de Estados Unidos. Y es que, supongo, se estaba jugando la futura cooperación de las Fuerzas Armadas mexicanas en el combate al narcotráfico. El caso Cienfuegos podría representar un precedente para que los militares mexicanos dejaran de auxiliar a las autoridades estadunidenses.
Un último punto. Esto también podría ser un regalo de la administración del presidente Trump al gobierno de López Obrador por no haber reconocido el triunfo en las elecciones presidenciales de Joe Biden. Quid pro quo de dos presidentes que se llevan bien, son pragmáticos y saben negociar.
Twitter: @leozuckermann
