Además de ser un experto en salud pública, el mexicano Julio Frenk es hoy el rector de la Universidad de Miami. Hace poco conversé con él y me contó que, como hombre de ciencia, hizo un estudio costo-beneficio para tomar la decisión de cerrar o no el campus universitario en agosto del año pasado, cuando todavía no había vacunas en contra del covid-19.
Concluyeron que salía más caro cerrar que mantener abierta la universidad.
Armado con su estudio, Frenk fue a la Junta de Gobierno y los convenció de que el campus permaneciera abierto durante la pandemia. Los estudiantes tomaron sus clases presenciales durante el segundo semestre de 2020 y primero de 2021. De acuerdo al rector, los contagios fueron mínimos durante ese periodo.
Sí, salía más caro mandar a los estudiantes a tomar clases virtuales. Pero eso no quiere decir que lo presencial no tuviera también un costo alto.
Frenk me contó todas las medidas que tomaron para evitar que la universidad se convirtiera en un foco de contagio. Entre otras, la obligatoriedad de alumnos, profesores y personal de realizarse pruebas covid-19 periódicamente, todas financiadas por la universidad.
Traigo a colación esta historia porque, en la medida que se acerca el lunes 30 de agosto, fecha de comienzo del ciclo escolar, ha revivido el debate acerca de si millones de niños y jóvenes mexicanos deben regresar o no a clases presenciales.
Yo estoy convencido de que sí deben retornar.
Por muchas razones, la educación remota ya es insostenible. Las preguntas son más bien cómo hacer para que el regreso salga bien y quién va a poner el dinero.
Para empezar, las escuelas deben estar limpias y desinfectadas. Eso, obvio, cuesta dinero. Luego está el uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos regularmente y acceso a gel antibacterial. Bueno, pues estas medidas cuestan. Debe haber mascarillas gratis para la gente que las haya olvidado, agua y jabón en los baños y estaciones de gel antibacterial por toda la escuela.
Muy importante: se debe tomar la temperatura a todo aquel que entre a la escuela. Para ello se requieren los termómetros. Más dinero.
Ni qué decir del distanciamiento social. En los países donde han permanecido abiertas las escuelas se ha implementado lo que se conoce como “división de cohortes”. La idea es reducir la cantidad de alumnos en cada clase y aumentar la distancia física entre ellos. Pero, además, hay que mantener a los estudiantes en grupos definidos para reducir los contactos. De esta manera, si un niño se contagia, no hay necesidad de cerrar toda la escuela. Sólo se envía a cuarentena al grupo de la persona infectada. De nuevo, esto implica dinero para ampliar los horarios de las escuelas y más horas de trabajo del personal.
Cada escuela debe llevar un sistema de información diaria y oportuna que les permita tomar decisiones con base en la evidencia empírica. Eso también cuesta.
En internet hay mucha información de mejores prácticas para el regreso a clases presenciales durante la pandemia. No se trata de inventar el hilo negro, sino de replicar lo que ha funcionado y proveer el dinero para que las medidas funcionen.
En México estamos a unos cuantos días del regreso a clases y el gobierno no ha anunciado cómo será este proceso. Sólo sabemos que será voluntario. Los padres que sí quieran que regresen sus hijos deben firmar una carta donde asumen la responsabilidad de la decisión. Esto, en lugar de generar confianza, ha hecho dudar a muchos padres sobre las posibles consecuencias del regreso a clases.
Y el gobierno no ha dicho absolutamente nada sobre el dinero. ¿Habrá partidas extra para sufragar los gastos de medidas para evitar contagios?
Con este tema de la supuesta austeridad, serían capaces de dejar chiflando en la loma a las escuelas.
Eso sí, tendremos lo que siempre pasa en este país: una diferencia abismal entre pobres y ricos. Las escuelas privadas, sobre todo las más ricas, tendrán recursos abundantes para un regreso responsable a clases. En cambio, las escuelas públicas, sobre todo las de regiones pobres remotas, no van a tener ni un quinto y seguirán en el eterno retraso educativo al que parecen estar condenados. Una barbaridad. Sobre todo para un gobierno que ha prometido darle prioridad a los más pobres.
Ya es hora de que la Secretaría de Educación Pública le solicite al Presidente los recursos para el regreso a clases y que López Obrador los autorice. Aquí la tacañería tendría un costo muy alto. O, como reza el dicho popular, “lo barato sale caro”.
Twitter: @leozuckermann
