En las últimas dos semanas se ha desatado en gran parte del país, una enconada discusión entre los distintos sectores relacionados con la preparación, contenidos y distribución “secreta”, de los Libros de Texto Gratuitos, para enseñanza primaria y secundaria.
Se acusa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de romper la normatividad relacionada con la modificación de los contenidos, sin consultar de los cambios a la Asociación de Padres de Familia, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los consultores y expertos en la materia y a los gobernadores de los estados de la República.
“Los libros de texto no son documentos caprichosos, sino que deben responder a los distintos programas de estudio, sobre todo de la educación básica”, opinan expertos asombrados por la rapidez con la que se pretende distribuir los millones de libros modificados “en lo oscurito”, para el próximo ciclo escolar, a iniciarse el próximo 28 de agosto de este año.
Por principio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no realizó ninguna consulta para elaborar los programas de estudio y tampoco ha publicado los programas en el marco del Plan Nacional de Educación de esos programas. Es decir, no hay nuevos programas de estudio.
El Artículo Tercero de la Constitución y la Ley General de Educación en particular, son resultado de muchos años de lecciones educativas para lograr consensos, con el propósito de que, la educación, no sea una imposición, sino que se aplique en la práctica, en un esquema compartido entre los distintos sectores que intervienen en la planeación escolar.
Todo el esquema de preparación y edición de los nuevos textos escolares, ha sido “un plan con maña”, empezando por la nula capacitación del magisterio nacional, frente a cambios en los contenidos escolares. Por supuesto que no ha habido “pruebas piloto” previas, a fin de corregir posibles errores –que hay en abundancia en la nueva edición—y, en consecuencia, hacer ajustes antes de iniciar el nuevo ciclo escolar.
Es de señalar que todo el proceso documental de los nuevos libros, de cómo se crearon o de qué métodos se valieron las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para “meter mano” a los contenidos, y de qué manera se capacitó a los maestros de las escuelas primarias y secundarias de todo el país, “ha quedado reservada hasta por un periodo de cinco años”.
En realidad, no se trata de que el tiempo “se les haya venido encima” a las autoridades de la SEP, sino que, una vez que se supo de las intenciones de las autoridades educativas, a principios de julio, la Asociación Nacional de Padres de Familia, interpuso un amparo ante autoridad de justicia competente, y consiguió una suspensión definitiva. No hizo lo propio antes, porque todo permaneció en secreto.
Un juez ordenó a la Secretaría de Educación Pública frenar todo el proceso, e instruyó que se debían revisar los programas educativos y verificar el contenido de los libros, antes de que se entregaran para su distribución masiva. El resultado fue que imperó el criterio del presidente de la República, López Obrador y, desde el 12 de julio próximo pasado, se inició la distribución a nivel nacional, salvo en los estados de Guanajuato y Jalisco, mientras que en Chihuahua se procedía a seguir la misma línea de suspensión.
Entre millones de maestros y padres de familia, existe una gran preocupación por el desconocimiento de qué pretende el gobierno de López Obrador, cuando escasamente le queda un año de gobierno, sobre todo que las modificaciones de los libros se ubican en Matemáticas, Geografía y Ciencias Biológicas, cuya enseñanza será mínima y distorsionada; aumentará en Ciencias Sociales, sin precisar cuál será la ruta.
El actual director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga (no se sabe su segundo apellido, al parecer no tiene madre) acusa que quienes desean frenar la distribución de los Libros de Texto Gratuitos, son pseudo-intelectuales, y ha menospreciado a expertos y especialistas en materia de educación. El 28 de julio, el presidente afirmó que “los libros de texto se distribuirán, y esta orden se cumplirá incluso en desobediencia a una orden judicial”.
La educación en todos los sentidos en la administración de López Obrador, sobre todo en el ámbito de la Secretaría de Educación Pública, ha sido un verdadero desastre. Los titulares de esta dependencia, cambiaron hasta en tres ocasiones. Inició el sexenio Esteban Moctezuma Barragán. Sencillamente no funcionó en esa encomienda presidencial. Ahora mismo es embajador de México en Estados Unidos, sin nada sobresaliente.
Lo sustituyó en la conducción de la SEP, la profesora de Primaria, Delfina Gómez Álvarez (sin ningún parentesco con Pablo Gómez Álvarez, el flamante fiscal de la UIF, Unidad de Investigación Financiera, del gobierno federal) y muy capaz fósil por muchos años en la otrora “Escuela Nacional de Economía” de la UNAM).
La maestra Delfina “no dio una”, y salió frustrada por no haber podido descontar parte del sueldo de los profesores –como lo hizo con los trabajadores del Municipio de Texcoco, cuando ocupó la Presidencia Municipal—a fin de aumentar los caudales para la “coperacha”. Pronto “aterrizará” en la gubernatura del estado de México.
Otra maestra llegó a la titularidad de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, sin haber realizado méritos profesionales en materia educativa. Fue directora de Gestión Administrativa en la Oficina de la Presidencia, en Palacio Nacional.
Ha tenido que “tragar sapos” por la imposición de Marx Arriaga como director general de Materiales Educativos de la SEP, ayudado por un ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza, especialista en doctrina socialista (decir comunista sería mucha pretensión), aprendida durante años y años con Chávez y Maduro. El primero fallecido como presidente de Venezuela hace algunos años, y el segundo, actual mandamás en el país sudamericano.
Loaiza fue director en su natal Venezuela de la Biblioteca Nacional de Venezuela y del Sistema Nacional de Bibliotecas.
Durante todo el tiempo de gobierno de López Obrador, no ha habido ninguna evaluación de programas o algo parecido, de “La Escuela es Nuestra”. Tampoco del valor y de la cantidad de becas para estudiantes de escasos recursos económicos. Igualmente, no se sabe qué ha pasado con las “Universidades Benito Juárez”.
Estos son algunos ejemplos de los errores contenidos en los nuevos libros de texto: en el libro Nuestros Saberes para tercer año de primaria se señala en la página 18 que el Benemérito de las Américas Benito Juárez García nació el 18 de marzo de 1806 y no el 21 de marzo fecha real de su natalicio.
En el mapa de la República mexicana se documenta que el estado de Guanajuato es Querétaro y Querétaro es Guanajuato, mientras que en el libro de matemáticas existen cuantiosos errores en conceptos y términos científicos.
Para finalizar, durante la pandemia de Covid 19, de un total de niños que cursaban la instrucción primaria, de 25 millones de alumnos, transcurridos dos años y medio de precaución, no regresaron a las aulas alrededor de 5 millones de estudiantes. De ese saldo, el señor presidente no ha hecho ningún comentario.
