- Prevalece la inestabilidad en la vida pública
- Hace falta que López Obrador ponga fin a sus “conferencias del odio”, de incitación a la violencia, al enfrentamiento
- A lo largo de este sexenio ha querido desaparecer a la SCJN, al INE, al TRIFE, a la CNDH, a la JLCA, a la CRE. Organismos garantes de la transparencia en las funciones del gobierno
En gran parte de la población mexicana existe la impresión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara entre sus seguidores, un movimiento social que le permita mantener el mando de la administración pública, más allá de su tiempo constitucional, y continuar por tiempo indefinido con su política de “abrazos, no balazos”; gobernar junto con el Ejército y, en un esquema de complicidad abierta, lograr que el Congreso de la Unión apruebe la estrategia gubernamental, sin importar que se viole nuestra “Carta Fundamental”, la Constitución.
Para nadie es un secreto que López Obrador sigue una tendencia de desintegración de los partidos políticos que han gobernado en nuestro país. De hecho, lo logró al momento de asumir la Presidencia de la República con su partido Morena, y a costa de desmantelar las instituciones gubernamentales; dar un manejo monopólico al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, y crear las condiciones para continuar con la mayoría de gobiernos estatales, de un total de 32 en el país.
A lo largo de más de cinco años, el presidente López Obrador ha realizado esfuerzos extraordinarios para abatir al mínimo, incluso, las funciones y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), considerada jurídicamente “custodio de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, y punto de equilibrio entre los Poderes de la Unión.
El mismo propósito persigue con organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estos organismos son garantes de la transparencia en las funciones del gobierno.
López Obrador, desde que inició su gestión al frente del Gobierno de México, no comparte las funciones de la Administración Pública con las 19 Secretarías de Estado y alrededor de un millón 600 mil funcionarios de alto nivel, de estructuras medias y, de allí para abajo, hasta empleados y trabajadores de todos los puestos que se acostumbran en las dependencias públicas. Si acaso, da chance en sus “conferencias mañaneras”, para que algún funcionario aclare parte de sus funciones y avances en diferentes programas, relacionados con señalamientos que él ya se encargó de “informar”.
Sin lugar a dudas, López Obrador ha cometido fallas, errores y omisiones que no se justifican en un Presidente de la República. Un caso lamentable –entre miles de decisiones unilaterales—es el haber “metido su cuchara” en el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mossa, por el solo hecho de ser la esposa de su amigo cercanísimo, José María Rioboó, el empresario que construyó parte del “segundo piso del periférico”, cuando el señor López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se desató un escándalo por la falsedad de la tesis de licenciatura de Esquivel, que aún no termina.
Otra medida de López Obrador que da fe de sus intenciones “de estar detrás de la próxima presidenta de la República” –de ganar su candidata– es lo que ocurrió en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace pocas semanas. Después de que el Senado de la República determinó improcedente el nombramiento de la ministra que sustituirá a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte –quien había renunciado voluntariamente, faltando un año para concluir su periodo de 15 años– el presidente, de “motu proprio y con la mano en la cintura”, se dio el lujo de nombrar a Lenia Batres Guadarrama.
Batres fue la abogada que menos votos obtuvo en el Senado de la República durante el proceso de votación de dos rondas de selección, con decisión negativa, de manera que su nombramiento para ocupar el espacio de Zaldívar en la Corte, estuvo a cargo del Presidente de la República, cumpliendo así la primera medida de facto, que sólo podría acreditarse a un dictador.
Una vez que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, renunció tras 14 años de desempeñar ese cargo en la SCJN, presentó sus “cartas credenciales” para incorporarse al equipo de asesoría de la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.
Lenia Batres, en su toma de posesión de su encargo, repitió las consignas que López Obrador ha promovido desde hace tiempo. Destacan, entre otras equivocaciones, que los ministros, magistrados y jueces, sean electos por voto popular. De ser así, esto equivaldría a destruir los principios vitales de nuestra Constitución. El gobierno de todo país democrático, como aún lo es México, requiere de contar con organismos autónomos, que vigilen que los gobiernos no cometan acciones más allá de lo que permiten las leyes. Lo contrario ocurre en gobiernos autárquicos, dictatoriales, también llamados “de facto”.
Hay que señalar que el gobierno de AMLO ha fallado en cuanto a impulso del desarrollo social, sanitario y económico de México. Todos los mexicanos somos testigos de que el sector de la Salud, está pésimo. “No ha dado pie con bola”.
El mal manejo de la pandemia de Covid 19, provocó la muerte de 800 mil compatriotas en sólo tres años, de 2020 a 2022. Destruyó las instituciones de Salud, primero, con la desaparición del Seguro Popular; en su lugar, creó el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), que no funcionó y lo eliminó.
Sin embargo, insistió en cargar al IMSS, que es una institución formada por el sector empresarial, el propio gobierno y el sector obrero, ahora le añadió el servicio médico para quienes integran el área de Bienestar. Actualmente se denomina IMSS-Bienestar.
La seguridad es otro tema que tiene a los mexicanos preocupados por la generalización de la delincuencia organizada y el aumento de la narco-violencia. No hay estado de nuestra República que se escape de la furia de muertes violentas que ocurren día con día. A estas fechas, van más de 174 mil personas que han perdido la vida violentamente en estados del norte, del centro, del este y oeste.
Por otra parte, no hay que omitir que México es un país orientado a la militarización. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, se han convertido en espectadores de la creciente violencia que afecta a más de 20 estados de la República. Las policías estatales y municipales, se han declarado incapaces de contener la muerte sucesiva de ciudadanos.
Hace falta que el presidente López Obrador ponga fin a sus “conferencias del odio”, de incitación a la violencia, al enfrentamiento, a las denuncias públicas sin apegarse a lo que indica la Ley, sobre todo acusaciones “sin tener los pelos de la burra en la mano”.
Finalmente, es necesario que cada secretario de Estado, presente un informe anual de sus actividades, a fin de que el pueblo se entere de que la administración pública no trabaja como debiera. Por ejemplo, que se dé cuenta de que México ha perdido la autosuficiencia alimentaria; que cada vez se importa más maíz, más trigo, frijol y arroz. También, carne de res y cerdo, leche y huevo.
Tenemos un campo a la deriva, con menor producción, más importaciones y una mayor incertidumbre en la base productiva agrícola nacional debido al desmantelamiento de instituciones y a prohibiciones absurdas como la del glifosato que, de concretarse el 1 de abril próximo, dejará a los campesinos sin una herramienta tecnológica indispensable para la producción de alimentos.
Que se informe también que, en México, se ha abatido la construcción de obras hidráulicas de grande, mediana y pequeña irrigación; obras para abasto de agua potable a las comunidades rurales y urbanas.
