Ante la falta de resultados de gobierno, el presidente López Obrador sigue condenando a los gobiernos del pasado como la fuente de todos los males de este país. Los del llamado periodo neoliberal que presidieron priistas y panistas. Discursivamente, los ataca cotidianamente. Pero, cuando se trata de perseguir judicialmente a los corruptos del pasado, sólo se concentra en los panistas. A los priistas no los toca ni con el pétalo de una carpeta de investigación.
Los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht los recibieron los priistas durante la campaña presidencial de Peña y, luego, en el gobierno de éste. Así lo ha revelado el corrupto que los gestionó y recibió: Emilio Lozoya, quien fuera el encargado de relaciones internacionales de la campaña de Peña y posteriormente director general de Pemex. Según él, recibió el dinero sucio por instrucciones de Luis Videgaray y del propio Peña.
Lozoya huyó al extranjero para que no lo encarcelaran en México. La Fiscalía General de la República (FGR), entre que presionó judicialmente a su familia y le ofreció convertirse en testigo protegido a cambio de delatar a los otros responsables del caso Odebrecht, consiguió que regresara al país. Lozoya cantó y supuestamente ofreció pruebas. Hoy, el responsable de este caso de corrupción duerme tranquilo en su casa. Lo mismo Videgaray, quien está dando clases en Estados Unidos, y Peña, quien está plácidamente afincado en Madrid (alguien debería de investigar de dónde saca el dinero para vivir así).
Mientras tanto, la FGR se ha encargado de perseguir a los políticos panistas.
El exsenador Jorge Luis Lavalle se encuentra en la cárcel acusado de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Presuntamente recibió sobornos de Lozoya, con dinero de Odebrecht, para aprobar la reforma energética el sexenio pasado.
Ahora un juez ha llamado a declarar al excandidato presidencial Ricardo Anaya por la misma causa. También habría aceptado dinero de Lozoya para pasar la misma reforma.
Anaya —a quien pararon en 2018 de la carrera presidencial con otro supuesto caso de lavado de dinero y que luego, después de la elección, fue exonerado— ya ha anunciado su intención de volver a competir por la Presidencia en 2024. En este sentido, argumenta que de nuevo lo quieren sacar a la mala de la competencia, en esta ocasión el gobierno de AMLO.
El Presidente niega estas acusaciones escudándose en la supuesta autonomía que tiene la FGR. Pero algo está muy raro cuando sólo se persigue a los panistas y no a los priistas por el caso Odebrecht.
A Lavalle y Anaya hay que sumar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, otro panista que se menciona podría ser candidato presidencial en 2024. También está en la lista de panistas que presuntamente habrían recibido dinero de Odebrecht proveniente de Lozoya. Agréguese a Ernesto Cordero, Francisco Domínguez y Salvador Vega Casillas.
¿Por qué el ensañamiento de la FGR con los panistas y la delicadeza con los priistas?
A lo mejor es un asunto personal del fiscal Gertz Manero en contra de los panistas, donde nada tiene que ver López Obrador. La otra opción es que el Presidente sí está detrás de todo esto; que influye sobre el fiscal para definir las prioridades de a quién perseguir judicialmente. Si es así, es muy claro que AMLO percibe como su principal adversario, hasta enemigo diría yo, al PAN.
Y es lógico. El PAN es, hoy por hoy, el principal partido opositor de México. Domina en las regiones más modernas y urbanas del país. Su plataforma tiene resonancia en las clases medias que han sido tan afectadas durante este sexenio. Son, en suma, los que, potencialmente, pueden ganarle el poder a Morena en las urnas.
Pero hoy están descabezados. Requieren un líder que los represente en 2024. Y aunque Anaya, García Cabeza de Vaca o Domínguez no parecen tener hoy el tamaño para una eventual candidatura presidencial, pues es mejor descartarlos antes de que puedan crecer. De ahí que los quieran parar con la viejísima táctica mexicana de perseguirlos judicialmente.
En cuanto a la falta de persecución de personajes del PRI, cada vez se hace más creíble la hipótesis de un pacto de impunidad entre AMLO y Peña. Pero, además, el Presidente sabe que, para sacar las tres reformas constitucionales que pretende, va a requerir de los votos del PRI en el Congreso. Hay que tenerlos tranquilos. Mejor apapacharlos. Por eso pueden seguir tranquilos jugando golf.
Twitter: @leozuckermann
