Las agendas de los presidentes Biden y López Obrador son incompatibles y el deterioro de la relación es inevitable.
Al mandatario mexicano le conviene estallar la crisis ahora, porque necesita aglutinar el sentimiento nacionalista en torno suyo antes de las elecciones, que se le complicaron más allá de lo calculado.
El gobierno de Estados Unidos no quiere hacer favores electorales con un pleito en este momento, que despertará el sentimiento ‘antigringo’, en favor del partido gobernante en México de cara a los comicios del domingo 6 de junio.
En la Casa Blanca conocen perfectamente al equipo que gobierna en Palacio Nacional, y saben que cualquier roce lo usarían para distraer la atención sobre el mal manejo de la economía, la pandemia y la seguridad, así como la negligencia homicida en la Línea 12 del Metro.
Lo comentamos en este espacio durante el proceso electoral en Estados Unidos: la agenda de Trump respecto a México era monotemática: migración. Frena a los migrantes y haz lo que quieras.
La de Biden es más amplia: sí migración, pero destacadamente medio ambiente, democracia y Estado de derecho.
El punto es cuándo van a chocar los gobiernos de AMLO y Biden. El morenista lo quiere ya, y provoca. El demócrata elude roces antes del 6 de junio.
Kamala Harris fue todo sonrisas en la conferencia con el presidente de México, y no mordió el anzuelo. Pero no hay que equivocarse, saben con quién tratan.
La provocación más llamativa en estas semanas fue la nota diplomática en la que el gobierno de México exige que EU “explique el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)”, de parte de la US Agency of International Development (USAID).
Dice el presidente López Obrador que ese financiamiento es “un acto de intervención que viola nuestra soberanía”, y que se trata de “injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo”.
¿Injerencia, intervencionismo, golpe de Estado se preguntan aquí?
Si alguna injerencia interna ha habido de un país a otro en los últimos años, fue la visita del presidente de México a la Casa Blanca a respaldar la candidatura de Donald Trump.
Apareció en un spot de la Convención Republicana, y luego en anuncios de propaganda electoral de Trump en Texas.
Biden aguanta, pero falta saber si va a resistir la presión que inicia dentro de Estados Unidos para que dé un manotazo sobre la mesa en la relación con el mandatario del sur.
El único flanco débil de la actual administración de Estados Unidos es la mala imagen que hay sobre el manejo de la crisis migratoria en la frontera con México.
De acuerdo con el prestigiado Pew Research Center, 68 por ciento de la población reprueba a Biden por el manejo de la migración en la frontera sur, debido al incremento de personas que piden asilo.
Mientras eso sucede, el gobierno de México festeja a los cuatro vientos el aumento histórico de las remesas que llegan desde Estados Unidos, enviadas por migrantes, y que en buena medida proceden de la ayuda del gobierno de Biden a quienes enfrentan los efectos de la crisis por Covid.
El gobierno de México, en cambio, no ha erogado un peso adicional para ayudar a la población y a las empresas, y se ufana del aumento de las remesas que mandan quienes han tenido que abandonar su patria.
Además de la presión del electorado a Biden –le reprueba el incremento de la migración ilegal y de las solicitudes de asilo–, está la presión de las empresas que operan dentro del TMEC y les cambiaron las reglas.
El jueves, el American Petroleum Institute –que agrupa a empresas de exploración, producción y servicios de la rama petrolera en este país– envió una carta a los secretarios de Estado, Comercio, Energía y a la representante comercial de la Casa Blanca, para que exhorte al presidente de México y miembros de su gabinete a que cumpla con sus compromisos firmados en el TMEC”.
Lo anterior, debido a que la reforma energética aprobada por Morena viola compromisos de trato justo a inversionistas y exportadores estadounidenses, señala el API.
Sí, las agendas son incompatibles, aunque se diga otra cosa de dientes hacia afuera.
Ambos gobiernos dicen coincidir en fomentar el desarrollo en la región para atacar de raíz las causas de la migración. Esas son las palabras. ¿Los hechos? México cambia reglas y ahuyenta la inversión que genera desarrollo.
Los dos gobiernos dicen coincidir en que la corrupción es un flagelo a combatir. ¿Los hechos? En opinión del presidente López Obrador, EU es injerencista y golpista por financiar a una ONG que investiga corrupción –entre muchas otras que la USAID apoya económicamente en México y el mundo.
Preocupación central de Biden –en palabras de la vicepresidenta Kamala Harris– es que en la región haya “un sistema judicial independiente, clave para lograr una democracia sana y una economía independiente” –dicho a raíz de las maniobras del presidente de El Salvador para debilitar a la Corte en su país.
Y en México se viola la Constitución para extender el mandato de un presidente de la Corte del gusto del gobierno, y se investiga al juez –a su esposa y hermanas– que concedió el amparo contra la reforma energética.
Las agendas tampoco son compatibles en el punto uno de las prioridades de Biden: medio ambiente.
México: miles de millones de dólares a una refinería y prioridad a fuentes de energía contaminantes.
Estados Unidos: aliento histórico a energías limpias y plazos para dejar de usar vehículos a gasolina.
No hay manera de entenderse.
Y de que habrá presiones, las habrá.
Lo dijo la semana pasada en el Consejo de las Américas la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, con lenguaje suave: “Vigilaré nuestros compromisos y utilizaré el acuerdo para que nuestros socios, Canadá y México, también lo hagan”.
Y enseñó por dónde viene el tiro: “Debemos reconocer que el acuerdo no avanzó lo suficiente para encarar los costos económicos de nuestros desafíos ambientales a través del comercio”.
