Hoy que está de moda hablar de conflicto de intereses, escuchamos cómo el fiscal general de la República litiga directamente un caso que lo involucra. Me refiero al presunto homicidio de su hermano. Alejandro Gertz Manero está convencido que su familia política lo asesinó por la falta de cuidados cuando ya no podía valerse por sí mismo. Desde luego que está en su derecho de demandar justicia. Pero no puede él, como fiscal, utilizar a la institución que encabeza para ganar el caso. Tendría que excusarse y solicitar que un fiscal independiente lleve el asunto. No es así. Por el contrario, él mismo está liderando el caso en un clarísimo conflicto de interés.
Así lo escuchamos, con franqueza, en unas grabaciones que salieron este fin de semana. (Por cierto, resulta un escándalo que alguien esté grabando al fiscal y se hagan públicas sus conversaciones privadas; nada nuevo en este país, por desgracia).
Nos hemos enterado, gracias a las grabaciones, que la Fiscalía tiene el apoyo de tres ministros de la Suprema Corte, el tribunal que, al final, decidirá sobre el presunto homicidio de su hermano.
Desgraciadamente no nos sorprende esta revelación. Así funciona la justicia en México. Aquí no es ciega. Al revés, tiene mirada de águila. Distingue con nitidez entre las personas. Es inequitativa y llena de privilegios. Policías, fiscales y jueces la utilizan como vehículo de venganzas y/o enriquecimientos personales. Ni qué decir para detener la carrera de adversarios de sus amigos políticos.
Tenemos, en suma, una justicia que sirve a los intereses privados, no públicos.
En eso no ha cambiado nada este país. Ni con la democracia ni con el lopezobradorismo. La Suprema Corte ciertamente ha resuelto algunos casos emblemáticos tratando de corregir los excesos pero, en el fondo, seguimos teniendo una justicia basura.
Mientras que el crimen organizado controla territorios completos de la República, asesinando y extorsionando, el fiscal que los debe perseguir está concentrado en resolver el presunto homicidio de su hermano. Así sus prioridades. Y, como escuchamos, está dispuesto a todo. Quiere mantener, a toda costa, a su exparienta en la cárcel.
El gobierno de López Obrador, por su parte, usa la vieja táctica de utilizar la justicia con fines políticos. Presiona a la Fiscalía para procesar penalmente a posibles candidatos presidenciales en 2024 como Ricardo Anaya. Los otros posibles opositores toman nota.
Rosario Robles y José Luis Lavalle se presentaron muy decididos a probar su inocencia en un juzgado. Craso error. Los encarcelaron. Ahí siguen a pesar que la Fiscalía no ha probado su culpabilidad. La verdad es que su suerte estaba echada. Al gobierno de AMLO le convenía encarcelarlos, por venganza en el caso de Robles; por imagen, en el de Lavalle.
Ahora sale a la luz pública el presunto caso de tráfico de influencias y extorsión desde la mismísima Presidencia. El gobierno detiene a un abogado que sabe todos los tejemanejes de políticos corruptos del pasado. Juan Collado se defiende argumentando que lo están extorsionando. Abogados, presuntamente vinculados con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, le han solicitado dinero y las acciones de su empresa a cambio de su liberación. Collado decide denunciarlo. Se pasa, entonces, del lado de la Fiscalía. La “blanca palomita” ahora es testigo protegido.
Muy bien. El criterio de oportunidad se justifica si puede caer un pez más grande. Pero la FGR sólo acusa a cuatro abogados y un banquero, no a Scherer. ¿Por qué? ¿Lo está protegiendo su exjefe, el presidente López Obrador? La sospecha tiene fundamentos: no sería la primera vez que caerían, en nuestra justicia, los eslabones débiles de la cadena.
Igual y ni ellos porque como dice Agustín Acosta, abogado de uno de los presuntos implicados, no puede haber tráfico de influencias. Como la Fiscalía no está acusando a ningún funcionario público, pues no hay delito de tráfico de influencias. Así de lógico y contundente. Al exonerar a Scherer, el proceso no tiene ni pies ni cabeza.
Por mucho tiempo pensamos que una de las soluciones para tener una mejor justicia era la autonomía de los fiscales del Poder Ejecutivo. No ha sido suficiente. La realidad es que, aún con la autonomía, persisten las viejas prácticas de la justicia mexicana: corrupción, amiguismo, abuso de poder, ineficacia, servilismo, tortuguismo. Ahí siguen estas lacras en las policías, fiscales y jueces. El resultado es público y notorio: la justicia en México es una basura.
Twitter:@leozuckermann
