Una reforma inmigratoria integral figura en la agenda estadounidense al menos desde el año 2001. En aquel entonces, el presidente de México, Vicente Fox le propuso a su homólogo George W. Bush un acuerdo migratorio entre sus dos países.
Abarcaría la legalización del estatus inmigratorio de los mexicanos sin papeles en Estados Unidos –que estimaban en unas 6 millones de personas entonces- y la ampliación paulatina, pero constante, del flujo futuro de trabajadores temporales, con una opción hacia la residencia permanente y la ciudadanía en el futuro. Los atentados del 11S dieron al traste con esa ambición.
Reapareció ya como una propuesta interna estadounidense en 2006, bajo la forma de una iniciativa de los senadores Edward Kennedy y John McCain para todos los trabajadores indocumentados, con el pleno apoyo de la administración Bush. Nunca llegó a ser votada.
En 2007, el presidente George W. Bush intentó una reforma parecida -más modesta- que tampoco prosperó. Finalmente, la llamada «Pandilla de los 8», de acuerdo con Barack Obama, sugirió una nueva iniciativa en 2013. Fue ratificada por el Senado, pero no pasó el filtro de la Cámara de Representantes.
El costo de todos estos intentos fallidos fue el fortalecimiento draconiano de los controles en la frontera, el aumento en el número de deportaciones de indocumentados, y la radicalización de las posturas antinmigratorias del gobierno de Donald Trump.
Con estos antecedentes, el presidente Joe Biden presentó la semana pasada un proyecto propio, que podrá salir bien librado en la Cámara de Representantes, pero solo con dificultades en el Senado. Es sumamente ambiciosa y generosa, y probablemente afectaría -positivamente- a más de 11 millones de personas que llegaron del exterior y que hoy viven en EE.UU. sin un estatus legal o con un estatus ambiguo o precario.
Al buscar la regularización de todos aquellos que se encontraban en este país sin papeles hasta el 1 de enero de 2021, de los llamados Dreamers amparados en el DACA, de los centroamericanos con Temporary Protected Status (TPS), de un número por determinar de trabajadores agrícolas temporales o estacionales, en los hechos eliminaría casi de un tajo a la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados o semidocumentados.
No parece incluir, por ahora, disposiciones relacionadas con los flujos futuros. Esto puede ser una gran laguna o una táctica de negociación. Todos sabemos que al día siguiente de una legalización generalizada, entrará nuevamente a Estados Unidos una cantidad significativa de personas buscando trabajo desde México, o huyendo de la violencia y la hambruna en el Triángulo del Norte. La cifra puede superar los 1.000 inmigrantes más todos los días si tomamos en cuenta la cifra de detenciones diarias de quienes intentan cruzar la frontera. La cuestión de fondo es si van a ingresar a Estados Unidos con autorización o sin ella.
Hoy en día, la gran mayoría de los trabajadores temporales que llega al país con visa lo hace bajo la figura de H-2A (para labores agrícolas) o H-2B (para servicios en general). Aunque el número de estas visas expedidas –principalmente a mexicanos- ha aumentado enormemente a lo largo de los últimos 17 años, sigue habiendo más gente que desea irse a Estados Unidos que el total de permisos otorgados. El aumento del cupo, por cierto, ha sido una demanda de los agricultores de Texas y California desde hace años, que siempre ha sido bien vista por los legisladores del Partido Republicano, aunque no por los demócratas.
Por eso, elevar de manera significativa la cifra de visas anuales de este tipo -a 1 millón en lugar de poco más de 570.000- que fue lo que se aprobó en 2019, podría atraer al contingente republicano necesario para lograr la aprobación en el Senado. En efecto, este es el dilema principal que enfrenta la propuesta de Biden. Bajo condiciones normales, necesitaría 60 votos en la Cámara Alta para ratificar la propuesta. Cuenta con 50. Si no convence a 10 republicanos, dispone de dos caminos alternativos.
Uno consiste en recurrir al “Budget reconciliation process”, o procedimiento de conciliación presupuestaria, que permite aprobar ciertas leyes con una mayoría simple de votos en el Senado. Biden, en ese caso, contaría con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris para llegar a los 51 si lo necesita. Pero no es seguro que las reglas del Senado lo permitan.
La otra posibilidad es proceder por partes. En lugar de buscar la legalización de todos en bloque, procurar más bien la regularización de los trabajadores “esenciales” en tiempos de covid-19, de los amparados por DACA, de los que tienen TPS, de los familiares sin papeles de hijos o conyuges nacidos en Estados Unidos y de quienes caen en otras categorías especiales.
Biden sabe que debe evitar los errores de Obama: esperar que los republicanos lo apoyen a cambio de nada -cosa que nunca van a hacer- sin darle a una decena de opositores concesiones importantes en otros temas. Sabe también que el asunto es decisivo, y que debe lograr algo al respecto durante su primer año de gobierno. Una vez aprobado el paquete de rescate de la economía, la reforma inmigratoria debe ser su principal objetivo. Por el bien de millones de latinoamericanos, y de cientos de millones de estadounidenses.
