La inacción del gobierno ante la violencia, solo puede ser complicidad o ineptitud… Macraf
En la historia moderna de nuestro país, el término «violencia» ha dejado de ser una mera palabra para convertirse en una constante que erosiona los cimientos de la sociedad y pone en jaque el desarrollo económico del país. Desafortunadamente, también se ha convertido en una situación tan cotidiana que ya no provoca ni la más mínima expresión de sorpresa en la sociedad. Bajo el actual sexenio, México ha experimentado una escalada de los índices de homicidios dolosos como nunca se había visto, superando la desoladora marca de 180 mil casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Este dato, por sí solo, es un testimonio del fracaso de las políticas de seguridad implementadas durante este periodo. La promesa de un enfoque basado en «abrazos y no balazos» ha provocado que la violencia crezca de forma descontrolada a lo largo y ancho del territorio nacional. Aunque se ha logrado estabilizar la cifra de homicidios en un nivel inaceptablemente alto, el promedio mensual de cerca de 3000 homicidios dolosos es una cifra que desafía toda lógica.
Pero más allá de las cifras frías y desgarradoras, la violencia en México tiene un costo económico devastador que no puede ser ignorado. Este costo se manifiesta de diversas formas, desde la pérdida de vidas humanas hasta el impacto en la productividad, la inversión y el turismo.
En primer lugar, el costo humano es incalculable. Cada homicidio representa una tragedia personal para las familias afectadas, dejando un vacío irremplazable. Además, la violencia genera un clima de miedo e inseguridad que afecta la calidad de vida de millones de personas, limitando su libertad de movimiento y su capacidad para desarrollarse plenamente.
Pero la violencia también tiene un impacto tangible en la economía. La inseguridad disuade la inversión extranjera y obstaculiza el crecimiento del sector empresarial. Las empresas enfrentan mayores costos en materia de seguridad, lo que reduce su rentabilidad y competitividad en el mercado global. Además, la violencia afecta negativamente al turismo, un sector clave para la economía mexicana, al disuadir a los visitantes potenciales y dañar la imagen del país en el extranjero.
El crimen organizado y la corrupción asociada a él también tienen un efecto corrosivo en la economía mexicana. La extorsión, el secuestro y el narcotráfico generan una economía paralela que socava el Estado de derecho y distorsiona el mercado, creando un entorno poco propicio para la inversión y el desarrollo económico sostenible.
Dado lo anterior, es evidente que se requiere una respuesta integral y coordinada por parte del Estado mexicano. La estrategia de seguridad debe ir más allá de los discursos y las promesas vacías. Es lamentable pensar que hoy no basta con abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, porque es evidente que, en algunas partes del país, el Estado ha perdido el control total del territorio. Por lo tanto, se vuelve indispensable fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, mejorar su capacitación y equipamiento. Así mismo, es importante impulsar una reforma al sistema de justicia penal para garantizar la rendición de cuentas y combatir la impunidad.
Además, es fundamental promover políticas públicas que aborden las desigualdades estructurales y brinden oportunidades reales de empleo y educación para todos los mexicanos. No basta con regalar dinero al por mayor; se debe establecer un enfoque integral y coordinado que ataque de raíz los problemas que originan la espiral de violencia que vive el país, empezando por el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Quien viole la ley debe ser castigado conforme la ley establece, acusarlos con sus madres y abuelos de poco sirve en la búsqueda de sentar las bases para un futuro de paz y prosperidad para todos sus habitantes.
En términos económicos, la única forma de lograr lo anterior es mediante el incremento del gasto público en seguridad. Sin embargo, hoy no estamos discutiendo de dónde saldrá el dinero para eso, tema que abordaré en mi siguiente colaboración. Mientras tanto, es imperativo que se reconozca el problema y la urgencia de asegurar los recursos necesarios para hacer frente a este desafío. La seguridad no es un lujo, es un derecho humano fundamental y una condición necesaria para el crecimiento y desarrollo económico del país.
* El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.
Contacto y redes: https://eduardolopezchavez.mx/redes
