Más de 110 mil personas están reportadas como desaparecidas en México, una tragedia que llena de dolor e incertidumbre a miles de familias. La respuesta de las autoridades ha derivado en impunidad e indolencia al aplicar la ley y reparar los daños a las víctimas.
Ante este panorama los estudiantes de la Maestría en Derecho, en particular y del ITESO en general, están frente al reto de aportar soluciones, mejorando el marco legal existente, y de ser empáticos ante el dolor y acompañar a las familias.
A éstas y otras conclusiones llegaron Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ) de esta casa de estudios, y Santiago Corcuera Cabezut, académico de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, durante la conferencia “Implicaciones jurídicas de la desaparición de personas”, convocada por la Maestría en Derecho del ITESO.
En opinión de Nuño, la impunidad en la desaparición forzada tiene mucho que ver con las presiones e intimidaciones que reciben las víctimas, gran parte de las cuales deciden no denunciar. “Hay estructuras oficiales y no oficiales de impunidad muy complicadas de mover y que complejizan el problema”.
“En Jalisco y otros lugares pasa lo mismo: alguien interpone una denuncia y al salir de la fiscalía le hablan por teléfono para preguntarle por qué fue. La amenaza y el riesgo hacen que la gente no denuncie”, señaló la académica.
La intimidación que sufren las víctimas de desaparición forzada se corrobora con el siguiente dato de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe): 93 por ciento de todos los delitos no se denuncian. Por lo tanto, hay muchas más personas en esta situación que las reportadas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Corcuera dijo que hay una histórica falta de voluntad de los gobiernos de México para reconocer el problema de la desaparición forzada y trabajar en ello. El actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es la excepción.
“México es uno de los países que presentan la mayor gravedad en este tema en el mundo, así que el derecho tiene que plantear soluciones a ese problema”, señaló. “Pero por muy bien hechas que estén las leyes, si no se llevan a la práctica y no hay voluntad por parte del Poder Ejecutivo, quien tiene a su cargo su exacta observancia, se convierten en letra muerta”.
Jalisco ocupa el primer lugar nacional en el número de víctimas de desaparición forzada, con casos recientes que han conmocionado a millones de mexicanos, como la desaparición de los jóvenes Dante Cedillo, Diego Lara, Jaime Martínez, Roberto Olmeda y Uriel Galván en Lagos de Moreno, o los ocho trabajadores de un call center en Zapopan que fueron vistos por última vez con vida a mediados de mayo.
Militarización y rechazo a las víctimas
Ambos académicos coincidieron en que la legislación vigente en desaparición forzada es un acierto en lo general, aunque con varios pendientes por resolver. Sin embargo la negativa de los gobiernos y la desestimación de las recomendaciones internacionales, especialmente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), neutralizan las bondades que puede tener la ley.
En México, la legislación que regula y castiga el delito de desaparición forzada es la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en 2017.
Un primer problema es la militarización de la seguridad pública en el país con acciones como la operación de la Guardia Nacional, con el riesgo de violación a los derechos humanos que esto implica. El más reciente Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recomienda “un plan de retiro ordenado” de las fuerzas militares; sin embargo, la respuesta del gobierno federal ha sido negar el problema y lanzar acusaciones falsas.
Un segundo problema es denegar el acceso a la justicia a las familias de víctimas de desaparición forzada. Uno de tantos ejemplos es el caso de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron al menos 120 cuerpos de migrantes en 2011. Los familiares tuvieron que recurrir a un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se les reconociera como víctimas y así tener justicia y acceder a la reparación del daño, algo que se les concedió en 2016.
Un tercer problema es la indolencia de los congresos estatales para armonizar sus leyes de desaparición forzada con la legislación federal. Jalisco, por ejemplo, tardó hasta febrero de 2021 (más de tres años) en aprobar su Ley de Personas Desaparecidas a partir de la vigencia de la Ley General de Desaparición Forzada. Dos años y medio después, familiares de personas desaparecidas denuncian que la ley no se aplica y la autoridad es omisa.
En relación con los condiciones por mejorar en materia de aplicación de la ley, tanto Nuño como Corcuera señalaron que existe saturación en las fiscalías especializadas por el aumento de casos de desaparición forzada. También hay abogados que cobran de manera excesiva a sus representados y, por otro lado, hace falta instruir a los Ministerios Públicos para que busquen a las personas desaparecidas en lugar de enfocarse en quién o quiénes pudieron cometer el delito.
“Este país no puede más y un reflejo de la inseguridad y la violencia son las desapariciones forzadas”, sentenció Alejandra Nuño.
¿Qué pueden hacer quienes estudian Derecho?
Los panelistas señalaron que trabajar al lado de las víctimas de desaparición forzada también es una labor emocional desgastante y que requiere apoyo psicológico. Sin embargo lo peor que se puede hacer es vivir desde el privilegio y ser indolente ante la tragedia y el dolor.
“La anestesia ante la tragedia me parece una enfermedad psicológica gravísima y profunda que está padeciendo nuestra sociedad, y por desgracia nosotros, las personas más privilegiadas de la sociedad, somos las más indolentes, porque nos sentimos muy seguras y pensamos que no nos va a pasar nada”, comentó Corcuera. “No estamos sólo para enterarnos de lo que pasa: hay que preguntarse ‘¿Qué hago?’ y ‘¿Qué se puede hacer?’”.
Nuño invitó a los estudiantes de la Maestría en Derecho a siempre actuar con la mejor intención y creyendo que se puede ser parte de la solución al problema aportando un granito de arena. “Hay que trabajar diciéndose ‘Hice lo que pude y con la mejor intención de cambiar este mundo’”, expresó.
El miércoles 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
