El tema de la denuncia contra Arturo Zaldívar sigue dando de qué hablar.
Un primer asunto es la filtración del documento donde la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, informa sobre la denuncia anónima en contra de su predecesor y algunos de sus colaboradores, y ordena una investigación.
La filtración es un duro golpe político para el ahora vocero de la campaña de Sheinbaum y encargado de diseñar la reforma judicial.
La denuncia exhibe presuntos actos gravísimos de tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial Federal presidido por Zaldívar que lo descalifican como un experto honorable con credibilidad y legitimidad para reformar las instituciones de justicia.
En los medios ya se habla del exministro como un lastre para la campaña de Claudia del que se tendría que deshacer. Hasta simpatizantes de la Cuarta Transformación así lo demandan justificando que no se puede tener ahí adentro a Zaldívar cuando existe un proyecto para combatir la corrupción.
Sin embargo, y paradójicamente, la filtración de la denuncia puede acabar beneficiando a Zaldívar.
De comprobarse los hechos, el exministro podría alegar que violaron su derecho al debido proceso. Se valdría del mismísimo argumento que hizo Zaldívar para liberar a Florence Cassez por la existencia de un “efecto corruptor”. De que, al haberse filtrado la denuncia, se afectó su derecho de defensa. Ergo, a pesar de haber cometido algún crimen, se le tendría que declarar inocente.
Obvio, el exministro está fúrico por lo ocurrido.
Él niega los hechos y ya logró que Morena anuncie que solicitarán un juicio político en contra de la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
Se trata de puros fuegos de artificio porque el juicio político es improcedente.
Morena tiene los votos en la Cámara de Diputados, ya que se requiere una mayoría simple de 50% más uno para aprobar una posible acusación en contra de Piña. El Senado tendría, entonces, que convertirse en jurado para declarar culpable o no a la actual presidenta de la Corte. Sin embargo, para condenarla, destituirla e inhabilitarla como servidora pública, se necesita una mayoría calificada de dos terceras partes de los senadores. Morena y sus aliados no tienen esos votos.
Podrían esperar a que dicho juicio político lo lleve a cabo la nueva Legislatura que tomará posesión el 1º de septiembre, siempre y cuando ganen una mayoría simple en la Cámara de Diputados y una calificada en el Senado en las próximas elecciones, lo cual se ve prácticamente imposible.
Así que, como tantos juicios políticos que se han anunciado este sexenio, todo quedará en declaraciones estridentes sin mayores efectos que los mediáticos.
Por cierto, el PAN en el Senado ya contraatacó anunciando que solicitarán a los diputados un juicio político en contra de Zaldívar. Más pirotecnia verbal, porque los panistas ni siquiera tienen los votos para iniciarlo en la Cámara baja.
Al margen de las grillas políticas, todo este asunto le viene como “anillo al dedo” a la pretensión de Claudia Sheinbaum de hacer una reforma profunda al sistema de justicia. Como bien ha dicho Ana Laura Magaloni, la denuncia en contra de Zaldívar es una descripción muy precisa de cómo se ejerce presión sobre jueces y magistrados para fallar a favor de políticos o gente adinerada. Ahí está, en blanco y negro, firmado por la presidenta de la Suprema Corte, lo que hay que cambiar.
Sin embargo, Claudia quiere seguir los dictados de López Obrador, quien propone se elijan a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial como si esto fuera a resolver el problema del tráfico de influencias y la corrupción.
Al contrario, puede agudizarlos.
Como desgraciadamente ha ocurrido en las elecciones de otros servidores públicos, la gente adinerada, incluyendo los del crimen organizado, financia ilegalmente campañas con el fin de tener influencia en el futuro funcionario. En México, se venden y compran voluntades políticas. Existe evidencia de que esto ocurre con legisladores, presidentes municipales y gobernadores. Hay sospechas que hasta en las campañas presidenciales.
Pues imaginemos, ahora, que todos los jueces sean elegidos. Como se ha visto históricamente en Estados Unidos, donde algunos juzgadores son electos, los poderosos los “apoyan” financieramente en sus campañas para luego cobrarles el favor con sentencias a modo.
Así que dejémonos de ocurrencias descabelladas y arreglemos en serio al Judicial. Como dice Magaloni, comencemos con el preciso mapa de la denuncia en contra de Zaldívar y colaboradores.
X: @leozuckermann
