Efectivamente, México es un país surrealista. En pleno proceso electoral, a menos de cuatro meses de ir a las urnas, en lugar de estar discutiendo la agenda de los posibles gobiernos entrantes, estamos debatiendo la agenda del gobierno… saliente. Sí, el que ya se va. El que deja el poder el primero de octubre próximo.
Parte de la explicación tiene que ver con nuestra estúpida ley electoral, que ordena un periodo de intercampañas en el que los candidatos presidenciales no pueden presentar propuestas. Ah, pero todos los demás sí pueden hacerlo, incluyendo el Presidente, quien claramente quiere que gane su candidata.
Muy vivo, López Obrador está utilizando la absurda veda para hacer campaña a favor de Morena y Claudia Sheinbaum. Ha enviado veinte propuestas de reformas constitucionales para que las discuta el Congreso. Surrealismo puro y duro: el gobierno que está a punto de irse pretende reformar radicalmente la Constitución e imponerle un sello ideológico propio.
No tienen los votos suficientes en el Congreso, pero eso da igual. El Presidente gana con la sola discusión de sus reformas en los medios. El que yo y todos los comentaristas políticos estemos analizando este tema representa un triunfo para Palacio Nacional.
No importa el fondo de los mil quinientos cambios que está proponiendo López Obrador en el ocaso de su sexenio. Eso es lo de menos. Ahí hay de todo, como en botica. Desde prohibir los vapeadores en la Constitución hasta desaparecer completamente la representación proporcional en el Poder Legislativo.
El paquete, sin embargo, sí tiene un fuerte componente ideológico. Lo podríamos caracterizar como un proyecto de concentración de poder en el Ejecutivo federal, con claros tintes estatistas.
Por un lado, las reformas diseñadas para cambiar la forma como se integran la Cámara de Diputados y Senadores, la elección directa de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial y la desaparición de los organismos autónomos de regulación del Estado para pasar sus facultades al Ejecutivo, representa una clara intención de concentrar el poder en la Presidencia de la República.
El partido más fuerte del país, que hoy es Morena, tendría la posibilidad de controlar los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), regularía aspectos torales como la competencia o no competencia en diversos sectores económicos y decidiría directamente qué información gubernamental tendría que transparentarse a la ciudadanía.
Por otro lado, hay una serie de reformas que se justifican, como la recuperación del Estado en materia económica. Proponen hartos programas sociales de un presunto Estado de bienestar. Muy bien, pero no explican cómo los van a financiar. Se inventan fondos con dineros hipotéticos, como en el caso de las pensiones, que, en el mejor de los casos, alcanzaría para pagar las de un año.
Además, pretenden el regreso del intervencionismo directo del Estado en diversos sectores económicos como el eléctrico y ferroviario. Empresas paraestatales que operen en estos mercados. Se les olvida lo malo que ha sido el Estado mexicano administrando negocios que siempre terminan en pérdidas que nos acaban costando a los contribuyentes. Tan sólo hay que ver el derroche que han hecho este sexenio con Pemex.
Celebro que AMLO y compañía no escondan ni su intención de concentrar el poder ni su estatismo trasnochado. La propia candidata presidencial de Morena ha dicho que las reformas presentadas por AMLO serán la base de las propuestas de su campaña. Perfecto. Ya sabemos a qué le tiran.
La oposición tendrá que presentar su propio proyecto que, supongo, debería ser por la continuidad de un régimen democrático liberal de división de Poderes y de economía de mercado regulada por el Estado en ciertos sectores donde pueden existir fallas del mercado.
Un último apunte. Cuando el entonces candidato presidencial López Obrador vino al programa de Tercer grado hace seis años, se le preguntó si estaba pensando en una nueva Constitución, tomando en cuenta que las otras tres grandes transformaciones históricas del país (Independencia, Reforma, Revolución) terminaron con la redacción de una nueva Carta Magna.
Respondió que no. Para él, México no requería otra Constitución. La que había, servía. Es más, dijo, en su caso propondría pocas reformas constitucionales. De ganar, con el poder que tenía el Ejecutivo federal, tendría los instrumentos suficientes para llevar a cabo los cambios de su llamada “Cuarta Transformación”.
Cinco años después, ahora está proponiendo, no una nueva Constitución, pero casi. Justo cuando está a punto de dejar el gobierno ha cambiado de opinión. ¿Un poco tarde no?
X: @leozuckermann
