El jueves 11 de mayo concluye oficialmente la pandemia en Estados Unidos. Por lo tanto, termina también la vigencia del llamado Título 42, que autoriza al gobierno norteamericano la deportación inmediata de personas de nacionalidad no mexicana y que entran sin documentos a Estados Unidos. Se prevé, sin mayor fundamento más que chismes y antecedentes, que la prescripción del Título 42 detonará una oleada masiva de migrantes de todos los países, alentados por polleros o autopersuadidos de que el jueves se abre la frontera, desde Matamoros hasta Tijuana.
Para ayudar a su amigo Biden, y asegurar que siga haciéndose de la vista gorda sobre todo lo que acontece en México —todo: derechos humanos, democracia, política energética, comercial, relaciones internacionales, etc.—, López Obrador ha puesto algo de su parte. Ha decidido mantener la política migratoria y de asilo que en el fondo se encuentra vigente desde 2017 (con Peña Nieto). Se trata de la decisión de recibir en México, dizque mientras esperan su audiencia o permiso para entrar a Estados Unidos, a decenas de miles de no-nacionales mexicanos. Como se sabe, ni legalmente, ni en el derecho internacional humanitario o de refugiados, algún país tiene la obligación de aceptar a no-nacionales deportados de otro país. Si Estados Unidos desea deportar a miles de haitianos o ecuatorianos, debe hacerlo a sus respectivos países o, mejor aún, no hacerlo.
A cambio, dice el gobierno desde hace meses, Washington resolvió expedir, primero, a partir de octubre del año pasado, 30 000 visas mensuales a venezolanos que las solicitaran desde su país y cumplieran con ciertas condiciones y, segundo, a partir del 1 de enero, otras 30 000 al mes para venezolanos pero también para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Si aplican las tablas de multiplicación, eso significa que este año se expedirán 360 000 visas o permisos para oriundos de esos países, y que entre octubre 2022 y el 1 de enero del 2023, se expidieron 90 000 para venezolanos. Al 30 de abril debieron haberse abierto las puertas a 210 000 nacionales de los cuatro países citados.
Algo intuye López Obrador. Dijo: “Ya se logró que Estados Unidos entregue una cantidad suficiente de permisos, de visas, y sí, puede llevar un tiempo el trámite y es más seguro, estamos ayudando al gobierno de Estados Unidos y haciéndole la respetuosa sugerencia de que no se burocratice este mecanismo, que no tarden mucho en darles el permiso o la visa, pero ya está abierto este conducto”.
Parece guardar ciertas dudas sobre lo que realmente sucede. Huelga decir que los medios mexicanos, con un par de excepciones, son incapaces de preguntarle qué pasa. Tampoco pueden investigar, o dirigirle una pregunta muy sencilla a funcionarios estadunidenses: al día de hoy ¿cuántas visas o permisos bajo humanitarian parole (el mecanismo jurídico utilizado por Biden para las 30 000 entradas mensuales) han sido expedidos realmente, y cuántos cubanos, haitianos, nicaragüenses, y venezolanos han ingresado realmente a Estados Unidos desde el 1 de enero?
Me huele a que López Obrador sabe lo que yo intuyo. La respuesta es sencilla: pocas visas, si es que alguna. La 4T extiende sus tentáculos: el programa de Biden es puro cuento. AMLO lo sabe.
