Este martes 18 de abril, en una votación de 8 a 3, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon como inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Con esto anularon la reforma legislativa aprobada en septiembre del año pasado en la cual se establecía que la SEDENA pasaba a tener el control operativo y administrativo de dicho órgano, el cual fue fundado con un carácter civil en 2019.
La decisión se dio luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentara un proyecto para discutir la acción de inconstitucionalidad 137/2022. Esta acción fue promovida por senadoras y senadores de la 67 Legislatura, quienes iniciaron con su redacción desde octubre de 2022.
En la sesión del día de hoy, ocho ministros votaron para anular el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En la reforma aplicada el 9 de septiembre de 2022 a dicho artículo se estableció que a la SEDENA le correspondía «ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional». No obstante, el artículo 4 de Ley de la GN sigue estableciendo que la secretaría a su cargo es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En este sentido, lo que se pretendía era que la SSPC planeara la estrategia de seguridad para la GN, pero dejaría la operatividad en manos del Ejército.
Al respecto, la ministra Ana Margarita Ríos Fajart explicó que le parece inconcebible que la SSPC tenga control de la GN cuando su operación y administración es de las Fuerzas Armadas. Desde su perspectiva, esto deja en entredicho el carácter civil de la Guardia Nacional e incluso rompe la jerarquía entre el Ejército y los cuerpos de protección civil.
Por otro lado, Ríos Fajart reconoció que la SEDENA ha sido importante para el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero aseveró que esto no significa que se deba alterar su carácter civil al mezclarlo con los mandos militares. Y, precisamente, este fue uno de los puntos centrales de la discusión.
SEDENA debe ser refuerzo, no mando último de la Guardia Nacional
Los tres ministros que votaron a favor de la unión entre SEDENA y la GN fueron:
- Loretta Ortiz Ahlf
- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
- Yasmín Esquivel Mossa
En su argumentación, Ortiz Ahlf recurrió al artículo 5o transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. En dicho artículo está establecido que el Presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 mientras la GN desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. Desde su perspectiva, esto justificaba la colaboración estrecha entre SEDENA y la GN.
No obstante, las y los ministros que votaron en contra de esta medida (entre quienes se encuentran también Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández) hicieron énfasis en que es importante recordar la diferencia entre el entrenamiento de una y otra institución. Mientras las Fuerzas Armadas tienen como objetivo eliminar a un enemigo que puede vulnerar la seguridad nacional, los organismos de seguridad pública tienen la misión de proteger a la ciudadanía con diferentes estrategias que no implican la eliminación de un supuesto enemigo.
En este sentido, las y los ministros recordaron diferentes casos de violencia ejercida por las Fuerzas Armadas en México que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En estos casos (como el de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, por mencionar solo dos ejemplos) dicha Corte ha concluido que se debe limitar al máximo la participación de las fuerzas castrenses en las tareas de seguridad debido a la violencia que emana de su entrenamiento.
Además de Loretta Ortiz Ahlf, durante la sesión de hoy en la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea también presentó sus argumentos a favor. Al respecto, aludió a que en México ya tenemos leyes para regular el uso de la fuerza pública y que puede haber instituciones que dependan del Ejército sin que esto suponga que se están militarizando. Con base en esto aseguró que el carácter civil de la GN iba a permanecer intacto, y afirmó que en todo caso no se estaba abordando la discusión sobre la militarización, «lo que sea que eso signifique».
Pese a las oposiciones, la SCJN ya tomó su decisión al respecto. Con ello, se da un paso atrás en el proceso de militarización que han advertido organizaciones como la Red Feminista Antimilitarista y Equis Justicia. Y es que, contrario a lo señalado por Lelo de Larrea, introducir el carácter militar en las instituciones civiles (o viceversa) habla por sí mismo de un proceso que deja en manos de las Fuerzas Armadas tareas que no le corresponden.
