La Barra de Abogados de (ABA, por sus siglas en inglés), en una carta fechada el 25 de julio y dirigida al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha instado al líder a respetar la independencia judicial y el Estado de derecho en . La misiva, firmada por la presidenta de la ABA, Deborah Enix-Ross, enfatiza la importancia de preservar la tradición democrática de México, acatando su federal, las leyes internas, los tratados, las normas y los compromisos internacionales.

El organismo, que fue fundado en 1878, manifestó su preocupación por los comentarios frecuentes de funcionarios gubernamentales contra miembros del poder judicial federal que se han pronunciado en contra del en procesos judiciales. Según la ABA, estos comentarios, a menudo hechos en conferencias de prensa y a través de las , parecen haber creado un ambiente hostil, contrariando los principios de separación de poderes e independencia judicial.

La carta recuerda que la protección de la independencia judicial está consagrada en la Constitución mexicana y en múltiples tratados internacionales de los que México es parte. Aunque reconoce las reformas legales y proyectos gubernamentales de López Obrador para transformar la vida pública en México, advierte que este proceso no debe hacerse a expensas del Estado de derecho.

La ABA no es la única entidad que ha expresado esta preocupación. Colegios de abogados, instituciones académicas y organizaciones legales en México, Estados Unidos y más allá han emitido declaraciones públicas instando a la administración de López Obrador a respetar el Estado de derecho.

La carta concluye instando a la Administración de López Obrador a garantizar el respeto por el Estado de derecho y a instruir a todos los funcionarios gubernamentales a adherirse a la Constitución mexicana, las leyes federales nacionales y los compromisos internacionales de México.

Este llamado llega después de que Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (), advirtiera sobre movimientos que intentan mermar o diluir la independencia del Poder Judicial, tanto en México como en todo el mundo, lo cual considera un riesgo para las democracias y los derechos humanos.

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