La industria restaurantera lamenta y ve con profunda preocupación el nuevo cierre de actividades del sector en el Valle de , limitándolo sólo a las entregas a domicilio. Esto provocará una crisis irreversible, impactando la economía de miles de familias. 
Lo anterior, luego de la conferencia de prensa que dio el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; en compañía de la jefa de de la , y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en la cual se anunció el semáforo rojo con el cierre de las actividades no esenciales del 19 de diciembre al 10 de enero.
Además, esta noticia se realizó sin previo aviso que permitiera a los mover o terminar su inventario. Esto provocará pérdidas millonarias ya que el sistema de delivery no es suficiente para canalizar sus productos como son los perecederos.
La industria entiende la necesidad de bajar los contagios y hospitalizaciones, por ello, desde que inició la crisis de salud, el sector restaurantero ha sido parte de la solución, implementando estrictas medidas de higiene, por lo que los establecimientos formales son seguros. Las propias autoridades han expresado que la fuente de contagios radica en las reuniones y fiestas privadas. Este nuevo cierre alienta el incremento de los eventos privados y la venta informal de comida en la calle.
Una encuesta, aplicada por la CANIRAC a del sector restaurantero reveló que, sin apoyos, casi ocho de cada 10 restaurantes podrían quebrar en las siguientes semanas, debido a la crisis provocada por la pandemia.
Tan solo a final de año se calcula que pueden cerrar en todo el país 122 mil restaurantes y perderse 450 mil empleos. En la Ciudad de México y su Zona Metropolitana hasta noviembre, habían cerrado definitivamente 13,500 establecimientos.
Contrario a lo que sucede en otras naciones de América y de Europa, en los que las medidas de confinamiento fueron acompañadas por medidas del gobierno como apoyos al desempleo, préstamos y créditos, prórroga en pago de y servicios, etc., en México no se cuenta con apoyos fiscales ni laborales, ni de otra índole por parte del Estado.
La industria, a pesar de manifestar su compromiso con el país, está sobreviviendo por su propia cuenta, donde los más afectados son los y los proveedores locales que forman parte de la cadena productiva.
Por lo anterior, se hace un llamado a las autoridades para:
  1. Llevar a cabo una declaratoria sanitaria conforme a la ley para tener un marco jurídico que nos permita llegar a acuerdos con arrendadores, proveedores y empleados.
  2. Dar apoyos fiscales como prórroga de pagos de impuestos, servicios, derechos, licencias de funcionamiento y subsidios al empleo.
  3. Que el gobierno garantice el cumplimiento del semáforo rojo para que las actividades productivas puedan reactivarse el 11 de enero.

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