-
México es el país más peligroso para los periodistas fuera de zonas de guerra; 7 informadores asesinados desde el 1 de enero
-
Alrededor del 95% de los asesinatos de periodistas permanecen impunes
-
Los eurodiputados, preocupados por las duras críticas desde el Gobierno a los periodistas
El Parlamento Europeo pidió el jueves a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos
En una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, la Cámara destaca que «México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra». Sólo desde principios de 2022 han sido asesinados siete periodistas.
Los eurodiputados resaltan que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018: según fuentes oficiales, al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces. A ello se suma, advierte el texto, un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes.
El Parlamento «observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor». Alude, en concreto, a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.
Los eurodiputados advierten de que «la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes» y pide a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos. A este respecto, recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país.
La Cámara también apunta la existencia de «claros indicios» de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Advierte, asimismo, que las reformas constitucionales de los sistemas electoral y judicial, iniciadas por la administración de López Obrador, plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de derecho y la seguridad jurídica y muestra inquietud ante una propuesta legislativa que busca limitar la participación cívica de las ONG con financiación extranjera.
Desde presidencia se emitió un comunicado nada diplomático, buscando «defenderse» de las acusaciones y alegando que se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, donde llama borregos a los diputados del Parlamento Europeo, acusa una estrategia golpista contra la 4T, los acusa de injerencistas y les pide que se «informen y lean bien» antes de emitir su voto, recordándoles «que ya no somos colonia de nadie«.
En la mañanera AMLO dijo haber escrito el comunicado ya que la resolución del Parlamento Europeo es «calumniosa y falsa«.
Tan solo en Wikipedia se tiene el registro de 132 asesinados de 2019 a la fecha, activistas sociales que defienden causas ambientalistas, de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de los animales, derechos de la comunidad trans y LGTB, por la desaparición de personas.
De acuerdo a Reporteros sin Fronteras México se encuentra en el lugar 143 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, reporta solo en lo que va de 2022 14 periodistas asesinados -184 en total de 2019 a 2022- y considera que:
«México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios. A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad. La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles. Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado -especialmente a nivel local-, sufren amenazas e intimidaciones, y pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo.
El presidente López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, aún no ha acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad. En el ámbito económico, existe una gran concentración en el paisaje audiovisual mexicano. Los numerosos medios de comunicación comunitarios a menudo carecen de frecuencias de difusión legales y son perseguidos de manera regular.»
