Hay una frase coloquial en México que me resulta especialmente graciosa, porque lejos de su valor para entender la fantástica idiosincrasia de los mexicanos, tiene un elemento de análisis importante.
Así, cuando una situación negativa nos afecta, pero que no cometimos error ni incurrimos en dolo o culpa en su acontecimiento, por un lado, pero, por otra parte, para librarse de la misma situación, una persona nos achaca la culpa (generalmente en cuestiones que rayan en lo ridículo y sin fundamento), decimos: «¡Ahora resulta que el imbécil soy yo!».
La versión original usa una palabra análoga que no usaré en el presente.
Y si, efectivamente, a raíz de las suspensiones otorgadas por los Jueces Federales Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza contra el Decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, ¿ahora resulta que los culpables, ineptos e incultos son los privados y los propios jueces?
Desde que fue enviado por el Presidente etiquetado como iniciativa preferente, el Decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica estaba herido de muerte. Las violaciones a los Artículos 4, 5, 25, 28 y 133 de la Constitución, entre otros, estaban presentes en ese documento que, lejos de estar soportado en la propia Constitución, estaba fundado en un documento ideológico que se denominó el «Memorándum del 22 de julio del 2020».
Con la iniciativa preferente y la instrucción al Poder Legislativo de que no se «modifique ni una coma», se condenó aún más la pifia de ese documento. De haber permitido un análisis serio de su contenido, y de existir una independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y de ese ejercicio haber estudiado su legalidad, el Decreto hubiera podido ser mejorado para evitar que fuese objetado mediante demandas de amparo, como (¡oh, sorpresa!), ocurrió.
Pero, como siempre, alguien siempre tiene otros datos.
Los diversos foros, webinars, opiniones, columnas de abogados constitucionalistas, academia, abogados especializados en la materia y colegios de abogados fuimos muy claros en febrero en pedir que, si ésa era la voluntad del Ejecutivo, por lo menos se hiciera de forma correcta y respetando el estado de Derecho y la Constitución, aunque es claro que, sin reformarla, cualquier esfuerzo es inútil.
De hecho, en países con instituciones de primero, segundo o tercer mundo, para eso sirve el Poder Legislativo y no para funcionar como oficialía de partes de Palacio Nacional. Pero lejos de esa postura, ¿se ha discutido el impacto real y concreto en los costos de generación de suministro básico (casas) y calificado (industrial)? ¿Se ha discutido el impacto real en la competitividad de México como país receptor de inversiones y empleos? Lo adelanto: No.
En fin, lo anterior es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando el dogmatismo, la revancha, el populismo, el nacionalismo exacerbado, el abuso y los ataques al estado de Derecho dominan a cualquier persona. Claro, vende muy bien en un año electoral, pero no tiene sustento alguno.
Las suspensiones son consecuencia directa de pedir que «no se le modifique ni una coma». Las suspensiones son consecuencia directa de estar fundados en un memorándum y no en la Constitución. Las suspensiones son efecto directo de querer gobernar a la decimaquinta economía del mundo como si fuese un equipo de beisbol. Repito, vende muy bien en un año electoral, pero no tiene sustento alguno.
La peor privatización que está sufriendo México es la privatización de las ideas. El «bien común», «interés de la nación», «bienestar del pueblo», «interés general», no pueden ni deben ser usados para violentar el estado de Derecho.
Estamos frente a lo que autores como Gustav Radbruch denominaron en 1938 como Ley Injusta, a razón de personajes que secuestran lo que realmente significa lo que llamamos «común» y también, por eso, la suspensión tiene un fundamento concreto, pues las ideologías setenteras y el dogmatismo municipal no están contemplados en la Constitución.
De eso trata un estudio doctoral que en breve divulgaré por su innegable importancia en el contexto político, social, electoral y democrático de México.
Pero adelanto que el secuestro de los términos por una persona es brutalmente peligroso, como es francamente patético atacar a los jueces federales que, conforme a lo que les exige la Constitución y la Ley de Amparo, están haciendo su trabajo.
La respuesta de los jueces federales es una consecuencia que se les advirtió al Ejecutivo y al Legislativo, pues se les señaló que el Decreto estaba plagado de elementos de inconstitucionalidad, pero el primero ordenó, y el segundo obedeció, que no se modificara ni una coma.
Y entonces pregunto usando la frase coloquial como base: ¿ahora resulta que los ineptos son los jueces?
El autor es abogado experto con más de 20 años en el sector eléctrico y energético en México. Licenciado, Maestro y Doctorando en Derecho. Reconocido como uno de los 100 líderes del sector energético en México
