- Elizabeth Sánchez González, insiste en incurrir en conflictos de interés y plena opacidad en la contratación de empresas
- La consejera presidenta del IEEPCO fue suspendida el año pasado, incluso, encarcelada por incurrir en conductas violatorias de las normas vigentes
A pesar de haber sido suspendida, sancionada e, incluso, detenida por incurrir en conductas violatorias a las normas vigentes, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, insiste en incurrir en conflictos de interés y plena opacidad en la contratación de empresas que han tenido graves incumplimientos en la proveeduría de material y documentación electoral.
Sin importar lo que ha ocurrido en algunos otros estados, Elizabeth Sánchez González ha decidido, de nueva cuenta, violar diversas normas, incluido el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), diseñando reglas para las licitaciones, muy cuestionables y a modo, para favorecer a empresas cercanas a sus intereses.
Esta manera de actuar pone en riesgo las elecciones y el derecho de los ciudadanos de Oaxaca a ejercer su voto y hace evidente la falta de legalidad y transparencia en el seno del IEEPCO.
Resulta que la empresa Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., de José Antonio Carranza, señalada por sus reiterados incumplimientos, se verá favorecida con un contrato que ascenderá a 250 millones de pesos, lo que está generando rechazo y división dentro del propio Consejo General del IEEPCO.
Hay que recordar que este abierto favoritismo ha sido reiterado a favor de Formas Finas y Materiales, e impulsado por la propia presidenta del Instituto Electoral Oaxaqueño. Por ejemplo, en el año 2021, dicha empresa firmó un contrato por cerca de 90 millones de pesos con el IEEPCO, mientras que en el 2022 obtuvo de nueva cuenta un nuevo contrato por más de 50 millones de pesos.
Ahora, la presidenta Elizabeth Sánchez González está a punto de otorgar un nuevo contrato a la referida empresa por más de 200 millones de pesos, cuando en el mercado hay empresas que cuentan con mejores precios, instalaciones, capacidades y equipo para cumplirle, en tiempo y forma, a los electores oaxaqueños.
En este punto vale la pena recordar que la consejera presidenta del IEEPCO fue suspendida el año pasado, sancionada e, incluso, encarcelada por incurrir en conductas violatorias de las normas vigentes.
Por ejemplo, en septiembre de 2023, la Contraloría Interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ordenó la suspensión temporal de la presidenta, Elizabeth Sánchez González, por el presunto desvío de más de 19 millones de pesos. De acuerdo con una auditoría realizada por el Órgano de Control Interno del Instituto (OIC), a cargo de Salvador Cruz Rodríguez, la funcionaria habría incurrido en una infracción administrativa con relación al presunto desvío de recursos.
Sánchez González, al tener la titularidad del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, “no cumplió con las formalidades establecidas para el manejo del presupuesto asignado a este órgano electoral”, dice el documento.
El informe de la Contraloría señalaba que se realizaron 56 observaciones y recomendaciones sobre un monto auditado de 50 millones 776 mil pesos, de estas 19 fueron solventadas, 22 fueron parcialmente satisfechas y 15 no fueron solventadas, las cuales ascienden a 19 millones 975 mil pesos.
Posteriormente, una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), ordenó su reinstalación, misma que generó polémica entre los integrantes del Instituto Electoral oaxaqueño.
Lo que está ocurriendo con la empresa Formas Finas y Materiales en la licitación de este año 2024, ha generado grietas y reacciones diversas en el seno del IEEPCO local, ya que la irregular conducta de la presidenta del Instituto se ha vuelto recurrente, sin importarle la opinión de los integrantes del órgano colegiado. Este conflicto ha trascendido las paredes del Instituto Electoral Oaxaqueño y amenaza con convertirse en un escándalo de nivel nacional.
Por lo pronto, en un desplegado aparecido en diversos medios de Oaxaca, la organización denominada Democracia Unida, cuya presidenta es Jessica Ibarra, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una denuncia en contra de la empresa Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V. de José Antonio Carranza, en donde se presentan algunos temas como “red de corrupción desplegando conductas atípicas; proporcionó información inexacta y/o falta ante las instituciones financieras; recursos de procedencia ilícita; lavado de dinero, y actividades vulnerables”.
Después de hacer un recuento de algunos de los contratos que anteriormente han sido asignados a Formas Finas, apoyados por la presidenta del IEEPCO, esta organización se pregunta “hasta cuándo Elizabeth Sánchez González continuará abultando los más de 200 millones de pesos que sumaría la empresa Formas Finas. Hasta cuándo la ciudadanía y la democracia se verá dañada por favoritismos personales y licitaciones a modo”.
Vigilante Electoral cuenta con el soporte documental del que hace mención Democracia Unida, donde se hace un detallado recuento de las conductas ilícitas en las que, presuntamente, ha incurrido la empresa Formas Finas y Materiales, al promover a a otras empresas de su grupo, en ésta y otras licitaciones, para concretar la producción de materiales y documentos electorales, sin ofrecer garantía alguna de que estén debidamente fabricados y a tiempo.
Así como ha ocurrido con otros estados, como por ejemplo Baja California, Puebla, Yucatán y, ahora, Oaxaca, los presidentes de los OPLES han faltado a los principios rectores de la función electoral, tanto en las elecciones federales como en las locales, que son de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad.
