La semana pasada atestiguamos dos eventos que demuestran la radicalización del gobierno de López Obrador.
Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó la constitucionalidad de un acuerdo del Presidente, publicado en noviembre de 2021, y controvertido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai). El acuerdo definía a las obras del gobierno federal como de interés público y seguridad nacional y, por tanto, exentas de los trámites requeridos y las disposiciones de la ley de transparencia.
El pleno de la SCJN, en una votación de ocho a tres, consideró que el acuerdo en cuestión “implicaba ampliar el supuesto de reserva de información mediante un acto administrativo, y no por ley, contraviniendo la Constitución”. La Corte decidió postergar para esta semana la definición de los efectos de esta sentencia.
No obstante, López Obrador se adelantó y publicó un nuevo decreto que determina como de “seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
Es un decreto más limitado que el acuerdo original que la SCJN consideró inconstitucional. Sin embargo, se trata de una cachetada del Poder Ejecutivo al Judicial.
En estricto sentido legal, no es un desacato al máximo tribunal del país. Pero, en términos políticos, vaya que lo es.
Así, el mensaje del Presidente: “Tú, Corte, declaras inconstitucional mi acuerdo, pues ahí te va un nuevo decreto que no podrá controvertir el Inai por estar incompleto su máximo órgano directivo, de lo que yo me he asegurado con la mayoría que tengo en el Senado. Por tanto, mis principales obras seguirán exentas de la tramitología y requerimientos de transparencia. Y si acaso se llega a impugnar mi nuevo decreto, su resolución tardará meses; mientras tanto, yo seguiré construyendo sin respetar trámites y en total opacidad”.
A este decreto hay que sumar la creciente retórica incendiaria de AMLO en contra de la Corte y las manifestaciones en contra del Poder Judicial organizadas por gobiernos morenistas. Lo que tenemos es una radicalización de López Obrador en su intento por reconcentrar el poder.
Segundo evento. En la prensa ya había trascendido que el gobierno federal quería quedarse con el control de unas vías férreas en el Istmo de Tehuantepec, propiedad de Grupo México.
Al parecer, esta corporación se negó a aceptar el traspaso. El viernes, el Ejecutivo publicó un decreto que “declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en los tramos” que el gobierno de AMLO quería quedarse. Para tal efecto se ordenó “la ocupación temporal inmediata” y la indemnización en los términos de la Ley de Expropiación.
Marinos armados procedieron a asegurar la propiedad expropiada por el gobierno.
Se trata de la primera expropiación que hace López Obrador quien, en su campaña, prometió no recurrir a esta práctica. Promesa hueca porque, en realidad, todos los gobiernos democráticos expropian bienes privados por utilidad pública pagando indemnizaciones a los afectados.
Lo que en este caso llama la atención es el tiempo y la forma. Nos recuerda a otro presidente de apellido López (Portillo) quien en las postrimerías de su sexenio se radicalizó expropiando la banca y ordenando la toma militar de sus instalaciones.
Frustrados porque no les salen las cosas, los presidentes tienden a perder la paciencia y tomar decisiones más radicales.
Parece el caso con la expropiación de una de las empresas de Germán Larrea, quien estaba a punto de comprar Banamex a Citi. No sé si le quedará apetito de seguir arriesgando su dinero en México después de la expropiación de una de sus empresas.
Lo que sí sé es que, entre la cachetada a la SCJN y la imagen de las Fuerzas Armadas tomando las instalaciones de una propiedad privada, estamos frente a una radicalización del gobierno al final del sexenio. A lo mejor es parte de su estrategia electoral rumbo al 2024. A lo mejor es por la desesperación de un Presidente al que no acaban de salirle las cosas como quería. A lo mejor son ambas. En cualquier caso, habrá que abrocharse los cinturones porque viene mucha turbulencia política en México en los meses venideros..
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