El Presidente quiere reconcentrar el poder en esta institución. Pretende echar para atrás logros democráticos que nos tardamos muchos años en conseguir. Inclinar la cancha a favor del partido gobernante para las próximas elecciones de 2024, las más grandes de la historia.
Y, sin embargo, hasta hoy, se han encontrado con una gran resistencia.
Primero, López Obrador intentó reformar la Constitución para cambiar radicalmente las reglas del juego democrático. La ciudadanía salió a protestar masivamente a las calles. La oposición, en particular el PRI, tomó nota de las manifestaciones del 24 de noviembre pasado. El proyecto de regresión autoritaria no prosperó. La minoría opositora en la Cámara de Diputados votó en contra de la reforma constitucional, que quedó desechada.
Fiel a su estilo, AMLO dobló las apuestas: utilizaría la mayoría que tiene en ambas cámaras con el fin de modificar las leyes secundarias, el llamado “plan B”. No les importó que los cambios fueran inconstitucionales, como lo admitió el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.
Morena, PT y el Verde aprobaron por la vía rápida el plan B. Una vez más, la ciudadanía, indignada por un proyecto que destruía operativamente al Instituto Nacional Electoral (INE), salió a las calles a mostrar su oposición. Enviaron un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): paren el bodrio del plan B que vulnera la democracia.
El viernes, el ministro Javier Laynez Potisek, quien recibió la demanda del INE en contra del plan B, admitió el caso y ordenó la suspensión de la entrada en vigor de todas las reformas legislativas hasta que no se defina si son o no constitucionales.
Se trata de una decisión audaz justificada con “el fin de evitar la posible afectación a los derechos político-electorales de la ciudadanía derivado de la alteración operativa y presupuestaria del propio INE”.
Laynez reconoce que el plan B podría afectar la capacidad del INE, lo cual minaría el sistema democrático. Antes que se comience a desmantelar áreas críticas del instituto o despedir a personal, mejor suspender la entrada en vigor de las nuevas leyes hasta que el pleno de la SCJN decida en definitiva sobre su constitucionalidad.
Algo bueno está pasando en México.
La ciudadanía, junto con una minoría legislativa en el Congreso, frenó el primer intento de regresión autoritaria vía una reforma constitucional. La ciudadanía, junto con la decisión de un ministro de la Suprema Corte, ha suspendido provisionalmente el segundo empeño regresivo por la vía de cambios inconstitucionales a leyes secundarias.
Hay que festejarlo. A menudo nos concentramos en la impudicia de un gobierno que quiere desmantelar la democracia liberal y soslayamos que no ha podido hacerlo gracias a una combinación de movilizaciones ciudadanas y el funcionamiento de instituciones que se toman en serio su papel como contrapeso del Ejecutivo.
Pero esto no ha acabado.
El Presidente está furioso por la suspensión de Laynez. Retóricamente ha reaccionado como se esperaba: la Corte es parte de la mafia del poder, quieren un gobierno oligárquico, tienen salarios mayores al del Presidente, lo único que les importa es el dinero.
Lo importante es que ya anunciaron que impugnarán la decisión de Laynez frente a la misma Corte. Argumentan que la Constitución prohíbe a la SCJN resolver controversias constitucionales en materia electoral. Me encanta. Reforman leyes que violan la Constitución y luego se escudan en ella para decir que la Corte no puede echarlas para atrás. Tienen el descaro de decir que “el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano”. No tiene progenitora.
El plan B está suspendido. El Ejecutivo y, seguramente, el Legislativo impugnarán esta decisión y presentarán sus alegatos. Un ministro distinto a Laynez elaborará un proyecto que someterá al pleno de la Corte. La ley no establece un plazo para que el recurso se resuelva. La decisión de sostener o no la suspensión será por mayoría simple del pleno, es decir, se requieren cinco ministros más, además de Laynez, para mantenerla. Como están los números en la Corte, creo que esto sucederá, lo cual será una estupenda noticia.
Luego vendrá lo bueno: la discusión del fondo del plan B. Para declararla inconstitucional se requiere una mayoría calificada de ocho de los once ministros. AMLO le está apostando a conseguir a cuatro ministros para que el plan B quede vigente en una especie de limbo jurídico que pondría en peligro la organización de las elecciones de 2024.
Por eso, esta lucha continúa; la ciudadanía debe mantenerse alerta.
Twitter: @leozuckermann
