El boletín del 12 de enero del máximo tribunal electoral del país dice: “La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos de los presentes, la sanción de 4 millones 529 mil pesos impuesta al partido político Morena por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de ese municipio, por un monto acreditado de 2 millones 264 mil 612 pesos”.
Es decir, mientras Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública, era presidenta municipal de Texcoco (2012-2015) obligaba a sus trabajadores a renunciar a parte de su sueldo para desviarlo, ilegalmente, a Morena.
En la sentencia del TEPJF SUP-RAP-403/2021 Y SUP-RAP-412/2021 ACUMULADOS que leí con cuidado se describe el mecanismo utilizado, que investigó y acreditó el Instituto Nacional Electoral (INE), y que puede resumirse de la siguiente manera. Primero, desde el inicio de la presidencia de Delfina Gómez se les “pedía” a los trabajadores del municipio “renunciar” a distintos porcentajes de su salario, y este se retenía vía la nómina. Segundo, los recursos obtenidos de esas retenciones eran entregados, vía cheques firmados por Delfina Gómez, a dos servidoras públicas que pertenecían al “Grupo de Acción Política” que, se acreditó, es parte de Morena. Tercero, ellas, a través de distintos mecanismos, los ponían a disposición del partido, que omitió reportarlo a la autoridad electoral.
Esta cadena completa fue probada fehacientemente por un monto de 2 millones 264 mil pesos, sin embargo, de la sentencia se desprende que fueron muchos millones más los que se obtuvieron y se entregaron al partido ilegalmente. Sin embrago, el rastro se pierde en el resto del dinero, porque las servidoras públicas que eran el puente cobraban esos cheques en efectivo o utilizaban distintos mecanismos difíciles de probar para entregar el dinero al partido.
El artículo 390 del Código Penal Federal define el delito de extorsión de la siguiente manera: “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa”. La clave de este tipo penal es “sin derecho obligue a otro”. Tanto la actual secretaria de educación como el partido Morena al que pertenece se han defendido con el argumento de que se trataba de aportaciones voluntarias de los servidores públicos del municipio. Dos consideraciones al respecto: primero, es absolutamente ilegal establecer una retención para fines político-electorales en la nómina de un municipio, de ahí que se acredita el elemento del tipo “sin derecho”, es decir, sin facultad para establecer esa retención; segundo, la relación jerárquica y la amenaza inminente de perder el empleo o verse afectado en éste, por negarse a una retención de naturaleza eminentemente política es suficiente para acreditar el elemento “obligue a otro”.
Así, de una sentencia de un tribunal constitucional del Estado mexicano se acredita, con pruebas fehacientes, que quien hoy funge como secretaria de Educación, extorsionaba a los empleados del municipio que presidía, para desviar, con su conocimiento y firma, esos recursos a su partido, Morena, que omitió reportarlos como parte de sus ingresos.
El TEPJF solo tiene facultades para confirmar la responsabilidad del partido y la multa impuesta a este, y no para determinar responsabilidades penales. Le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) integrar el expediente penal, para proceder contra los presuntos responsables. Sería uno de los casos más sencillos que ha tenido en años, porque el INE y el TEPJF ya le hicieron la chamba completa. Solo tiene que pedir el expediente y proceder en contra de esta red de corrupción.
Por eso es nuestra responsabilidad ciudadana insistir, sin descansar, con las siguentes preguntas: ¿Por qué sigue Delfina en su cargo de secretaria de Educación? ¿Qué espera la FGR para actuar? ¿De quién depende que decida actuar? ¿Cuántos casos más como estos, con este mismo esquema, hay o hubo en otros gobiernos de Morena? ¿Hasta cuándo seremos pasivos ante tanta impunidad?
Ya basta, es hora de exigir justicia sin descansar.
