Pareciera que se pusieron de acuerdo López Obrador y un buen número de columnistas, por primera vez en mucho tiempo, si no es que en la historia. Todos concuerdan que la revelación de Tim Golden en ProPublica sobre la entrega de 2 a 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador de 2006 refleja un hartazgo con el actual presidente por parte de su homólogo en Washington, una amenaza o una conspiración (“un compló”), debido al creciente descontento en Estados Unidos con el gobierno de México. Los motivos de la embestida de la DEA o de la Casa Blanca y el Departamento de Estado varían. Para López Obrador, son consideraciones electorales y venganzas de la DEA por diversas actuaciones suyas en los últimos años. Para otros, se trata de respuestas ya sea al apoyo de López Obrador a Trump en la contienda electoral estadounidense, ya sea una advertencia de que ni se le ocurra utilizar el flujo migratorio para amenazar a Biden o apoyar a Trump antes de las elecciones. Por mi parte, sin contar con certeza alguna al respecto, no creo en ninguna de estas teorías.
Como ya lo explicó el propio Golden en una entrevista, comenzó a trabajar en este artículo hace varios meses. Forma parte de una especie de serie de notas, que arrancó en diciembre de 2022, sobre la detención de Cienfuegos (para la revista dominical de The New York Times) y siguió en enero de 2023 con su investigación sobre García Luna y su detención en Estados Unidos (para ProPublica también). Nadie le giró instrucciones de atacar a López Obrador la semana pasada. Es obvio que Golden dispone de fuentes dentro de la DEA, del resto del gobierno de Estados Unidos, y en particular del Departamento de Justicia y su Eastern District de Nueva York. Los tres artículos citados hacen gala de dichas fuentes, y seguramente desde hace tiempo la DEA le trae ganas a López Obrador. Se ardieron los cowboys de la Agencia Antidrogas por su defensa exitosa de Cienfuegos, pero también por su falta de cooperación con ellos en el combate al fentanilo, por lo menos hasta hace poco.
Golden y muchos norteamericanos de buena fe, sin embargo, traen su propia agenda con la administración Biden y su política hacia López Obrador. De alguna manera, por nostalgia, cariño, admiración o respeto por México, les disgusta el cinismo de Washington frente a AMLO, y viceversa.
Decía Golden hace un año: “El gobierno de Biden ha tratado de hacerse de la vista gorda. El control que México mantiene sobre el flujo de indocumentados, que comenzó como una humillante concesión a las amenazas arancelarias del presidente Trump, le ha dado a López Obrador tanta influencia en la relación bilateral como la que ha tenido cualquier líder mexicano en décadas. Con un modesto movimiento de las tropas que custodian las fronteras sur y norte de México, podría liberar a una cantidad suficiente de migrantes como para desencadenar una crisis política en Washington. Tal es la deferencia hacia las sensibilidades mexicanas, que llegó un momento en que se les advirtió a los funcionarios de la DEA que no utilizaran la frase ‘cárteles mexicanos’ en sus declaraciones públicas”.
Lo repite Golden ahora, en su nota sobre López Obrador: “La administración del presidente Joe Biden ha sido inamovible en su resistencia a criticar las políticas de seguridad de López Obrador, rehuyendo enfrentamientos aun cuando el presidente mexicano ha atacado públicamente a las agencias policiales estadounidenses, tachándolas de mendaces y corruptas. Aunque la explosión del fentanilo presenta una preocupación creciente en Washington, puede que sea menos determinante para la reelección de Biden que frenar a los inmigrantes en la frontera sur —un desafío en el cual la cooperación de López Obrador es esencial”.
Que no haya conspiración no significa que las tesis de Golden no sean ciertas, aunque como él mismo confiesa, no son concluyentes. Agrego tres datos a lo que afirma el excorresponsal del NYT en México sobre el financiamiento del narco a la campaña de López Obrador en 2006.
El primero proviene del artículo del mismo Golden sobre Cienfuegos: “A los pocos meses de iniciada la administración Biden, algunos de los fiscales del Distrito Este propusieron volver a acusar a Cienfuegos de nuevos cargos. Habían reunido algunas nuevas pruebas importantes: ahora contaban por lo menos con tres traficantes que afirmaban haberse reunido directamente con Cienfuegos, en distintos momentos y en diferentes partes de México, para hablar de la protección de sus operaciones de narcotráfico. Tenían a otros testigos que podían arrojar luz sobre los supuestos tratos del general con los H., pero los funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron la idea de un nuevo gran jurado”.
El segundo abarca el multicitado, incompleto y sospechoso intercambio entre el abogado de García Luna, Cesar de Castro, el testigo protegido Rey Zambada y el juez Cogan, en el juicio de Brooklyn. Como escribí hace un año: “El abogado De Castro intentó sacarle a Zambada más detalles sobre una acusación que él había formulado en dos ocasiones anteriores. Se trata de los ya famosos 7 millones de dólares que Zambada dijo, tanto en sus entrevistas con autoridades norteamericanas para volverse testigo protegido, como en el juicio del Chapo, haber entregado a Gabriel Regino, para la campaña de López Obrador de 2006”. La Fiscalía Federal objetó el interrogatorio de De Castro, y según el relato de Vice News, aduciendo que la línea de interrogación involucraba a un presidente de México en funciones que podría generar problemas de política exterior. Cogan le dio la razón a la fiscal, e impidió que Zambada respondiera.
Tercero: en 2009, un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México me confió que su gobierno sabía que el plantón de López Obrador había sido parcialmente financiado por el crimen organizado, pero que no harían ni dirían nada al respecto. Que cada quien saque sus conclusiones de esta concatenación de hechos. Y de la posible disculpa de Biden a su “BFF”.
